Flavio Machicado Saravia
Desde hace tiempo se puede observar un exceso de discrecionalidad en el manejo de los recursos del Estado, como si éstos fueran de propiedad del Gobierno, utilizando como respaldo el expediente de la ley, que ha sido convertida en un simple y fácil instrumento jurídico para dar paso o para justificar los “caprichos” del gobernante y de la actual estructura de poder que se estrenó en estas lides, en el 2005, con un discurso donde se manifestaba una exquisita legalidad que dio lugar a pensar que había llegado la hora del cambio. En efecto, esto ocurrió en torno a los contratos petroleros que habían sido suscritos por el Estado en el pasado, cuando en un escándalo especialmente liderizado por el expresidente de YPFB, que ahora está purgando una condena por motivos de corrupción, se dio la idea de que se lo había hecho al margen de la Constitución. En esa ocasión se montó un sainete, que solo tuvo los ribetes de un escándalo, para luego dar lugar a una modificación de los contratos petroleros, con el ropaje de “nacionalización” que hasta hora se lo sigue utilizando.Ahora, se saca una ley para justificar la invitación directa, como es el caso del contrato para la construcción del teleférico, donde no existe el estudio de factibilidad, ni el concurso, que hubiera sido necesario para establecer precios competitivos y diseños alternativos como para saber si este proyecto es de beneficio colectivo y cumple con las finalidades para justificar su prisa y sorpresiva decisión, que más parece que tiene un propósito político tendiente a mejorar la imagen pública de los paceños en favor del Presidente. Es la forma que ha adoptado el Gobierno para la realización de obras públicas, tirando por la borda los principios de transparencia con los que se había impresionado a la opinión pública, pero que ahora se está desmoronando con el aparecimiento de nuevos hechos de corrupción, al margen de lo que ocurrió y ocurre en el propio YPFB, donde su máximo ejecutivo se encuentra en un callejón de difícil salida. Sin tanta bulla y propaganda, en el pasado llamado “neoliberal” se creó un concepto elemental como es la “Máxima Autoridad Ejecutiva” (MAE), por el cual todo lo que ocurre en una determinada institución pública es de responsabilidad del principal funcionario, con mayor razón si además los de menor jerarquía son nombrados por éste, lo que supone un determinado grado de confianza, lo que debería dar lugar a la dejación del cargo. En el Japón se utiliza el haraquiri y en otros países el suicidio.Es más, la Ley SAFCO, que no es otra cosa que un conjunto de reglas comunes para llevar a cabo la administración pública con transparencia, eficiencia y eficacia, se dejó de lado con esta práctica generalizada de la ejecución directa, de llave en mano o de cualquier práctica con la que el Gobierno elude el concurso y la competencia leal, eligiendo directamente a la empresa que se hará cargo de una determinada tarea o de la provisión de algún insumo o equipo necesario. De este modo la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, por ahora, no es más que una fachada, para que la opinión pública crea que el tema de la corrupción es una preocupación auténtica del Gobierno, cuando ésta solo se descubre y castiga cuando ocurre una muerte o un accidente, como ha sido el caso de YPFB o cuando efectivamente se descubre y no hay manera de echarle tierra.La Ley SAFCO, que por sí misma es muy difícil de entender y hacerla cumplir, menos si el Contralor está de adorno o para proteger al Gobierno. Al margen de la responsabilidad civil (un contrato) y penal (un robo), lo que es más importante es la responsabilidad administrativa (manejo eficiente o logro del objetivo). En otras palabras, al margen de los problemas que pudieran existir producto de la relación contractual entre las partes o de la mala intención que pudiera haber llegando al campo penal, lo que era del mayor interés estaba relacionado con el logro del objetivo, que no es otra cosa que manejo eficiente de los recursos.Sin embargo, estos objetivos no pueden ser elegidos al azar o al calor de las circunstancias, sino que tienen que ser parte de la aprobación política y social toda vez cuando se establezca un determinado Presupuesto General, lo que supone debate, discusión y sometimiento a la sociedad en su conjunto. No hay duda que cuando existe un Congreso mayoritario este razonamiento no tendría ninguna validez o fundamento. Sin embargo, si vivimos en un pleno Estado de Derecho, quedaría la posibilidad de que exista el juego entre mayorías y minorías, que sería el equivalente de un respaldo social suficiente, lejos del autoritarismo o el uso del poder más allá del límite de lo socialmente razonable. De lo que se trata, es que los recursos económicos y financieros, al pertenecer a la sociedad en su conjunto, no pueden ser utilizados como si se tratara de algo personal o caprichoso, sino a través de los mecanismos y procedimientos que garanticen una utilización razonable y equilibrada, de manera que siempre esté presente el bien común. De lo contrario, estamos frente al abuso de poder, que siempre da lugar al avasallamiento de los límites establecidos en la Constitución, que por alguna razón no prescriben en el tiempo. Opinión – Cochabamba