Para un investigador social y una politóloga, la fractura del esquema de poder causa problemas en la comuna y la Gobernación. Óscar Ortiz dice que la democracia está en crisis.
Los cabildos por la autonomía y en rechazo al centralismo. Foto archivo
El Deber, Santa Cruz, Bolivia
La petición de suspensión del gobernador Rubén Costas y la pugna interna en el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra responden a una crisis política que, a juicio de analistas y politólogos, está por ‘tocar fondo’. En lo que no coinciden los expertos es en el origen y las causas de la crisis.
En criterio de la politóloga y docente universitaria de tendencia izquierdista Helena Argirakis, lo que sucede actualmente en Santa Cruz es producto de la fractura de la hegemonía cruceña que durante muchos años se apropió de los espacios públicos en defensa de sus intereses particulares y privados.
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“La crisis política que atraviesa la región en estos momentos no gira sobre el alcalde Percy Fernández ni del gobernador Rubén Costas, sino es un pase de factura al esquema de poder cruceño que ha sufrido una derrota política en su proyecto contrahegemónico”, señaló Argirakis durante una mesa redonda que se realizó ayer en la hemeroteca de EL DEBER.
Para el secretario de Coordinación Institucional de la Gobernación cruceña y expresidente del Senado, Óscar Ortiz, es evidente que existe una crisis política, pero “no en Santa Cruz, sino en toda Bolivia; no en la élite cruceña, sino en la democracia boliviana”.
A juicio de Ortiz, de tendencia derechista, la crisis del gobierno municipal no guarda relación con la situación que enfrenta actualmente el gobernador Rubén Costas, porque la autoridad departamental enfrenta un proceso judicial amparado en la Ley Marco de Autonomías, que contempla la suspensión de las autoridades elegidas por el voto popular, situación que representa una contradicción con el proceso autonómico que reivindica Santa Cruz.
“El problema central es que en Bolivia no hay democracia plena. Si bien tenemos un Gobierno elegido democráticamente, existe un Ejecutivo que busca acabar con la institucionalización del país”, señaló Ortiz durante una de sus intervenciones en la mesa redonda.
Sobre este tema, el investigador social formado en la Universidad de Harvard Gustavo Pedraza dijo que la crisis que se produce en Santa Cruz es producto de “una fractura entre los actores políticos y económicos de la región, y que no actúan por diferentes circunstancias”.
“El Comité pro Santa Cruz siempre funcionó como una especie de ente aglutinador de los diferentes sectores cruceños, pero ahora no logra hacer cuórum, lo que evidencia una fractura”, señaló Pedraza, de centroizquierda.
En su criterio, el Gobierno tomó la decisión política de “intervenir a Santa Cruz” porque no hay contraposición y busca derrotar a la élite cruceña por la vía autoritaria”.
Argirakis y Pedraza coinciden en que no existió un proceso autonómico como tal, sino que hubo un discurso para mantener un contrapoder al Gobierno del MAS.
Para Argirakis, la gente esperaba avances, gestión, y por eso existe un desencanto con el proceso. Además de eso, criticó a la Asamblea Legislativa Departamental porque no ha aprobado leyes fundamentales para la región.
“En el caso de la municipalidad, todo el conflicto y el desgaste se hubiera evitado con una ley de separación de poderes y una readecuación administrativa, pero en dos años no se ha avanzado”, cuestionó.
En contrapartida, Ortiz retrucó que no se puede continuar con un “análisis teórico desde la ciudad sin tomarse el trabajo de ir al campo”. Tampoco se puede medir la autonomía por la aprobación de leyes departamentales.
Ortiz aseguró que durante la gestión de Rubén Costas, la Gobernación construyó 4.000 kilómetros de tendido eléctrico, pavimentó más de 3.000 kilómetros de caminos, se hicieron puentes que vinculan comunidades alejadas a las vías camineras y se distribuyeron las regalías a las provincias sin discriminar la militancia política de los alcaldes. “Pero, sobre todo, la autonomía profundizó la democracia”, señaló.
El expresidente del Senado también recordó que la Gobernación cuenta con un presupuesto mucho menor que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y que la municipalidad capitalina, pero tiene que atender a las 15 provincias del departamento.
En lo que coincidieron los expertos es en la necesidad de replantear las políticas económicas y sociales para adecuarse a la nueva realidad cruceña.
La autonomía está en debate
El avance del proceso autonómico en el país se percibe desde diferentes ópticas. El secretario de Coordinación Institucional de la Gobernación, Óscar Ortiz, destaca todas las reivindicaciones que en diferentes momentos encaró el Comité pro Santa Cruz, donde se pidió descentralización política, administrativa y económica, que son las bases de la autonomía.
Ortiz asegura que el gobernador Rubén Costas tomó el concepto del modelo autonómico, y en el Comité Cívico se fusionaban los sectores, razón por la cual esa institución es considerada el gobierno moral de los cruceños.
Por su lado, el constitucionalista Gustavo Pedraza coincide con Ortiz en que el Comité fue el espacio que aglutinaba a todos los sectores, incluyendo empresarios, políticos, cooperativas, y otros, pero ahora “no hay cuórum” por la fractura que ha sufrido, porque los actores políticos no pudieron satisfacer las demandas del empresariado, por lo que estos últimos hicieron sus propios acuerdos con el Gobierno.
Pedraza percibe que en este momento no hay capacidad de reacción masiva ni voluntad ni capacidad para asumir una defensa del proceso autonómico, para expresarse de manera activa desde la movilización ciudadana.
“La desmotivación de la sociedad cruceña no es gratuita, no es casual; las sociedades se desmotivan cuando las causa se desvanecen. La causa autonómica no había sido tan comprobada en el ejercicio del gobierno departamental, y eso desmotiva, desincentiva, y el ciudadano no vuelve a salir a las calles”.
A su vez, la politóloga Helena Argirakis plantea que la autonomía no es un proyecto, sino una apropiación de un debate social de intención y efectos de transformación social. Sostiene que hay una desinserción de Santa Cruz del escenario político nacional, lo que hace necesario reevaluar el rol, el peso, la visión y la relación que tiene con el país y el mundo.
Puntuales
1 ¿Cómo encarar una solución para esta crisis?
2 ¿La aplicación de la Ley Marco de Autonomías es un factor de conflicto?
Gustavo Pedraza | Abogado constitucionalista
1- No creo necesario la realización de una cumbre política y social para buscar una solución a la crisis, porque el problema no tiene que ver con la descordinación, es más profundo. Cuando estemos empezando el nuevo proceso, los actores políticos harán lo suyo. Creo que hacer una cumbre puede ser útil, pero no va a resolver el problema estructural.
2- Creo que esta ley ‘complejizó’ el proceso autonómico, porque marcha, pero no en los niveles planteados originalmente. Lo hizo más difícil y le ha quitado velocidad al proceso. Es un instrumento jurídico del Estado que se debe cumplir, pero hay un punto que incomoda a la democracia, es el artículo 145, porque hay un principio universal de presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario, pero este artículo no está de acuerdo con este principio.
Helena Argirakis | Politóloga
1- Planteo la necesidad de una cumbre social departamental. Es necesario retomar el debate social, repensar a dos años de la implantación de la autonomía, a tres años de la Constitución. Hagamos balance de dónde estamos, qué ha cambiado. Un balance de qué transición se ha hecho, dónde estamos y qué desafío tenemos hacia adelante.
2- La ministra de Autonomías, Claudia Peña, está haciendo una ronda de consultas en todo el país, levantando información sobre estos procesos autonómicos, sus ritmos, sus avances, sus retrocesos y viendo qué es lo que ha habido y está levantando percepciones precisamente para evaluar los procesos y también evaluar la legislación. Creo que una vez se concluya con este trabajo habrá algunos insumos interesantes, por lo tanto pueden haber sorpresas y ajustes.
Óscar Ortiz | Secretario de Coordinación Institucional de la Gobernación
1- Las cosas han cambiado y tenemos que darle la bienvenida a ese proceso de transformación social porque es parte de nuestro crecimiento, desarrollo e integración a un mundo moderno. Estamos en un proceso en el que, en algunos casos, tenemos que afianzar nuestra institucionalidad, y en otros, orientarla. El tema pendiente es construir una estructura, una alternativa política que canalice, represente y refleje la diversidad y las formas de pensar que hay en la sociedad.
2- La Ley Marco, en muchos aspectos, retrocede con relación a la Constitución en materia de autonomía. Tiene estos artículos (144 y 145) que son antidemocráticos porque no se puede suspender a una autoridad elegida sin que haya cumplido un juicio que lo haya declarado culpable. Es una ley hecha para crear inestabilidad y tomar de una forma ilegal lo que se perdió con el voto en las elecciones.
En debate
Reajustes. En criterio de la politóloga Helena Argirakis el proceso constituyente no ha terminado, porque es necesario encarar procesos de revisión del marco normativo en el país.
Observaciones. Si los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías persisten no tendría razón de ser las elecciones, porque los temas políticos se resuelven por los juicios que se inicien, remarcó Óscar Ortiz. Espera que el Tribunal Constitucional los elimine, porque ‘mata la democracia’. Helena Argirakis cree que el MAS lo introdujo en un contexto particular, cuando todavía estaba fresco el ahora extinto Conalde, que estaba compuesta por los prefectos opositores, por lo tanto, está convencida que tiende a desaparecer, pero aclara que el auto de procesamiento viene desde 1999.
Legislación. En el debate también se resaltó que la Ley de Acoso y Violencia Política hacia Las Mujeres introducen nuevos mecanismos de suspensión.
Explicación. En el artículo 145 de la ley Marco de Autonomías se señala que la suspensión de la autoridad que tiene acusación formal se hará de manera sumaria y sin mayor trámite, lo que en término jurídico significa hacerlo de inmediato. También prevé la designación del remplazante.