Santa Cruz.Los retiran de los canales, pero los botan lejos de la capital.
Viciosos. Este es el puente vehicular del drenaje en la avenida Piraí, donde varios drogodependientes se juntan para consumir alucinógenos sin que nadie haga nada
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Delgado, con los pies curtidos por la suciedad, con un pantalón sujetado por una cuerda plástica y con una polera que alguna vez fue blanca, así luce René, un muchacho que mide más de un metro y medio y que dice tener 17 años. Él es uno de los tantos habitantes que hay en los canales de drenaje de la urbe cruceña.
“No siempre viví en los canales, antes tenía un espacio en La Ramada, pero luego de una pelea decidí venirme aquí para evitar problemas”, cuenta con desgano el muchacho, que luego de recibir un par de monedas acepta responder un par de preguntas.
“Siempre nos llevan lejos y luego nos botan”, dice cuando se le pregunta por los operativos que semanas atrás desalojaron a varios de sus amigos drogodependientes que están en los ductos de desagüe y que son vistos por la mayoría de la población como un peligro y una amenaza constante, al punto que ante su sola presencia los repelen con violencia y se organizan para sacarlos del lugar que frecuentan.
Según René, que pulula por el segundo anillo y avenida San Aurelio, allí no se vende droga. “Venden más allá, en el trillo, allí se puede conseguir de todo”, cuenta este adolescente, que es uno de los cerca de 2.000 drogodependientes que viven en las calles, según las estimaciones de las autoridades departamentales.
René asegura que no roba, aunque reconoce que cuando el vicio lo apura busca obtener dinero de donde sea. Como muchos otros drogadictos, sabe que la gente le teme y que no lo quieren ver cerca de la zona donde viven, pero René pide que en vez de temerle lo ayuden a superar su problema.
Pese a esto los vecinos de espacios como la exterminal de buses, la avenida Cañoto, la zona de los defensivos del río Piraí, los alrededores del mercado Villa San Luis, las laderas del canal de la avenida Piraí y otros tantos sitios, que son hogar de estos muchachos, no quieren saber de su presencia y constantemente piden ayuda a la Policía para que los lleve a otros sitios. Por su parte, la Policía se queja por la falta de centros de rehabilitación para estas personas.
Miriam Zabala, dirigente del mercado Villa San Luis, cuenta que sus colegas y los vecinos desde hace algunas semanas han iniciado una cruzada para sacar a los adictos del canal de drenaje, ya que por la presencia de estos la gente teme ir al mercado.
“Los hemos sacado cinco veces, pero vuelven”, cuenta la mujer, que se queja porque las autoridades retiran a los drogadictos de los canales, pero no los llevan a un centro de rehabilitación sino que los botan en las afueras de la ciudad y en dos o tres días estos retornan.
Lo que comentó Miriam fue confirmado por los vecinos Carlos Herrera y Zulma Cortez, de la zona de Los Lotes, que han visto cómo pasan los camiones llenos de estas personas y tiempo después los ven retornar caminando en grupos nuevamente hacia la ciudad.
Jesús Céspedes, vecino de la zona de las brechas, la semana pasada dijo que la gente del lugar está dispuesta a expulsar a los drogodependientes que son llevados hasta allí y se quejó por el accionar de las autoridades. “Lo que hacen solo es un parche y no una solución”, expresó.
El director del Servicio de Políticas Sociales de la Gobernación, Duberty Soleto, reconoce las limitaciones que hay en sus programas para abordar esta temática, aunque anuncia acciones para el siguiente año.
La defensora de la Niñez y Adolescencia, Rosy Valencia, pide una mayor coordinación interinstitucional, mientras que Graciela Asperilla, de la organización Son de Vida, pide no estigmatizar a los menores de edad que viven en los canales y exige encontrar soluciones acordes a esta problemática.
Otros detalles de esta realidad
– Encuentros. Debido a que en las últimas semanas se llevó adelante una serie de operativos para retirar a los adictos a las drogas que están en los canales, hoy los responsables de los programas sociales de la Gobernación que tratan estos problemas se reunirán para definir una nueva línea de acción. Para mañana una cita similar se realizará en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
– Restricciones. Ariel Fernando Villarroel, Wendy Calderón y Elsi Morales, responsables de diferentes programas de la Gobernación en políticas sociales, coincidieron en asegurar que el mayor inconveniente con que tropiezan a la hora de trabajar con personas drogodependientes es que no hay normativa que los obligue a rehabilitarse, por lo tanto, cuando son llevados a centros para que dejen el consumo de droga, casi siempre se van al día siguiente de haber sido ingresados y nadie puede impedírselo. Ven un vacío legal sobre esta situación.
– Problema. Como ocurre en el lugar llamado La Frontera, detrás del Parque Industrial, en los alrededores del río Piraí se están creando ‘favelas’ donde viven solo drogodependientes.
Las ayudas son muy limitadas
Carlos Sánchez / Centro Éxodo
La situación de las personas en la calle, con drogodependencia, es un problema que está creciendo sin control. Los centros que trabajamos con esta problemática recibimos una ayuda limitada, ya que somos nosotros quienes estamos coadyuvando para sacar de esta realidad a esta población.
Sacarlos de los canales de drenaje para llevarlos lejos y botarlos pensando que no volverán es simplemente un absurdo. Esto provoca problemas como los que se están evidenciando en la zona de los defensivos del río Piraí, donde los drogodependientes han encontrado espacios donde pueden hacer lo que quieran sin el control de ninguna autoridad. Les han dado una opción para que se acaben solos.
Se necesitan más centros, la capacidad existente es insuficiente, mientras este problema está creciendo como una ola que amenaza con taparnos.
Las cifras
16
Puntos de atención
Esta es la cantidad de centros que la Gobernación dice que hay en el departamento para tratar a niños y jóvenes con adicción a las drogas. No hay un lugar para adultos
2.000
Drogodependientes
Este es el número de personas que se cree que están en situación de calle y que tienen problemas de adicción a las drogas. Cerca del 30% es menor de edad.
El Deber