Sólo hay 13 sentencias por casos de biocidio en Bolivia, que legalmente no fueron efectivas bajo delito ambiental, sino con la figura de daño al patrimonio del país.
Fuente: paginasiete.bo
Carolina Méndez / Santa Cruz
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La imagen es espeluznante. El cuerpo sin vida de un caimán negro de más de cuatro metros recorre las calles de tierra del municipio de Magdalena. Yace colgado del cuello y es transportado por un tractor que lo ostenta como trofeo ante la mirada de los curiosos pobladores. Sin espacio a la compasión, el inmenso animal amazónico es seguido en su trayecto por las cámaras de celulares que quieren registrar el episodio y compartirlo sin pudor. Se oyen voces de burla que lo tildan como la “nueva mascotita” y hay incluso quienes se sacan selfies junto al cadáver. La escena se viraliza rápidamente y en otros contextos suena la palabra que en Magdalena nadie dijo: biocidio.
“El domingo por la tarde vimos las fotos y los videos en redes sociales y el lunes alistamos, junto a la gobernación, una ‘querella por delito ambiental’ contra las personas causantes de la muerte del animal. Según los reportes de las autoridades locales, el caimán estaba malherido cuando fue atacado por los bañistas”, señaló el viceministro de Medio Ambiente y Bioseguridad, Margin Herrera.
El ejemplar era un caimán de piel negra de la especie Melanosuchus niger, cuya población se mermó en Bolivia debido a la caza masiva entre 1940 y 1970 y que actualmente está en categoría vulnerable en el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es decir, es una especie que está a un paso de considerarse en peligro.
“Apareció el caimán negro cerca del Itonomas (el río más grande en Magdalena), los bañistas se asustaron y la población corrió, luego fue capturado y lo mataron”, contó a Página Siete el alcalde de Magdalena, Donny Chávez, detallando el biocidio.
El término biocidio hace referencia a todo acto que entrañe la muerte de un animal, por tanto, es un crimen contra la vida. En el país, son dos las normas que establecen sanciones para este tipo de hechos: el Código Penal, en su artículo 350, y la Ley 700 para la defensa de los animales.
Pese a que hay normativa, a que se ha tipificado el delito y a que se lo denuncia, sólo hay registro de 13 sentencias por casos que involucran muerte y trato cruel hacia los animales. Si bien estas sentencias fueron por casos de biocidio, legalmente no fueron efectivas bajo delito ambiental, sino con la figura de daño al patrimonio del país.
Los casos con sentencia
En mayo del año 2016, en la comunidad de Vinto “K”, perteneciente al municipio de Colcha “K” de la provincia Daniel Campos (Potosí), dos hombres fueron descubiertos cazando vicuñas desde una motocicleta. El Juzgado de Instrucción Primero en lo Penal de Uyuni dictó sentencia condenatoria de cuatro años de cárcel por los delitos de destrucción de bienes del Estado y la riqueza nacional.
El 23 de febrero de 2018, en un operativo de allanamiento realizado en Santa Cruz, dos ciudadanos de origen chino fueron encontrados en flagrante tenencia ilegal de 185 colmillos de jaguar, ocho molares, dos garras, una garra de pejichi, dos colas de cascabel, tres pieles de jaguar, entre otras partes de animales, acopiadas para tráfico ilegal.
Cinco días después, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua interpuso una querella en contra de los mencionados ciudadanos y, desde entonces, se programaron más de 14 audiencias que fueron suspendidas con diferentes excusas. Finalmente, el 9 de noviembre de ese año, y ante la presión de activistas que siguieron el caso, el juez de Sentencia Penal Noveno, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, Juan Coronado, de Santa Cruz, sentenció a la pareja por el delito de destrucción y deterioro del patrimonio nacional, tipificado en el artículo 223 del Código Penal. La pena fue de tres y cuatro años de reclusión, respectivamente.
Estas son parte de las 13 sentencias registradas en Bolivia en relación a biocidio. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, el primer caso de sentencia por la muerte de un animal se registró el año 2014. Rodrigo Herrera, asesor legal de ese ministerio, explica que estas sentencias son por daños al patrimonio o a la economía nacional.
“Hay 13 casos con sentencia por hechos relacionados con el biocidio. Es decir, se los ha sancionado con una pena de privación de libertad por haber matado animales, pero no precisamente por el tipo penal de biocidio, sino por destrucción del patrimonio del pueblo boliviano. No se sanciona como delito contra el medioambiente o contra la Madre Tierra porque no tenemos delitos ambientales. Lo que se hace es sancionarlos como delitos contra la economía o contra el patrimonio”, explica Herrera.
El limbo judicial
No hay cifras públicas sobre denuncias de biocidio en el país. Los casos que se conocen son apenas los que alcanzan visibilidad mediática. Los que llegan a abrir causas en la justicia son muy pocos y los que consiguen sentencias, todavía menos.
“Casi todos los casos icónicos de biocidio, que son los que se denuncian a través de redes sociales, se encuentran con dos problemas: no existe un responsable visible y no hay en el país jueces ni fiscales especializados en medio ambiente. Entonces se genera una especie de vacío legal porque un fiscal que atiende homicidios no entiende cómo procesar cuando la víctima no es una persona, sino un animal”, explica la periodista Rocío Lloret, especialista en cobertura de temas ambientales.
A la ausencia de funcionarios especializados, se suma la tardía reacción judicial y la corrupción que aceita su funcionamiento, señala Eduardo Franco, fundador de la Red Ambiental de Información (RAI).
“Tenemos uno de los peores sistemas judiciales del mundo. Nuestra justicia funciona para aquellos que tienen dinero, a esto hay que sumarle el desconocimiento de temas ambientales. En el caso de la sentencia de los chinos por los jaguares, por ejemplo, fue crucial el personal técnico de la Gobernación de Santa Cruz para hacer comprender a los fiscales de qué se trataba el delito”, relata Franco, quien acompañó de cerca la investigación del caso.
La amenaza latente y estructural
Los expertos apuntan a entender los casos mediáticos de biocidio como la punta del iceberg del exterminio animal que está ocurriendo en el país por la invasión del hombre a los hábitats.
“Unos cuantos casos se visibilizan por las redes sociales, pero lo que hay por detrás es mucho más. Una de las causas es que el ser humano invade su territorio y el animal busca alimento. Por ejemplo, el oso jucumari en Chuquisaca por los incendios del año pasado fue a buscar comida porque se habían quemado las palmeras y otras plantas de las que se alimenta”, relata Lloret.
En 2019, en Bolivia murieron 5.914.527 animales silvestres durante los incendios, según una investigación del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés. Este hecho no fue fortuito, pues antes de los incendios, se aprobaron normativas que propiciaron la devastación ambiental. De hecho, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) determinó que los incendios ocurridos en 2019 en la Chiquitania, Amazonia y el Chaco boliviano fueron un “ecocidio provocado por la política de Estado y el agronegocio”.
“No sólo tenemos que proteger al caimán, tenemos que proteger a todas las especies amazónicas que tenemos en el Beni porque con la ampliación de la frontera agrícola a través del PLUS, todas las especies que habitan el departamento están en peligro porque se está destruyendo su hábitat natural”, señala por su parte Federico Moreno, director del Centro de Investigación de Recursos Acuáticos de la Universidad Autónoma del Beni.
Se trata, pues, de no minimizar lo ocurrido con el caimán, sino por el contrario, tomar el caso como ícono para entender lo que está ocurriendo en el país de manera sistemática.
Liberaron a detenidos por el caso caimán
RAI: “Hay silencio cómplice en los casos de biocidio”
El mismo día que se conoció el biocidio del caimán negro, la Policía de la localidad de Magdalena aprehendió a Sandro G. D. (40 años) y Fernando G. D. (25 años). En el cuadernillo de investigación se los señaló como “supuestos cazadores del reptil”. El fiscal que tomó el caso fue Jorge Suárez, quien horas más tarde y ante la presión de los pobladores determinó liberar a los detenidos.
La autoridad judicial se escudó en que no existió delito alguno en la muerte del animal, según puntualizó Silvia Laureano, presidenta de la Confederación Social Animalista, en contacto con radio Panamericana.
Para activistas, la liberación de los detenidos se debe al desconocimiento de las normas y “complicidad” de algunas autoridades en los pueblos.
“Los locales saben lo que pasa y quiénes están implicados en delitos de biocidio, pero hay un silencio cómplice. Incluso -lo hemos visto en muchas coberturas de localidades pequeñas- muchas veces hay vínculos familiares entre las autoridades y los traficantes o los implicados en la muerte de los animales. Por ello, se hace una interpretación subjetiva de la norma y hay todo un conflicto emocional porque se conoce a los acusados”, sostiene Eduardo Franco, fundador de la Red Ambiental de Información (RAI).
Dos días después de lo ocurrido con el caimán negro, otros tres reptiles fueron avistados en el puerto La Garita, el mismo lugar donde apareció el primer ejemplar. ¿Quién garantiza que no tendrán la misma suerte que el animal exhibido como trofeo por las calles?
“La responsabilidad por defender a los animales en cualquier tipo de caso corresponde constitucionalmente a los municipios. No puede ser que los municipios sean socapadores de este tipo de hechos. Ellos tienen la responsabilidad directa y desde luego que nosotros desde el ministerio vamos a coadyuvar en la defensa de la fauna”, manifestó por su parte, Rodrigo Herrera, asesor legal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, quien se desplazó a Magdalena junto a una comisión para averiguar lo que sucedió y ejercer presión para que el peso de la muerte caiga sobre los responsables.
Fuente: paginasiete.bo