Proceso. La suspensión se debatirá en el plenario.
El recurso de extinción del juicio que presentó el gobernador Rubén Costas en el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal está dirigido a dejar sin efecto la acusación formal que introdujo en su contra la Fiscalía del Distrito y, con esto, paralizar el debate sobre su suspensión de funciones, que se anuncia para la próxima semana.
Defensa. El abogado Cardozo solicitó el jueves la extinción del proceso judicial que enfrenta el gobernador Costas.
El abogado Richard Cardozo, representante del gobernador, dijo que presentó un memorial en el que pide la extinción del proceso iniciado en 2009 por el contralor del Estado y ex diputado masista, Gabriel Herbas, porque el juicio cumplió tres años y no hubo avances, razón por la cual se debe archivar el juicio.
Costas es acusado por los supuestos delitos de malversación, conducta antieconómica y de dictar resoluciones contrarias a la Constitución por convocar al referendo por el Estatuto en el que se invirtió Bs 10 millones.
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Según Cardozo, el juez Sexto de Instrucción en lo Penal, Juan José Zubieta, deberá resolver la petición en un plazo de tres días. Ese tiempo fenece el martes.
En el escenario político, la alianza oficialista Verdes y Frente Amplio (MNR-APB) buscan mantener el pacto con los indígenas, ya que este último bloque presentó un informe sobre el caso.
Por ello, el jefe de bancada de Verdes, Hugo Limón, dijo que la existencia de dos informes del oficialismo sobre el caso Costas no pone en peligro la alianza y prueba de ello es que se mantienen las reuniones de coordinación entre las tres bancadas.
Se prevé que los informes del oficialismo, además del que presentó el masista Edwin Muñoz, ingresen el martes o miércoles al plenario. Los legisladores se deben pronunciar sobre la suspensión del gobernador, siempre y cuando no haya una decisión judicial.
Al respecto, el secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, dijo que la petición de la extinción de la acción es porque a tres años del inicio del proceso no se pudo demostrar la culpabilidad de los acusados.
El Deber, Santa Cruz