El sindicato de la municipalidad reclama porque la nueva administración incumple compromiso de frenar destituciones injustificadas.
Fuente: paginasiete.bo
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Tres profesionales con entre nueve y 15 años de experiencia fueron destituidos el 30 de junio por la administración de Iván Arias minutos antes de que se cumpliera la jornada de trabajo.
Ninguno era personal jerárquico, por tanto no estaba comprendido en el grupo de 150 directores y secretarios a quienes a días de iniciar su gestión Arias admitió que les pidió su renuncia. Entonces, la autoridad edil aseguró que no iba a ejecutar una “masacre blanca”.
Los afectados son Roger C. G., psicólogo forense; G. C. G., abogado, y Evelin C. A., trabajadora social, funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA La Paz).
En los memorandos —firmados por Raúl Ayala, director de gestión de Recursos Humanos—, se les destituye de manera “simple y llana”, es decir sin causal alguna.
“En aplicación del artículo 71 de la ley 2027 —Ley del Estatuto del Funcionario Público— se ha dispuesto de manera simple y llana prescindir de sus servicios a la fecha…”. Este es el tenor del documento remitido a los afectados.
Sobre el tema, la secretaria municipal de Desarrollo Social, Ivanna Calle, pidió hablar con Dirección de Gestión de Recursos Humanos
El único argumento que cita Ayala es que se trataría de funcionarios “provisorios” (no institucionalizados), lo que al menos uno de los afectados niegan.
Testimonios
“Tengo aproximadamente 15 años en el Gobierno Municipal. Al segundo o tercer año logré ingresar a la carrera administrativa. Fui institucionalizado a través de una convocatoria interna”, dijo a este diario Roger C. G.
Tampoco tomaron en cuenta, según él, los estudios específicos que tiene en la rama de la sicología forense.
“Se agarran de un artículo de la Ley 2727 que no corresponde, yo soy personal de carrera”, añadió al cuestionar el despido arbitrario del que es víctima, ya que según el Estatuto, el personal de carrera solo puede ser desvinculado tras un proceso administrativo y con un fallo ejecutoriado.
“Todos los años somos sujetos a evaluación y las evaluaciones siempre han sido positivas, no podrían agarrarse de eso. Tampoco tengo proceso administrativo con sentencia ejecutoriada”.
Roger C. G. tenía previsto presentar este lunes un recurso legal para intentar revertir un despido que considera ilegal.
“Aparentemente, están haciendo (esto) con todas las personas que tienen ítem. Quieren quitarnos los ítems y dárselos a sus adeptos políticos. El regalo que Arias nos dio a los paceños del Gobierno Autónomo Municipal (por las fiestas julias) fue el despido”, comentó.
Según la Ley 548, o Código Niña, Niño, Adolescente, los gobiernos locales están obligados a garantizar la «calidad, profesionalidad e idoneidad», de los servidores públicos que trabajan en las DNA, así como su «actualización técnica permanente».
Estas destituciones retratan uno de los principales problemas detectados en 2017 y años posteriores que impiden consolidar el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (Siproina), conformado por entidades de los tres niveles de Gobierno, entre ellos los gobiernos municipales.
En el diagnóstico de 2017 — que fue hecho a poco de la asunción de nuevas autoridades locales y departamentales— se dice que la alta alta rotación laboral es un problema capital.
“A lo largo del estudio se fue evidenciando, tanto a nivel estatal como departamental y municipal, un sinfín de cambios de personal debido principalmente a acuerdos políticos. Esto entorpece la consolidación del funcionamiento del Siproina y la correcta atención a sus usuarios, pues hay el riesgo de que se contrate a personas sin la formación profesional idónea ni la experiencia necesaria”.
Según el artículo 184 de la Ley 548, las DNA “prestan servicios públicos de defensa psico socio-jurídica gratuitos, para garantizar a la niña, niño o adolescente la vigencia de sus derechos”.
En resumen es una instancia técnica y quienes conocen la vida institucional del GAMLP saben que el personal de las defensorías se mantuvo apartado de las actividades políticas al amparo de la institucionalización de su personal.
«A nivel interinstitucional, un problema que se ha estado viendo es la movilidad laboral de los funcionarios. Si bien capacitamos a determinados funcionarios durante un tiempo, dándoles la especialidad (Leyes que protegen a niños, niños, adolescentes y mujeres), vemos cambios políticos y criterios que asume nuestro Estado Plurinacional que permiten remover nuevamente al personal y volver a empezar otra vez con ese nuevo personal», destaca el diagnóstico, que cita este fragmento de una entrevista a personal de la Defensoría del Pueblo (28 de julio de 2015)
“Es una injusticia que se está haciendo con nosotros”, dijo G. C. G., quien empezó en la DNA como suplente en 2012, fue contratado como consultor, luego como funcionario eventual y, por último, en 2018, tras seis años de carrera, obtuvo un ítem, “por la experiencia acumulada, los cursos de postgrado realizados —cuatro diplomados—, y un examen de competencia”.
El 2019 fue nombrado coordinador de una de las plataformas, tarea paralela a la de abogado de la DNA. Apenas hace un año logró acceder al bono de antigüedad.
Personeros de la nueva administración, le ratificaron su confianza y volvieron a otorgar el cargo de coordinador. “No había ninguna observación a mi trabajo”.
“El 30 junio, al finalizar la actividad laboral, que es a las 17.00, ya que estamos en horario continuo por la pandemia, el control personal me hace entrega de un memorándum”.
“Hasta ahora no le encuentro lógica a esta situación. No tengo una resolución de Transparencia o de un sumariante que pueda determinar una falta que haya cometido”.
La política —recalca el profesional— está exenta del trabajo cotidiano en la DNA. Nos regimos por la Ley 538 y la Ley 348 (contra la violencia), que dicen de manera clara que el personal tiene que ser idóneo capacitado y especializado».
Y este tipo de cambios intempestivos y la sustitución del personal especializado por gente sin experiencia es también un perjuicio para el usuario, en este caso: niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.
A quienes los reemplazaron —que comenzaron a trabajar a partir del 1 de julio, sin un proceso de selección conocido— les tomará un año aprender y conocer los casos que estaban atendiendo, opinó el entrevistado.
Añadió que en la Alcaldía de La Paz la alianza “Por el Bien Común, Somos Pueblo” que ganó los comicios, comenzó a hacer una distribución política de los ítems en otras unidades y que ahora llegó a la DNA”.
Sindicato
Aunque los profesionales afectados no pertenecen al sindicato de trabajadores ediles, Jorge Lara, secretario general, hizo notar que hubo un compromiso de las direcciones de Gobernabilidad y Gestión de Recursos Humanos que se estaría incumpliendo.
“Ellos se han comprometido a garantizar la estabilidad laboral de afiliados y compañeros eventuales. Sin embargo, autoridades intermedias siguen cometiendo abusos de poder, hostigamiento y cancelación de contratos”.
Cuando se supo que Arias ganó los comicios, el Sindicato buscó una reunión con la autoridad electa y le remitió una nota. Desde que Arias tomó posesión, el 5 de mayo, el sindicato le remitió dos notas en busca de una reunión, a las que no contestó, dijo Lara.
“Hasta ahora no nos recibe, no sé cuál será la posición del alcalde sobre trabajadores. No hay una voluntad de poder atendernos”.
