Piden no proteger al presidente de YPFB; revelan nepotismo en fiscalización


Corrupción. Un senador del MAS pide que investiguen al titular de YPFB, Carlos Villegas. Revelan que el encargado de fiscalizar el trabajo de Gerson Rojas Terán, imputado por corrupción, resultó ser su propio hermano, gerente de la empresa que ha sido adjudicada por $us 4,5 millones para fiscalizar Río Grande y por $us 5 millones para trabajos en Gran Chaco.

Un senador del MAS pide que investiguen a Villegas

El directorio de la petrolera instruye profundizar las investigaciones. La estatal argentina YPF no ve anomalías en la planta separadora de líquidos Río Grande.

image Pesquisas. La Policía y la Fiscalía allanaron este condominio donde Rojas alquilaba y disfrutaba de sus comodidades.



EL DEBER

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Mientras el Ministerio Público continúa con los allanamientos y el secuestro de documentación por el bullado caso en Yacimientos, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Eugenio Rojas, sugirió -a título personal- al presidente Evo Morales y a las autoridades judiciales incluir en las investigaciones sobre el supuesto caso de corrupción en la planta separadora de líquidos de Río Grande al presidente de YPFB, Carlos Villegas. No obstante, hace unos días el propio Villegas dijo estar dispuesto a cualquier investigación e incluso desafió a que vean sus cuentas bancarias y su patrimonio.

"Todos deben ser incluidos (en la investigación), no podemos proteger a nadie, sea el presidente de YPFB, los ministros o, los técnicos, todos los que tengan que ver en este tema deben ser sancionados, nadie puede proteger a quienes cometieron este acto de corrupción, ni el presidente Evo ni las autoridades judiciales ni el Ministerio Público pueden protegerlos, tiene que cumplirse la investigación", manifestó Rojas en conferencia de prensa, según la Agencia de Noticias Fides.

Empero, en un contacto telefónico con EL DEBER Rojas aclaró que se trata de una sugerencia pública efectuada al presidente Evo Morales a título personal y que en ningún momento se lo hizo a través de una carta de todos los senadores, sino de manera oral e individual.

“Todos los funcionarios públicos deben ser investigados. No he hablado aún con el presidente Evo sobre este tema. Que quede claro, estoy diciendo que debe ser investigado, no pido la renuncia ni la destitución del señor Villegas. Mientras no haya una investigación y una decisión de la justicia que diga lo contrario, él debe seguir en el cargo. Esta no es una posición de la bancada”, aclaró el senador.

Por su lado, el senador del MAS, Juan Enrique Jurado, dijo que ellos están en receso parlamentario y, por lo tanto, no hay ninguna posición oficial sobre el tema. “Cualquier opinión es personal, no hemos tenido ninguna reunión de bancada”, explicó.

Se intentó conocer el criterio de los senadores Isaac Ávalos, Gabriela Montaño, Mario Choque, David Sánchez y Fidel Surco, pero no contestaron sus celulares.

Respecto a los ilícitos denunciados, el directorio de YPFB encomendó al presidente ejecutivo de YPFB que se haga extensiva la investigación por presunto hecho de corrupción contra todos los posibles involucrados (personas naturales y/o jurídicas) que tengan suficientes indicios de participación en dichos hechos de corrupción.

Cabe recordar que el ex gerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos Gerson Rojas y el exfuncionario Agustín Ugarte tienen una querella criminal por enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes del Estado, investigación que fue promovida por la estatal petrolera.

En medio de esta situación, ayer la compañía estatal argentina YPF informó de que efectúa un análisis de los trabajos en la planta de Río Grande a cargo de AESA, una de sus empresas controladas. Los estudios no revelan anomalías.

“En caso de encontrarse alguna anormalidad se adoptarán medidas”, señala.

Rojas alquilaba un departamento

Efectivos policiales bajo la dirección del coordinador de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Anuncio Piérola, allanaron el departamento 209 del segundo piso del condominio Villa Magna de la avenida San Martín, casi cuarto anillo, que era alquilado por el ex gerente nacional de YPFB Gerson Rojas Terán. 

La acción es parte de las investigaciones por supuestos actos de corrupción en la estatal petrolera. La comisión no encontró nada, pues el departamento ya estaba ocupado por otra persona. 

La Fiscalía informó de que Rojas alquilaba, pero que el 22 de junio otra persona acudió para retirar todas las pertenencias de la exautoridad  de YPFB. La administración del condominio confirmó que Rojas arrendaba el departamento privado amoblado con todas las comodidades desde mayo de 2011 y pagaba $us 400 al mes. Sin embargo, el 22 de junio otras personas allegadas a Rojas acudieron al condominio para retirar efectos personales.

La administración desconoce las actividades que se realizaban en el departamento, pero que Rojas tenía firmado un contrato que fue cancelado el 22 de junio.

Rojas fue protagonista de una triple colisión el 17 de junio en una vagoneta Toyota modelo 2012 de YPFB en el kilómetro 94 al norte. La tarde de ayer la Fiscalía acudió al Banco Mercantil Santa Cruz para hacer una nueva inspección y gestionar para que los $us 90.000 que se encontró en cajas fuertes a nombre de Rojas pasen a la cuenta de la Fiscalía.

Auditarán procesos de contratación

El directorio de YPFB aprobó la realización de auditorías internacionales a los procesos de contratación de las plantas de separación de líquidos Río Grande y Gran Chaco, además aprobó la inclusión de la cláusula ‘anticorrupción’ en los contratos de YPFB y sus filiales.

“Contratar una auditoría internacional respecto a los procesos de selección, calificación y adjudicación, así como la administración de los contratos para las plantas de separación de líquidos. Y disponer que a partir de la fecha todos los procesos, estén sujetos a una auditoría”, se lee en la Resolución 56/2012 aprobada por la estatal.

En la Resolución 55/2012 también se instruye acelerar los procesos de auditoría interna de ambas plantas, que fueron solicitados por la presidencia ejecutiva en octubre de 2011 y otorga a la Unidad de Auditoría Interna un plazo de 30 días, a partir del 17 de julio, para su conclusión.

Ambas disposiciones fueron aprobadas por los representantes, ante el directorio de YPFB, de los ministerios de la Presidencia, Camilo Torres; Hidrocarburos, Eduardo Alarcón y Eduardo Sánchez; de Economía, Marcelo Montenegro, y de Planificación, Mario Mendoza. Asimismo, llevan la rúbrica de los delegados de las gobernaciones.

Hermano de acusado es fiscalizador del proyecto

Corrupción. Vínculo. La empresa ha sido adjudicada por $us 4,5 millones para fiscalizar Río Grande y por $us 5 millones para trabajos en Gran Chaco.

imageEL DÍA, 20 de Julio, 2012

Ref. Fotografia: Proyecto. Planta de Río Grande está en un 70% de su construcción.

El encargado de fiscalizar el trabajo de Gerson Rojas Terán, imputado por supuesta corrupción en  YPFB, resultó ser su propio hermano, Carlos Alberto Rojas Terán. Gerson es ex gerente nacional de Plantas Separadoras de Líquidos (GNPSL) de YPFB, encargada de la construcción de las plantas de Río Grande y Gran Chaco, y Carlos, es uno de los gerentes de la empresa Bolivia Petróleo y Gas Consultores (Bolpegas SRL), que está a cargo justamente de la supervisión y fiscalización del proyecto de Río Grande por un monto de $us 4,50 millones. Además, Bolpegas tiene a su cargo los estudios de ingeniería de la planta de separación de líquidos de Gran Chaco, en sociedad accidental con la empresa Hytech, por un monto aproximado de $us 5 millones.

Parentesco y relación laboral. El parentesco fue corroborado por una Oficialía de Registro Civil, del Tribunal Supremo Electoral, que demuestra que Gerson  y Carlos Rojas, son hijos de Mario Rojas Senzano y Elena Terán Salazar.

Gerson Rojas se encuentra detenido, por una acusación de enriquecimiento ilícito, según las investigaciones de los fiscales, presumiblemente por favorecer a las empresas adjudicadas en la construcción de ambas plantas.

En ese sentido, se está investigando a 18 exfuncionarios de YPFB, de la empresa adjudicataria AESA y la Comisión Calificadora.

Otros contratos. Revisando la página web de Bolpegas, se puede constatar que esta empresa,  ha tenido otros contratos con la estatal, más específicamente con YPFB Andina, para el proyecto de "Servicio de Estudio de Ingeniería Interconexión de la Línea de Descarga Víbora e Interconexión de la Línea de Gas Sirari", además de varios más con la Superintendencia de Hidrocarburos de La Paz. Si bien estos contratos no tienen relación con la GNPSL, donde trabajaba Gerson Rojas, esto demuestra que la relación laboral entre Yacimientos, la Superintendencia  de Hidrocarburos y Bolpegas viene de mucho tiempo atrás.

Verificación de los $us 90.000. Ayer se corrió un rumor en algunos medios de comunicación  de que se habría encontrado $us 90.000 en otra cuenta del Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC), de Gerson Rojas. Su abogado, Martín Camacho, negó rotundamente esta situación y que la supuesta cuenta y el dinero fueran de su defendido. En tanto que Mónica Ramírez, asesora legal de YPFB, explicó que solo se trató de una verificación de los $us 90.000 de las cajas que ya se habían allanado semanas antes, para que éstas pasen a propiedad de YPFB. Además, mencionó que están cerca de encontrar a las personas implicadas en este caso, por lo que en dos semanas ya estaría cerrado.

"Simplemente se ha echo una verificación, YPFB ha solicitado ser depositario del dinero. En 10 o 15 días, en una conferencia de prensa, con todas las pruebas, tendremos el caso cerrado, ya estamos dando con las personas", manifestó Ramírez.

Pedido de senador. Por su parte,  el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, pidió al presidente Evo Morales y las autoridades judiciales asignadas al caso, dejar de proteger al presidente de YPFB, Carlos Villegas, para que éste sea incluido en las investigaciones del supuesto caso de corrupción que hay en la estatal petrolera.

Cláusulas anticorrupción y auditoría internacional. Es así que ante todo este panorama del presunto caso de corrupción en la estatal, el directorio de YPFB Corporación aprobó la implementación de una "cláusula anticorrupción" en todos los contratos de adquisición de bienes, obras y servicios, además de introducir adendas en los contratos vigentes.

"Implementar una declaración jurada de Integridad y Anticorrupción para los servidores públicos que participen en los procesos de contratación", dice el informe aprobado.

También YPFB aprobó la realización de auditorías internacionales a los procesos de contratación de las plantas de separación de líquidos de Río Grande y Gran Chaco, además de disponer que todos los procesos de contratación estratégicos estén sujetos a una auditoría internacional.

Esta resolución también instruye acelerar los procesos de auditoría interna de las plantas, que fueron solicitados en octubre de 2011, otorgando a la Unidad de Auditoría Interna un plazo de 30 días, a partir del 17 de julio de 2012, para su conclusión.

Investigación. Así como el presidente Evo Morales pidió a la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, investigar los presuntos hechos de corrupción hasta el final, sin importar quién esté implicado, el directorio de Yacimientos encomendó a su presidente ejecutivo, Carlos Villegas, que se haga extensiva la investigación por presunto hecho de corrupción contra todos los posibles involucrados, sean personas naturales o jurídicas, que tengan suficientes indicios de participación.

Argentina YPF se manifiesta. Por su lado, la estatal argentina YPF informó, en un comunicado, que la empresa AESA sí forma parte de su estructura y que hasta el momento de la investigación, según dice el informe, "no revela ninguna anomalía, ni actividad que se pueda considerar contraria a los estándares comerciales o que esté en contra de la normativa vigente en los distintos países, en que YPF desarrolla sus actividades. En caso de encontrarse alguna anormalidad se adoptarán las medidas necesarias".

También mencionó que el avance de las obras en curso en la planta de Río Grande ya está en un 70%, por  lo que se comprometen a "finalizar los trabajos contratados con los estándares que demanda esta importante y estratégica obra".