Erika Brockmann Quiroga 
El festejo por el 203 aniversario de las jornadas independentistas de La Paz no sólo contó con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, sino que también permitió asistir al sorpresivo lanzamiento de tres petardos menos luminosos que nos anticipan la inauguración de una nueva fase, ahora intensiva, de la campaña electoral presidencial con miras al todavía lejano diciembre de 2014.Me refiero al bullado anuncio presidencial de la construcción del teleférico, proyecto de larga data y alto impacto para los municipios de El Alto y La Paz. También aludo a la promesa presidencial para reincorporar a los trabajadores municipales en la Ley General del Trabajo mediante una ley que se tramitaría “en el plazo de diez días”. El tercer “paquete” es tan millonario como los anteriores: el compromiso para tramitar un crédito de 100 millones de dólares en favor de los transportistas a objeto de renovar su parque automotor, “a cambio de dar luz verde al teleférico”.Con este crédito se despejaría la conflictividad derivada del persistente rechazo de los choferes de la metrópoli paceña a este anhelado proyecto. En suma, fiel a su rutina madrugadora y, a medio término de su mandato, el presidente Evo Morales alborotó el acontecer noticioso con estos tres anuncios cuyas implicaciones merecen analizarse desde una mirada que matice el legítimo entusiasmo suscitado.En primer lugar no hay duda que los criterios autonómicos fueron olímpicamente ignorados. En los tres casos aludidos el centralismo presidencial hizo gala de discrecionalidad e irrespeto a los principios de convivencia, coordinación y subsidiariedad imprescindibles para encarar la construcción del Estado Plurinacional con autonomías. Aplaudimos que un Gobierno central apoye concurrentemente megaproyectos necesarios como el del teleférico; sin embargo, llama la atención la unilateral apropiación presidencial de una iniciativa que compromete competencias del ámbito municipal. Una obra de esta magnitud debiera ser gestionada integralmente dado que obliga a un enfoque multimodal del transporte público, debiera tomar en cuenta los estudios de los gobiernos municipales no sólo responsables de la planificación urbana sino también de normar y regular el transporte masivo metropolitano.La restitución de los trabajadores municipales a un régimen laboral distinto al del conjunto de servidores públicos de gobernaciones y del nivel nacional de Gobierno no ha sido concertada con los gobiernos municipales. Este invasivo petardo huele a pólvora demagógica y a un deliberado intento de perturbar el clima organizacional de los municipios cuyos funcionarios están comprensiblemente contentos.Es cierto, esta incorporación debiera ser un objetivo de largo plazo condicionado a la implantación progresiva de criterios meritocráticos y de estabilidad en la carrera administrativa de los servidores públicos. Me pregunto ¿cuál es el criterio del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas respecto a esta promesa que alterará la disciplina fiscal de la que es celoso guardián? Estas consideraciones no son inocentes.Pese a vivir en tiempos de bonanza no hay que olvidar el desangramiento financiero observado en los municipios cuya inestabilidad y rotación de personal les impedía cumplir sus funciones generando serios déficits en la provisión de servicios básicos a la creciente población urbana.Si tan sincera es la política de incorporación de los servidores públicos a la Ley General del Trabajo, ¿por qué no empezar otorgando este derecho a los médicos y salubristas que dependen de los recursos de dominio nacional?, ¿por qué no comenzar en las gobernaciones mayoritariamente bajo control oficialNo es propio de un Presidente con visión de país y de cambio asumir el rol de supremo alcalde. Si bien el programa “Evo Cumpe” nos acostumbró a ello en el ámbito rural, todo indica que ahora le ha puesto el ojo a las ciudades más importantes del país. Decidió apretar el acelerador del decisionismo presidencial ahora eximido de las restricciones de control gubernamental rigurosamente aplicadas a autoridades subnacionales electas. Y es que resulta políticamente correcto hacerlo allí donde la población manifiesta mayor desafecto al proceso de cambio y donde la reelección presidencial goza de menor respaldo.¿Será que los próximos 30 meses la ciudadanía se dejará deslumbrar por esta ráfaga improvisada de bombitas presidenciales que apenas ha comenzado? Está por verse si el clientelismo prebendal y la visión de corto plazo comienzan a ceder frente a prácticas ciudadanas más responsables y menos influenciables por la costosa y eficaz propaganda nuestra de todos los días.Página Siete – La Paz