Evo siembra coca en las espaldas de los bolivianos, no puede hacer lo mismo con países que hoy reclaman por sus compatriotas muertos
Fotos que ha empezado a difundir la agencia gubernamental ABI, de los integrantes del supuesto grupo terrorista desbaratado en Santa Cruz.
La teoría de la «conspiración» es un concurso de especulaciones en el que compiten masistas contra masistas para ganar puntos ante el «jefazo» Evo.
El vicepresidente García Linera se considera un tipo muy cerebral, de aquellos que no hacen ni dicen nada sin antes sopesar los efectos que tendrán sus palabras o acciones. Sin embargo a despecho de si mismo, reitera sus incursiones por aguas procelosas y con el tono doctoral que adopta cuando supone que está lanzando una verdad incontrovertible, denunció el pasado domingo una oscura maquinación empresarial para eliminar al presidente Evo Morales. Pero luego, muy suelto de cuerpo afirmó que los “terroristas” o “mercenarios” acribillados la pasada semana se reunieron con empresarios cruceños y los extorsionaron pidiéndoles dinero para financiar sus actividades.
Es claro que aquí hay algo que no encaja. ¿Los empresarios estaban conspirando o eran víctimas de una extorsión? Parece que Alvaro no usó su lógica cartesiana al lanzar esta contradictoria afirmación y naturalmente los solícitos «comunicadores» de los medios gubernamentales (por temor o por ignorancia) no le hicieron notar tamaña incongruencia.
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Es más, la declaración fue destacada por el periódico masista Cambio y en vez de hacerle un favor al «vice», registraron para el archivo que el «sesudo intelectual» es capaz de incurrir en dislates.
La desmesura con la que actúan el gobierno de Morales y los miembros del partido oficial, tiene consecuencias. Están preocupados por su imagen. El lunes, a altas horas de la noche, realizaron una reunión de emergencia en la que se evaluó las intervenciones tanto de parlamentarios masistas, fiscales y funcionarios del gobierno y las repercusiones que ya se están presentando en el plano internacional.
En medio de mutuos reproches, se decidió continuar con la campaña y reforzar la tesis del “magnicidio” sin reparar en los métodos. Es que la apuesta del gobierno resultó muy grande, ahora deben salir del embrollo y consideran que la táctica es defenderse atacando como lo ha hecho Morales al amenazar con procesos a los gobiernos de los países que piden explicaciones por sus ciudadanos abatidos en circunstancias dudosas en Bolivia.
Por su lado, los fiscales (porque los policías decidieron, por ahora, cerrar el pico) ni saben que cara poner ante la magnitud de los disparates lanzados desde el inicio, ya sea por presión o por algún tipo de promesas oficiales.
Uno de los que mucho esta hablando y que tampoco escapa a las contradicciones es el fiscal Marcelo Sosa. Comentó que no se había investigado el contenido de las computadoras incautadas a los “mercenarios” por respeto a su privacidad, ya que estas podrían contener información de tipo personal. Se trata de una sorprendente muestra de respeto hacia quienes se acribilló sin decirles “agua va”. Sobre el armamento supuestamente perteneciente a los “mercenarios” indicó que no era especialista en armas y, cosa rara, no tenía la menor referencia de la “información”, las fotos (reales o montadas) y las grabaciones que maneja la gente del gobierno, «es que ellos tienen su propio servicio de inteligencia», dice a manera de explicación.
En suma hay que subrayar que las versiones del oficialismo resultan tan dudosas que el gobierno afila su ingenio para responder ante la comunidad internacional, que es usada frecuentemente por Morales para lograr respaldos a su favor.
Seguramente los organismos internacionales no avalarán que por una sospecha o por interés político, se acribille a tres personas. Lo ocurrido en Santa Cruz es un caso singular en el que se ejecuta a las personas y luego se inician las investigaciones.
El gobierno de Evo debe entender que si hasta ahora ha podido sembrar coca en las espaldas de los bolivianos, no es tan fácil hacer lo mismo con países como Hungria, Irlanda y Rumanía, que hoy reclaman por sus compatriotas muertos o presos y cuyos gobernantes tampoco pertenecen al club de amigos de Unasur, de Chávez o de Insulza.