El fiscal Claudio Navas Rial impulsó la denuncia del gobierno por el supuesto contrabando agravado de material antidisturbios a Bolivia días después de la salida forzada de Evo Morales, en noviembre del 2019.

Los ministros de Justicia y Seguridad, Martín Soria y Sabina Frederic, y la administradora federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, denunciaron penalmente a Mauricio Macri y los ex ministros Patricia Bullrich, Jorge Faurie y Oscar Aguad, y un puñado de ex funcionarios por «contrabando agravado» por el «envío irregular de armamento y municiones» a aquel país «a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero».

El caso quedó en el juzgado a cargo del juez en lo Penal y Económico Javier López Biscayart e intervino el fiscal Navas Rial, quien este viernes firmó el requerimiento de instrucción con el que abrió la investigación.

«Esta denuncia pública dio lugar a una serie de investigaciones administrativas por parte del actual Gobierno Nacional de nuestro país, a través de la cual se recolectó información y documentación que corrobora el envío del material -el cual se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina- y su posterior desvío hacia las fuerzas armadas bolivianas», sostenía la denuncia del Gobierno.

En su requerimiento de instrucción, el fiscal mencionó a Normando Álvarez García, ex embajador en Bolivia; Jorge Dávila, ex director General de Aduanas; Eugenio Cozzi, ex director Ejecutivo de la ANMaC -el ex RENAR, el organismo que autorizó el envío del material-; Gerardo Otero, ex director de la Gendarmería; Rubén Yavorski, ex comandante mayor Director de Logística de la Gendarmería, y Carlos Miguel Recalde, ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería.

El gobierno de Alberto Fernández, sostiene que la anterior gestión cometió un acto de «gravedad institucional» que podría encuadrarse además en los delitos de «abuso de autoridad» y «malversación de caudales públicos».

En la denuncia, en base a la cual el fiscal pidió que se inicie la investigación, se indicó que el material enviado «tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado al gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas ‘masacres’ de Sacaba y Senkata».

A criterio del actual Gobierno, dicho apoyo «buscó encubrirse desde un primer momento, a través de maniobras de ocultamiento que pretendieron disfrazarlo en un supuesto objetivo de brindar la seguridad física de las instalaciones y funcionarios de la Embajada argentina en Bolivia. Sin embargo, parte del material enviado fue desviado y puesto a disposición de la dictadura boliviana».

La información se dio a conocer a mediados de la semana pasada por el gobierno boliviano que mostró una carta del entonces comandante general de la Fuerza Aérea de ese país dirigida al embajador Álvarez García, con fecha del 13 de noviembre del 2019, donde se agradecía por la recepción de municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas remitidos por la administración de Cambiemos.

En la presentación se enumeran en detalle las autorizaciones y los registros emitidos entonces por Gendarmería, el Ministerio de Seguridad y la ANMaC con la exportación de los materiales, los procedimientos y el recibimiento de las fuerzas bolivianas.

Según la denuncia, hay inconsistencias entre lo declarado y lo recepcionado en las primeras semanas de noviembre del 2019, transportado en un avión Hércules que salió del aeropuerto de El Palomar con un grupo de once efectivos del grupo especial Alacrán de la Gendarmería.

Ahora, el juez Javier López Biscayart tiene el caso bajo análisis para determinar si hace lugar a los planteos del fiscal y a una batería de medidas que firmó en su dictamen acusador.

La noticia se conoce a horas de que concluya el último día hábil en la justicia de cara a la feria de invierno.