Uno de los errores más graves en los que suelen incurrir los gobiernos es la negación de los problemas, en lugar de asumir su existencia y encarar las acciones correspondientes para el saneamiento de la situación.
La administración de Evo Morales parece haber incurrido con creces en esa conducta negacionista, al empeñarse en desconocer las múltiples señales de los últimos años sobre la penetración de cárteles internacionales del narcotráfico en territorio boliviano.
Citemos, por ejemplo, el reportaje de Univisión sobre el paso por Bolivia del capo narco mexicano “Chapo” Guzmán.
O la información que presuntamente conocía el ex ministro de gobierno, Sacha Llorenti, sobre los vínculos de funcionarios de Estado con los cárteles, y que sin embargo no se tradujo en medidas de combate contra esas organizaciones y sus asociados.
O, por si lo anterior fuera poco, las declaraciones de la canciller colombiana María Ángela Holguín, sobre la migración de los cárteles de su país hacia Bolivia.
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Ahora, tras años de desmentidos, a regañadientes el gobierno no tiene más remedio que admitir la «posible» presencia de las narco-mafias, pidiendo a la fiscalía que se investigue el tema y evidenciando el fracaso de la política de negación.
Se impone la urgencia de un giro en la política antidrogas, cambio que un gobierno que tiene fuertes lazos estructurales con la producción de coca no se atreve a impulsar…