TIPNIS. Penalización a indígenas contradice Convenio OIT y Declaración de ONU. Ministro Quintana exige a la Fiscalía que procese a quienes obstaculicen la consulta. Los indígenas aludidos insisten en que la resistencia es legal y legítima. Oposición acusa al Gobierno de Evo Morales de perseguir a los dirigentes.
Fiscal niega que haya órdenes de aprehensión para indígenas
Tipnis. Diputado acusa al Gobierno de perseguir a los dirigentes.
Celebración. Pueblos originarios del país festejaron ayer en La Paz el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Agencias. Trinidad/La Paz, El Deber
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El fiscal de Distrito de Beni, Alejandro Cruz, afirmó que hay dos investigaciones por denuncias presentadas en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis); sin embargo, aclaró que estas indagaciones están en etapa preliminar y no hay ninguna orden de aprehensión en contra de dirigentes indígenas, tal como aseguró el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez.
Cruz indicó que la primera denuncia fue presentada por el Servicio Departamental de Salud en contra de dirigentes indígenas que se oponen a la consulta sin previa concertación en el Tipnis y que supuestamente habrían amedrentado o causado violencia sicológica a personal médico en Gundonovia.
Señaló que la segunda denuncia fue presentada por la supuesta injerencia de extranjeros en la consulta, respaldando a la resistencia encabezada por la Subcentral Tipnis al proceso iniciado el 29 de julio.
Adelantó que será conformada una comisión de fiscales que ingresará en la zona para investigar ambas denuncias presentadas en la Fiscalía de Beni.
El miércoles, el ministro Sánchez señaló que varios dirigentes tienen mandamientos de aprehensión, como parte de las acciones legales que inició contra estos por ‘obstruir’ la realización de la consulta.
La autoridad aseguró que los dirigentes Fernando Vargas, Jousi Fabricano, Adolfo Moye y Yudith Fabricano están involucrados en el caso.
Ayer también la Gobernación beniana presentó una denuncia contra dos dirigentes indígenas por el supuesto delito de sedición e instigación pública.
El jefe de Bancada de Convergencia Nacional en la Cámara de Diputados, Luis Felipe Dorado, denunció que el Gobierno, mediante el brazo operativo de la justicia, nuevamente incurre en la persecución política contra los dirigentes del Tipnis, en busca de llevar a cabo la consulta en comunidades de la reserva donde se instalaron puntos de resistencia, en rechazo del tramo carretero que amenaza con destruir la biodiversidad.
Por otro lado, los indígenas presentaron ayer en La Paz una apelación contra la decisión de la Sala Civil 1ª, que en pasados días rechazó el recurso de amparo constitucional en contra de la realización de la consulta.
El diputado Pedro Nuni (MAS) mencionó que este nuevo recurso reafirma su demanda de que se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional, que dispone que Gobierno e indígenas lleguen a una concertación del contenido y los procedimientos de la consulta.
ONU y Defensor exhortan al diálogo
El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia y la Defensoría del Pueblo coincidieron ayer en exhortar al Gobierno, durante la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, en retomar el camino del diálogo con las comunidades indígenas del Tipnis que se oponen al proceso de consulta y la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
La coordinadora residente de la ONU en Bolivia, Yoriko Yasukawa, señaló que esta instancia mantiene la esperanza de que se pueda incluir a los sectores que rechazan el proyecto gubernamental y resolver las controversias dialogando. "En el tema de la consulta nos parece preocupante que un proceso de diálogo y de búsqueda de acuerdos más bien esté generando polémicas y conflictos", agregó.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, explicó que los procesos judiciales y las órdenes de aprehensión que se han anunciado contra la dirigencia indígena dificultan la resolución del conflicto.
Asimismo, informó de que dos comisiones defensoriales se trasladarán en las próximas horas a la reserva para analizar si hay respeto a los derechos humanos de los indígenas.
"El mandato que tenemos como defensoría es el acompañamiento al conflicto y la exhortación a las autoridades. Al haber estas incoherencias (procesos), a nosotros nos ha llamado la atención y provocado preocupación. En todo escenario debe prevalecer el diálogo al que siempre hemos invocado y el tema del Tipnis no es tema resuelto", explicó el representante.
Cuartel estará en Ichoa
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció ayer que la infraestructura para el regimiento ecológico anunciado por el presidente Evo Morales se empezará a construir en las próximas semanas en la población de Ichoa, al sur del Tipnis.
"El regimiento y escuela de protección de parques tendrá su asiento fuera del Tipnis, en la comunidad Ichoa, en realidad está en el límite del polígono 7 y del territorio indígena", informó la autoridad. Según Quintana, el inédito cuartel militar tendrá la misión de formar capacidades, habilidades y destrezas en oficiales y soldados para proteger los parques nacionales.
Por su parte, el presidente de una de las instancias paralelas de la Cidob, Adolfo Chávez, rechazó la construcción de la infraestructura militar y dijo que son solo los pueblos indígenas los que realmente pueden conservar una reserva natural. "El batallón ecológico es solo un nombre, porque lo demás va a ser lo mismo", afirmó el líder indígena.
Penalización a indígenas contradice Convenio OIT y Declaración de ONU
Fiscal desmiente orden de aprehensión para dirigentes.
El Diario
El Gobierno central se ampara en las leyes electorales para anunciar procesos contra los dirigentes que llevan la resistencia a la consulta en el Tipnis. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que es como si se estuviera “alterando” una elección democrática. En tanto, el magistrado del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, dijo que debe haber entendimiento entre partes, caso contrario se estaría desvirtuando el proceso de consulta.
El anuncio de la aprehensión contra los dirigentes de la novena marcha fue emitido por el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, aunque luego el fiscal de Beni, Alejandro Cruz, negó que exista tal figura, siendo que los requerimientos sólo llegan a dos denuncias sobre el caso.
El magistrado del TCP, Gualberto Cusi, dijo que en caso de prosperar los procesos penales contra los indígenas del Tipnis, se estaría contradiciendo tanto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas – NNUU.
“La consulta debe darse en el marco de la concertación mutua entre partes, si se están haciendo procesos, intimidar, sería una prueba contundente en sentido de que los términos de la consulta como establece el Convenio 169 de la OIT, la Declaración y la CPE no se están cumpliendo”, declaró el magistrado en Sucre.
Dijo que el Gobierno central debería “enamorar” a los indígenas, llegando a acuerdos en el marco del respeto y tolerancia mutuos. Agregó que el Tribunal Constitucional ya emitió un fallo y este debería ser acatado, dejando entrever que los ministerios no estarían enmarcados en el fallo 300 del TCP.
El exdirigente de la primera marcha indígena de 1990, Marcial Fabricano, toda esta situación es responsabilidad del Ejecutivo, porque en su momento no logró dialogar con los pueblos originarios, teniendo la oportunidad en dos movilizaciones, la última que llegó a Plaza Murillo, pero que no pudo ingresar a Palacio de Gobierno para debatirá la problemática del sector.
“Si nos hubieran recibido, esto ya se hubiera solucionado en Palacio de Gobierno y no hubiera habido necesidad de tomar acciones en nuestro territorio y ahora es responsabilidad del propio Gobierno, que bajo ese argumento comienza a perseguir a las personas como es mi caso”, dijo. Fabricano tendría una orden de aprehensión según la información del Ministerio de Obras Públicas.
Para el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la consulta es como un proceso electoral, donde no cabe margen para la interrupción, por lo que se debe proceder con las sanciones establecidas en la normativa interna del país.
Según Quintana, se debe penalizar a las personas que obstaculizan un acto electoral y es lo mismo que sucede en el Tipnis, por lo que llamó al Ministerio Público a actuar contra los dirigentes, incluido el expresidente de la Subcentral Tipnis, Adolfo Moye, a quien acusó además, de tratar de evitar pagar sus deudas pendientes por dinero recibido por la entonces prefectura de Beni, y cuyo destino de esos recursos aún no fueron esclarecidos.
Sobre el proceso, ni en la Ley 222 tampoco en el protocolo de consulta se establecen penalizaciones contra los comunarios que forman parte del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Los procedimientos técnicos, plazos y participantes son los acápites de estas normas internas. La Ley de Régimen Electoral sí califica como faltas y delitos electorales aquellas acciones contra los procesos democráticos, pero esta consulta no está bajo esos parámetros, como explicó anteriormente el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Ramiro Paredes. “Si observamos la ley 222, en su marco normativo no se refiere a la ley del Régimen Electoral, sino fundamentalmente a otros instrumentos legales como la Constitución, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la declaración de las Naciones Unidas y, no así a la ley 026”.
Quintana pide que se procese a quienes obstaculicen la consulta
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que “de oficio” la Fiscalía debería iniciar procesos legales contra quienes obstaculicen la consulta en el TIPNIS. Los indígenas aludidos insisten en que la resistencia es legal y legítima.
Acto. Sectores sociales celebraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en la plaza Camacho.
La Razón / La Paz
“En una elección nacional, cuando las personas obstaculizan ese acto electoral, tienen que ser objeto de la intervención del Ministerio Público. Lo mismo ocurre acá. Se los acusaría de obstaculizar el ejercicio democrático de las comunidades a la consulta”, dijo.
Quintana afirmó que deben ser las autoridades naturales (fiscales) las que deben intervenir “de oficio” contra indígenas o extranjeros que impidan la consulta. En respuesta, dirigentes indígenas aseguraron que el Ejecutivo ahora usa la Justicia para amedrentarlos. Para ellos, la resistencia es legal y legítima.
“Es un riesgo que corremos los pueblos indígenas de que nos amedrenten; es legal la resistencia por el ejercicio de la libre determinación, no se puede obligar a los indígenas a acatar una norma que es ilegal ya que la Ley 222 de Consulta debe ser consensuada para ser aplicada”, explicó Rafael Quispe, dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). La dirigente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (Cepib), Nazareth Flores, señaló que el Gobierno inició una persecución a los líderes indígenas.
La senadora Carmen Eva Gonzales (CN) expresó que “se vive un estado de indefensión porque se viola los derechos fundamentales de los indígenas de tierras bajas”. Con respecto a la consulta, la coordinadora de las Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yasukawa, manifestó su preocupación sobre el proceso: “En el tema de la consulta, sí nos parece preocupante que un proceso que en principio debe ser de diálogo, de búsqueda de acuerdos, más bien esté generando polémica y conflictos”.
En el ámbito de la Justicia, ANF señaló que ayer los indígenas apelaron el fallo de la Sala Civil 1ª de La Paz, que rechazó el amparo judicial contra la consulta interpuesto por el dirigente del TIPNIS, Fernando Vargas.
Reforzarán las vigilias
La dirigente de la Cepib, Nazareth Flores, anunció que a partir del 15 de agosto los indígenas que son parte de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), liderada por Adolfo Chávez, ingresarán a reforzar la resistencia en el TIPNIS. El objetivo es masificar las vigilias y bloqueos en el marco de la resistencia a la consulta en la región.
“Hay seis puntos de resistencia en el TIPNIS para que no entre nadie a las comunidades; el alambrado sólo es en Gundonovia y en el resto hay vigilias. Después del 15 (de agosto) la Cidob y las regionales iremos a reforzar la resistencia”, afirmó.
La dirigente indicó que entre el 15 y 16 de agosto, en Santa Cruz de la Sierra, se realizará la Comisión Nacional de la Cidob, en la que, además de abordar el tema de la consulta, se analizará la situación orgánica de ese sector y las proyecciones del movimiento indígena.
Gobernación abre causa a dirigentes por sedición
El secretario de Justicia de la Gobernación del Beni, Sócrates Llápiz, informó que ayer jueves fue presentada una denuncia al Ministerio Público contra dos dirigentes indígenas de la comunidad de Gundonovia, por los supuestos delitos de sedición e instigación pública a delinquir. “Están coartando el trabajo de las brigadas del Tribunal Supremo Electoral en el marco de la Ley 222”, dijo. Los denunciados son el corregidor de Gundonovia Simón Noza y Ovidio Teco.
Llápiz añadió que también se denunció a personas extranjeras por un supuesto secuestro y acciones violentas en la acción de resistencia a la consulta. “También se tomó la determinación de poner en conocimiento de Migración, para determinar la legalidad de la permanencia de ellos”.
Por su lado, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que hay exdirigentes que tienen cuentas pendientes con la Justicia, quienes hoy están interfiriendo con la consulta en el TIPNIS; mencionó a Adolfo Moye y a Miriam Yubanore. Esta última rechazó la acusación: “Que el ministro revise bien; se hicieron los descargos del dinero y los proyectos durante la gestión del gobernador Ernesto Suárez”.