El embajador alertó que la justicia niega el derecho a la defensa. El caso amenaza con desatar un conflicto diplomático con Hungría, Irlanda y Croacia.
El representante del país centroeuropeo Mathyas Jozsá no cree que el detenido Elöd Tóasó sea terrorista.
Defensa: el embajador húngaro Mathyas Jozsá y el abogado Rigoberto Paredes conversan anoche en La Paz
Hungría dice que se agredió y coartó los derechos de Tóasó
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El abogado del presunto terrorista estudia la posibilidad de recurrir a la CIDH
La Prensa
El Gobernador del penal de San Pedro aseguró que los dos presuntos terroristas están ilesos. Los dos detenidos permanecerán en aislamiento completo hasta nueva orden judicial.
El Embajador concurrente de Hungría en Bolivia y el abogado defensor de Elöd Tóasó denunciaron ayer que el detenido sufrió agresiones físicas y que se le coarta el derecho a la defensa, por lo que se estudia presentar una demanda contra el Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El jurista Rigoberto Paredes fue contratado el miércoles por los familiares del acusado de terrorismo para defenderlo, aunque desde ese momento no recibió documento alguno del proceso, aparentemente por la reserva que rodea al caso, decretada por la juez Betty Yañíquez.
En conferencia de prensa, el diplomático Mathyas Jozsá aseguró que su conciudadano “está lejos de ser un terrorista”, pues a los 29 años es un joven que cometió errores. Aceptó una propuesta económica para venir al país, pues no tenía dinero y, en su opinión, no sabía exactamente lo que haría en Bolivia.
“El señor Tóasó pudo haberse metido en cosas complicadas, pero no era un hombre de primera línea del grupo”.
Jozsá refirió haberse encontrado un hombre completamente asustado. Cree que comprendió la magnitud de lo que hacía cuando se ejecutó el operativo en el hotel Las Américas, por ello, según una fuente reservada, fue él quién pidió cubrirse todo el cuerpo con una frazada.
El Gobierno magiar, según su representante, lamentó que un compatriota suyo se hubiese involucrado en un presunto delito, sobre el que aún no recibió información escrita de Bolivia.
Dijo que su país está dispuesto a facilitar los antecedentes del detenido en caso de recibir un pedido oficial de Bolivia.
Por contrapartida, solicitó el cumplimiento de un tratado consular firmado en 1985 por ambos países a fin de que el Gobierno informe oficialmente los detalles del operativo, las investigaciones y las condiciones en las que Tóasó está recluido.
Entretanto, se mantiene en pie el pedido del Gobierno irlandés sobre información del operativo policial del 16.
Jozsá y la abogada Wilma Argote, del Servicio de Defensa Pública, coincidieron ayer en que el húngaro salvó la vida porque no se resistió a la intervención policial. Su habitación se encontraba al fondo del pasillo, por lo que, cuando el estruendo lo despertó la madrugada del jueves 16, se tendió boca abajo en el piso con las manos en la nuca, aunque al ser detenido fue golpeado por agentes.
Jozsá refirió que “lamentablemente se lo ha maltratado, eso se puede ver en su cara y otras partes de su cuerpo, por eso estamos realizando las iniciativas para que se respeten los derechos humanos”.
Atribuyó el hecho a que los policías, en su condición de seres humanos, perdieron el control de sus nervios por la forma en la que se realizó el operativo.
Empero, el gobernador del penal de San Pedro, coronel Oswaldo Cabrera, refirió que tanto Tóasó como el boliviano-croata Mario Tadic ingresaron sin lesiones en el recinto carcelario, tal como se comprueba al revisar el certificado de la revisión médica que se le practicó el sábado 18 al ingreso del panóptico paceño.
A su turno, Paredes anunció ayer que evalúa la posibilidad de presentar una querella ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) por las agresiones inferidas por los policías a su cliente y porque tanto Defensa Pública como la juez Yañíquez interfieren en el derecho a la legítima defensa de su cliente.
Previamente, deberá conocer el cuaderno de investigaciones y todo el proceso a fin de adoptar una decisión sobre el particular.
El jurista explicó que, antes de alejarse del caso, Wilma Argote presentó una apelación contra la detención preventiva, petición que retirará porque podría “quemar” la estrategia de defensa, pues no conoce su contenido.
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, exhortó al defensor a acudir a los estrados judiciales, pues por el principio de publicidad tiene derecho a revisar todo el proceso.
Chávez pidió que, comoquiera que el derecho es amplio, “no se debe abusar de recursos tales como acudir a cortes internacionales” y recordó que hace unos años Blas Valencia, quien fue encontrado culpable de atracos y de ser el autor intelectual de asesinatos, optó por el mismo camino.
“Bajo el principio de lealtad procesal, la defensa debería aportar elementos de interés para demostrar la inocencia de su cliente”. Chávez desmintió que se hubiese instruido a Defensa Pública, una entidad no dependiente directamente del Ministerio de Justicia, que no entregue los documentos al defensor.
Entretanto, una fuente de la defensa del húngaro contó que la defensora pública no quiso, “con evasivas”, entregar ese legajo, ni el Juzgado facilitó la lectura del expediente. “No tenemos acceso a cosas elementales, como la declaración o el certificado forense”, porque el europeo tiene evidentes muestras de haber sufrido golpes en el rostro, además de que dijo a su abogado que tiene hematomas en la espalda y en las piernas.
La fuente reveló que Tóasó se comunica principalmente en húngaro, aunque habla inglés con fluidez y tiene dificultades para comunicarse en castellano.
Se conoció que el balcánico prestó su confesoria en su propio idioma, aunque esta versión no pudo ser confirmada.
Los dos continuarán recluidos en la celda de absoluto aislamiento en el sector La Grulla del penal de San Pedro, por su propia seguridad personal, hasta una nueva orden judicial.
Desde Budapest se informa que 1.100 estudiantes y 80 docentes de la escuela secundaria de la que se graduó Tóasó se manifestaron el martes en Hungría, convencidos de su inocencia.
El jueves 16, un operativo policial en el hotel Las Américas de Santa Cruz acabó con las vidas de Eduardo Rózsa Flores, Magyarosi Árpád y Michael Martin Dwyer, en tanto que los sobrevivientes, Mario Tadic y Elöd Tóasó, se hallan detenidos en San Pedro.
Operativo edil en Beni no se vincula con terrorismo
Un operativo de clausura a un centro gastronómico, presunto alojamiento y templo ortodoxo judío en Rurrenabaque, fue confundido con una acción contra el terrorismo, aseguró ayer Juan Carlos Tapia, director de Turismo de ese municipio beniano.
El gobierno municipal clausuró ese local el martes porque no contaba con licencia de funcionamiento y hacía competencia desleal a los establecimientos gastronómicos y hoteleros de la región al proporcionar comida gratuita e incluso alojamiento, aunque ese extremo no fue comprobado por las autoridades, a una cantidad ilimitada de personas.
Tapia explicó que, comoquiera que no se allanó ese inmueble, no se pudo comprobar si en ese sitio se alojaba a turistas provenientes de Israel.
Una primera clausura se operó el martes, pero el propietario del local, Aaron Fraiman, y sus familiares rompieron el precinto, pues explicaron que vivían en el lugar y debieron entrar. Por ello, el miércoles se volvió a efectuar un operativo, esta vez con apoyo de solamente un policía.
Se colocaron los precintos sobre ambas hojas de la puerta con la advertencia de que, si volvía a funcionar el lugar, sus propietarios se harían pasibles a sanciones más graves.
Tapia explicó que Fraiman presentó un escrito para solicitar licencia de funcionamiento, pero no específico para qué giro.
Ricardo Udler, presidente de la Comunidad Judía en Bolivia, refirió que algunos de los colaboradores de Fraiman no tenían documentación en orden, por lo que están regularizando su situación migratoria, pero Shkuky Gur, quien ni siquiera tenía pasaporte, deberá dejar el país antes del domingo.
Fiscalía dice que anónimo que señala a Vice es falso
Una nota remitida por un supuesto terrorista acusa al vicepresidente Álvaro García Linea y al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de haber contratado a Eduardo Rózsa Flores para que sembrara el terror en Bolivia pero después el Gobierno lo asesinó, por lo que promete vengar a sus tres camaradas muertos el jueves 16 en Santa Cruz.
Un agente de la Fiscalía califica, a priori, el documento como falso, al igual que un diputado oficialista, quien señala que carece de valor, aunque un opositor considera que se debe investigar.
La tarde del miércoles, una carta fue enviada por fax desde una cabina pública de Cochabamba. En ella se acusa al Gobierno de “querer confundir a la población respecto de la ejecución de nuestros hermanos en Santa Cruz”.
El papel, firmado por el “Comandante Gonzalo”, quien se presenta como responsable de la “Célula Daniel Andrés”, también revela que “el plan de Santa Cruz fue montado por los organismos de seguridad del Estado a la cabeza del vicepresidente (Álvaro) García Linera y del ministro (Juan) Ramón Quintana, quienes contactaron y contrataron a Rózsa Flores en agosto de 2008, en España”.
La nota señala que la madrugada del jueves había siete integrantes del grupo irregular en el hotel Las Américas y que dos huyeron a Cochabamba.
El fax refiere que la organización no fue desarticulada y que está asentada en tres provincias de Cochabamba; advierte de una venganza por la muerte de sus compañeros: “Seguiremos armando, junto a los movimientos sociales, pues la lucha continúa hasta alcanzar la total independencia”. El investigador de la comisión de fiscales que sigue el caso de presunto terrorismo en Santa Cruz, mayor Johnny Aguilera, aseguró que la carta es falsa porque, de acuerdo con las características de un terrorista, éste nunca da aviso de dónde está.
El oficial presume que puede provenir de “algún tipo de organización”, aunque no descarta que haya sido enviada por la misma célula terrorista.
El viceministro de Justicia, al conocer el contenido del fax, aseguró que se trata de un simple anónimo. “Hay que tomar con cautela cualquier información, lo importante es que la población no entre en zozobra. Pedimos que se tome como lo que es esa publicación, basta que sea un anónimo”.
Sin embargo, el diputado de Poder Democrático y Social (Podemos) Bernardo Montenegro señaló que esa carta, aparentemente firmada por un supuesto terrorista que huyó con una segunda persona del operativo en el hotel Las Américas, debe ser indagada.
“Creo que hay que investigar a gente que ha podido estar ligada —señaló el parlamentario—, todas las vinculaciones posibles de un lado y de otro, a grupos extremos de derecha o de izquierda, y todos los que estén involucrados deben ser castigados”.
El diputado masista Jorge Silva opinó que el documento carece de “todo valor” y que, al mencionar al Jefe de Estado, al Vicepresidente y al ministro Quintana, la carta podría provenir de “la ultraderecha para distraer a la opinión pública. Podría ser también una broma o una distorsión de la ultraderecha”.
Detalles
PETER BALAZS, canciller de Hungría, declaró en Budapest que por ahora no hay pruebas creíbles de que un grupo formado por húngaros y otros europeos intentara asesinar al Presidente boliviano.
MARIO URIBE, fiscal general del Estado, señaló en Sucre que una investigación internacional sobre la denuncia de terrorismo carecerá de fundamento legal.
RAMÓN SANTOS, embajador de España en Bolivia, ofreció ayer colaboración de los organismos de seguridad de esa nación europea en la investigación sobre el caso de terrorismo.
CAROLINE DWYER, madre del fallecido Martin Dwyer, el irlandés de 24 años fallecido el jueves 16 en Santa Cruz, comentó que las acusaciones de que su hijo participaba en un grupo terrorista son “absolutamente absurdas. Es imposible que Michael haya estado implicado en un cosa de este tipo”.
MARTIN DWYER, pariente del muerto, dijo: “Decía que había un hombre rico allí que él frecuentaba. No dio más detalles sobre quién era, ni nada más” ni para quién pudo haber trabajado como guardaespaldas.
MAGYAROSI ÁRPÁD, el rumano de origen húngaro abatido el jueves 16 en Santa Cruz, fundó, según los diarios de Rumania, un grupo paramilitar. Un tío del presunto terrorista dijo que “a su madre le gustaban las fiestas, y descuidó a sus hijos. No me extraña que el chico entrara en un grupo extremista”.
JOHNNY AGUILERA, investigador policial del caso, explicó que existe un contrato firmado por autoridades de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) y el fallecido Eduardo Rózsa Flores para la provisión del servicio de internet en el stand de la compañía en el campo de la feria exposición de Santa Cruz.
JOSÉ MIGUEL SANDÓVAL, del club de jugadores de airsoft, denunció ayer que dos de los socios de la entidad corren el peligro de perder sus puestos de trabajo a causa de haber sido denunciados como presuntos terroristas paramilitares.
EDUARDO PAZ VARGAS, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), informó que junto con la Confederación Agrícola del Oriente (CAO) prepara un informe sobre el campo ferial del que ambas entidades son propietarias.
“Rada se equivocó”
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, admitió que el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, se equivocó al presentar públicamente la fotografía de un presunto grupo irregular supuestamente entrenado por Eduardo Rózsa.
Rada hizo la aseveración el miércoles en la noche en una entrevista concedida al programa No mentirás, difundido por la red PAT, y el jueves pidió a la Fiscalía que convoque a declarar a las ocho personas que posan en el retrato, algunas de ellas con ropa militar camuflada y portando armas.
Los aludidos aclararon en diferentes medios de comunicación que son jugadores de airsoft y que las armas son réplicas de juguete.
San Miguel insistió en que el grupo debe ser investigado. “Hay que indagar con profundidad qué significa el entrenamiento militar con armas que no disparan, hay que investigar a fondo a cada una de las personas que están en esa fotografía. Hay que investigar, si no tienen nada que ver, lo dirá la justicia, si tienen algo que ver con toda esta organización criminal, también la justicia debe decidirlo”.
Entretanto, Rada aseguró ayer por la mañana que el Gobierno no descansará hasta identificar a quienes posibilitaron la presencia del grupo irregular en el país.
“En los siguientes días se procederá a identificar a las personas que trajeron, pagaron y contrataron a terroristas para que vengan a Bolivia a dividir nuestro país y sembrar violencia y muerte”.
Indicó que los organismos de inteligencia del Estado continuarán con su tarea de investigar otras redes de conexión de la “célula de terroristas” desarticulada en Santa Cruz.
Rada formuló esas afirmaciones en la posesión de autoridades de su Ministerio.
Club pone un recurso
Defensa: el embajador húngaro Mathyas Jozsá y el abogado Rigoberto Paredes conversan anoche en La PazLas ocho personas que aparecen en la fotografía que mostró el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, como una prueba de la presencia de terroristas y que resultó ser un grupo de airsoft, pasatiempo que simula combate con armas, sentaron un recurso legal de acción de libertad a la Corte Superior de Justicia en contra de la Fiscalía de Distrito de La Paz y de Rada, para afianzar sus garantías constitucionales.
Así lo hizo conocer Juan Mario Teodovich, uno de los afectados por la denuncia. “Hicimos llegar el pedido a las 17.00 y según la norma debemos tener una audiencia para saber el resultado hasta dentro de 48 horas”.
Antes, según Teodovich, fueron recibidos en la Fiscalía de Distrito, donde hicieron conocer su situación respecto de sus actividades y el motivo por el que aparecen en la fotografía en cuestión.
Allí, el fiscal Hugo Iquise, en representación del fiscal de Distrito, Jaime Soliz, les otorgó las garantías necesarias para preservar sus derechos constitucionales, según refirió Teodovich.
Aun así, y tomando en cuenta las declaraciones de Rada, quien la tarde del miércoles señaló haber presentado un memorial ante el fiscal que investiga el supuesto caso de terrorismo, para que las personas que reconocieron en la mencionada fotografía sean convocadas a declarar.
Teodovich aseguró haber sido informado de que tal solicitud no existe y tampoco hay ninguna denuncia en contra del grupo en la sede del Gobierno. Pese a ello, y para reafirmar tal situación, realizan las gestiones jurídicas necesarias para cubrir toda contingencia.
En la ciudad de La Paz, el investigador del Ministerio Público paceño, Johnny Aguilera, reiteró que no recibió instrucciones del fiscal Marcelo Soza para emprender acciones en contra de las ocho personas.
Érick Iván Ergueta Montero, Carlos Andrés Sandóval Bleyer, Juan Carlos Abaroa Bleyer, Pedro Álvarez Fernández, Juan Mario Teodovich Monje, José Miguel Sandóval Bleyer, además de otras dos personas, son quienes aparecen en la toma expuesta por el ministro Alfredo Rada a los medios de comunicación.