Debate en Bolivia. Ni la ley 1008, ni el desarrollo alternativo ni la represión han permitido avances en el combate al narcotráfico en Bolivia en las últimas décadas. Expertos plantean abrir el debate para hacer ajustes.
EL DEBER, 29 de Julio de 2012
Ni la ley 1008, ni el desarrollo alternativo, ni la represión ni mucho menos la casi inexistente prevención han dado resultado en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Por el contrario, este flagelo no solo está socavando a grandes pasos la economía formal, las instituciones y las familias, sino que ahora los bolivianos conviven con él.
Esa es una de las principales conclusiones a las que arribaron políticos, exadministradores de justicia y profesionales que participaron en una mesa redonda organizada por el Diario EL DEBER sobre el narcotráfico. La palabra ‘fracaso’ se repitió una y otra vez, al punto de plantear un urgente debate nacional sobre el tema.
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“La guerra contra las drogas fracasó. ¿Qué políticas son necesarias ahora? Es un debate urgente a nivel de la sociedad civil y gubernamental”, enfatizó la diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Betty Tejada.
“Hace un cuarto de siglo se aprobó la ley 1008 y no hubo avances”, reconoció el ex juez antidrogas Jaime Cruz. Para el diputado de Convergencia Nacional Tomás Monasterios: “El desarrollo alternativo tampoco dio resultado, porque le encontraron el negocio, erradicaban una (hectárea) y con esos recursos plantaban dos”.
“Hay que reconocer que las políticas antidrogas que se aplicaron en los últimos 40 años han fracasado a escala mundial, por lo tanto no podemos seguir insistiendo en lo mismo. En Bolivia la economía crece al 5%, pero el narcotráfico crece cinco veces más cada año”, advirtió el sociólogo Guillermo Dávalos.
A todo esto, se evidenció una especie de convivencia diaria con esta lacra. “En los años 80 había clanes delincuenciales dedicados al narcotráfico, pero hoy esto se ha diluido en clanes familiares que fabrican sustancias controladas. Más de 45.000 familias plantan coca y más del 70% de los detenidos en las cárceles está ligado al narcotráfico”, dijo el ex fiscal antidrogas Joadel Bravo.
Tejada recordó la época en que en Santa Cruz “era normal que los narcotraficantes entren al club social, que repartan anillos de brillantes en la plazuela” y no descartó que hoy se esté dando ese mismo fenómeno que en 1986 le costó la vida al profesor Noel Kempff Mercado. Dávalos fue más allá y aseguró que estudios que realizó han detectado “que las redes de microtráfico de drogas llegan prácticamente a todas las unidades educativas”. “De las cerca de 170 pandillas que existen en la ciudad, todas tienen alguna adicción al consumo y 12 están vinculadas al microtráfico”, aseguró.
“Alguna vez escuché decir: “¿Quién amaneció con dinero?” Y es que es sencillo que mañana aparezca mi vecino viajando a Miami, pero no se hace una investigación seria”, lamentó Bravo.
Y es precisamente la justicia otra de las debilidades. “Nos sorprende que de forma muy fácil la persona que incurre en el delito de narcotráfico tenga todas las condiciones para entrar y salir de los procesos… La corrupción del narcotráfico ha calado profundamente en la estructura del aparato estatal, del Ministerio Público y del órgano judicial”, enfatizó Monasterios.
“Por ejemplo, en Yapacaní se aprehende in fraganti a una persona. Se le incautan sus bienes para sentarle la mano. Pero qué pasa, contrata abogados, hay corrupción dentro del Ministerio Público y a la semana se le tiene que devolver sus bienes, sale (libre) y no pasa nada”, reconoció Tejada. Según la parlamentaria, este problema es común en varios países.
Bravo aseguró que pocos han sido los casos de lavado de dinero que realmente se han investigado, como el de la modelo Viviana Arismendi, y que la presencia del Estado en las fronteras es tan escasa que él rechazó la propuesta de trabajar en esa zona. “En San Matías hay cinco policías para una frontera (con Brasil) tan difícil. Cuando me dijeron que me vaya allí como fiscal antidrogas dije: ‘No voy, no estoy loco’. Después de la balacera, imagínese qué voy a hacer con cinco policías”, contó.
Para él, la solución en la lucha contra las drogas no pasa por aplicar mayor cantidad de normas y penas, sino por combatir la pobreza y hacer campañas de prevención. Cruz y Tejada coincidieron en que se necesita hacer un diagnóstico global con estudios serios para definir las nuevas políticas, ya que el narcotráfico no es el mismo de hace unos años.
La diputada adelantó que el presidente Evo Morales les ha pedido trabajar sobre una ley de extinción de dominio de propiedad privada que permita la ‘incautación definitiva’ de los bienes de un narcotraficante que sea hallado in fraganti, sin intermediación de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), que “es un antro de corrupción”.
Pero el exfiscal Bravo aclaró que los narcotraficantes nunca usan sus bienes para cometer el delito, alquilan vehículos y casas, y quien pierde en muchos casos es “gente de buena fe”, por lo que más bien se debería poner énfasis en investigar la legitimación de ganancias ilícitas.
Según Monasterios, “los gobiernos de derecha e izquierda no han tenido capacidad de poner mano dura contra el flagelo” y recordó que su bancada propuso endurecer un tercio las penas de los delitos contemplados en la ley 1008 y 30 años de cárcel para quienes trafican drogas, además del retorno de la DEA estadounidense. Esta última propuesta fue rechazada por Tejada.
El sociólogo Dávalos se mostró extrañado de que pese al fracaso de la política antidroga, el país no hubiera reaccionado. “Si tenemos un Gobierno que propugna el cambio, me llama la atención que no se plantee una visión crítica de lo que se ha hecho y un cambio efectivo en la lucha contra el narcotráfico”, reflexionó.
Tejada reconoció que existe incapacidad en el Estado tanto en lo económico como en lo logístico para encarar el tema. “No tenemos tecnología y ya se planteó esto ante Unasur. Brasil nos va a cooperar en este tema”, dijo.
“Lamento mucho que Bolivia se haya transformado en el paraíso del narcotráfico internacional y Santa Cruz en el epicentro donde activamente operan cárteles internacionales”, dijo Monasterios.
Bravo y Cruz aseguraron que en el país hay “operadores” o “gente que representa” los intereses de los cárteles de la droga, aunque no creen que se pueda tildar a Bolivia como un narco-Estado.
Tejada insistió en que el estigma de que Bolivia es un país de narcotraficantes no responde a la realidad y argumentó que de los $us 870.000 millones que el narcotráfico mueve a escala mundial, Bolivia solo llega a los $us 1.000 millones, representando el 0,11%. “Quedamos prácticamente en la cola… Somos un país con los mismos problemas que tiene el mundo entero”, justificó y admitió que aún así el tema es preocupante.
El Gobierno está preparando un nuevo plan nacional antidrogas 2011-2015, que apunta a reducir la oferta, la demanda y los cultivos excedentarios.
Los invitados coincidieron en la necesidad de abrir un gran debate nacional sobre la lucha contra el narcotráfico, incluyendo a todos los niveles de la sociedad, pero se debe evitar la politización del tema, añadieron.
¿PROHIBIR, legalizar O DESPENALIZAR la droga?
TOMÁS MONASTERIOS
Diputado DE CN
Mi posición es categórica en rechazar cualquier apertura para legalizar las drogas. Más bien debería existir más voluntad política para luchar contra el narcotráfico. Con todo respeto, le pregunto al Presidente si estaría dispuesto a renunciar a las seis confederaciones de coca, sabiendo las consecuencias políticas que traería el llevar adelante mecanismos más duros en la lucha contra las drogas.«Si no hacemos algo, vamos a repetir lo que se está viviendo en la ciudad de Juárez. No estamos muy lejos de esto. Es tiempo de tomar medidas»
JOADEL BRAVO
EX FISCAL ANTIDROGAS
Rechazo contundentemente la legalización de las drogas por el tema de la salud. La prueba es el alcoholismo y el tabaquismo, que destruyen la célula familiar. Sucedería lo mismo con las drogas. Sin ir lejos, hay niños y mujeres recién desembarazadas en las calles con su clefa. Hay que aclarar que en Bolivia, el consumo de droga de hasta 10 gramos no tiene cárcel, pero lo llevan ante un juez.«El narcotráfico socava las instituciones, a la sociedad y crea una economía paralela. Si no se da un acierto en la lucha, eso es lo que nos espera»
Betty Tejada
Diputada del MAS
El presidente colombiano Juan Manuel Santos propuso en la Cumbre de las Américas la despenalización de las drogas y Bolivia apoyó la discusión. Lo que vemos en las calles es dramático ¿Qué resultados dio la guerra contra el narcotráfico y la ley 1008? Nada. Si en el tapete se plantea el debate de la despenalización, Bolivia tiene que discutir el tema, no podemos rehuir a ese debate.«Lo primero que tenemos que hacer es no aceptar que somos un país de narcotraficantes. El discutir políticas con soberanía es un avance»
JAIME CRUZ
Ex juez antidrogas
Hay que partir de ¿por qué el tráfico de drogas es un delito? Porque atenta contra la salud, tiene daños colaterales y no solo en el individuo, por eso el tema no solo pasa por legalizar o despenalizar. Holanda no está muy feliz con el experimento de vender marihuana en ciertas zonas, no tuvo beneficios, por el contrario, los ‘zombies’ andan por calles y avenidas. El país tiene que debatir este tema.«Es más que urgente que el Gobierno inicie el debate, si no nos veremos obligados a hacerlo, pero lamentándonos como lo fue en Colombia y Perú»
GUILLERMO DÁVALOS
SOCIÓLOGO
Esta política de despenalización no puede ser adoptada por un Estado de forma aislada. Si Bolivia mañana dice ‘despenalizamos la droga’, estamos liquidados como país. Esta tiene que ser una medida a escala internacional, por eso me extraña que Bolivia no plantee en el escenario internacional el revisar esta política antidrogas (basada sobre todo en la represión) y la búsqueda de alternativas. «Hace 20 años había 30.000 consumidores de droga en Bolivia, hoy son 200.000. Si seguimos haciendo lo mismo, en 20 años serán 1,4 millones»
Cifras
1.000
Millones de dólares
Es el dinero que mueve anualmente el narcotráfico en Bolivia. La cifra fue citada por Tejada en basada en datos de las Naciones Unidas.
100.000
Consumidores de marihuana
Son los que existen en Bolivia, hace 20 años eran 4.000, según Dávalos. Los consumidores de cocaína ya suman 60.000 en el país.