Textileros y ropavejeros presionan a Ballivián a renunciar al cargo


Alcaldías aún esperan una norma. Un grupo de productores de El Alto se movilizó para que el Gobierno prohíba la venta de ropa usada.

image

Venta: tres personas consultan precios en un puesto de comercialización de la prendería usada



La Prensa

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Patricia Ballivián, se encuentra bajo la presión de confeccionistas y “ropavejeros”, que piden su renuncia por no dar una solución al problema de la ropa usada, que a pesar de existir una normativa que prohíbe su comercialización se la vende sin ningún control.

Ayer, según reportó Radio Fides, un grupo de textileros de El Alto marchó hasta inmediaciones del Palacio de Comunicaciones, donde funciona esa cartera de Estado, para pedir la dimisión de la autoridad y exigir que se cumpla el Decreto Supremo 29521, que restringe la venta de prendas usadas en todo el país.

Miembros del Consejo Central de Federaciones y Asociaciones de Artesanos de El Alto iniciaron una huelga de hambre también exigiendo la renuncia de Ballivián. Su dirigente Zenobio Poma indicó que el ayuno comenzó con diez personas y se irá masificando si el Gobierno no anula el acuerdo que firmó con la Confederación Nacional de la Pequeña y Micro Empresa (Conamype) y el Consejo Nacional de Defensa de la Ropa y Prendería a Medio Uso (Conaderpu) el 20 de marzo, con el que se pretende ampliar la venta. Amenazó con iniciar bloqueos de vías y tramos estratégicos y pidió la renuncia de Ballivián por no cumplir con lo que se había comprometido durante las negociaciones.

“El pasado lunes (13 de abril) yo me reuní con el viceministro (de Pequeña y Micro Empresa, Ramiro) Lizondo y él indicó que íbamos a seguir con la venta, que sólo se iba a prohibir la ropa íntima, medias, calzones y zapatos viejos, pero ahora la Ministra hace esas declaraciones”.

Ballivián precisó que los municipios deben encargarse del decomiso de las prendas usadas; sin embargo, el alcalde paceño, Juan Del Granado, dijo que esto no es competencia edilicia y que no existe una normativa que así lo establezca.