30 años de democracia en Bolivia y surge la amenaza de cárcel a periodistas


La Sociedad Interamericana de la Prensa califica el proceso judicial a 3 medios de Bolivia como un “ejemplo de intolerancia” del gobierno de Evo Morales que “parece tener la intención de censurar y provocar autocensura”

Juicios buscan intimidar, afirma la SIP

Protesta. La Sociedad Interamericana de la Prensa califica el proceso judicial como un “ejemplo de intolerancia” que “parece tener la intención de censurar y provocar autocensura”

imageRechazo. La movilización de los periodistas cruceños, el miércoles, anunció nuevas medidas para dejar sin efecto el juicio.



EL DEBER /Agencias

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró que la demanda penal del Gobierno boliviano contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos Página Siete y El Diario, por el supuesto delito de ‘incitación al racismo’, es un acto de intimidación, censura y precedente negativo para la libertad de expresión en el país.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gustavo Mohme, expresó que “este proceso judicial es un ejemplo de intolerancia y un precedente negativo que pareciera tener la intención de censurar y provocar autocensura en la prensa” boliviana.

El Gobierno nacional acusó a los tres medios señalados por “difusión e incitación al racismo o a la discriminación, delito amparado en la Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, promulgada en 2010.

Mohme, director del periódico peruano La República, que encabezó una delegación internacional de la SIP a Bolivia ese año, recordó que la organización ya había advertido que los artículos 16 y 23 de la norma antirracismo incurrían en serias restricciones a la libertad de prensa por su ambigüedad, al responsabilizar a los medios por difundir expresiones o ideas racistas o discriminatorias.

Las movilizaciones de periodistas y de trabajadores de la prensa de Bolivia tuvieron una amplia difusión en los medios informativos del planeta. El Nuevo Herald, de Miami (EEUU), hizo eco de este hecho con el titular Prensa boliviana rechaza demanda penal del Gobierno.

El diario español ABC acompaña su nota informativa con un video en el que, además de mostrar la protesta de periodistas, difunde el polémico discurso del presidente Evo Morales. ABC señala que es "la primera demanda en 30 años de democracia presentada por el poder político contra un medio".

Entre tanto, Voice of America  informó sobre una "polémica demanda a medios por racismo”, radio Nederland de Holanda colgó en su portal web una noticia titulada Bolivia: Periodistas reinician movilizaciones y la australiana SBS relata que los periodistas bolivianos se movilizaron en rechazo a la acción judicial.

Senador del MAS pide mesura

El senador Eduardo Maldonado, del Movimiento Al Socialismo (MAS), opinó ayer que no corresponde la demanda del Gobierno contra la ANF. "Yo creo que, en el ánimo de procurar restablecer una relación sana, fraterna, entre quienes detentan circunstancialmente el poder y los medios de comunicación, lo que debería suceder en las próximas horas es una rectificación, una aclaración de parte de los medios respecto a los titulares que han sido cuestionados y espero sinceramente que también, desde las autoridades de Gobierno, dejar sin efecto estas demandas", declaró el parlamentario.

Ayer, la bancada de Convergencia Nacional (CN) informó de que envió una carta a la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, solicitándole que una comisión especial requiera al Gobierno que respete las normas internacionales “que fueron adoptadas a través de la ratificación de los diferentes instrumentos internacionales sobre derechos humanos”.

En el caso de la ‘violación’ a la libertad de expresión, la oposición hace referencia al proceso penal que instauró el Gobierno ante el Ministerio Público contra la ANF, Página Siete y El Diario.

Sobre el tema   

– Mensaje. El obispo de El Alto, monseñor Jesús Juárez, enfatizó la "valentía y calidad" del servicio informativo de la ANF y pidió no tratar "de cortar las alas" de Página Siete, además de recordar la labor de El Diario. "No entremos en acciones peligrosas donde la justicia pueda convertirse en lamentable injusticia sometida a otros intereses políticos", dijo.

– Académico. El director de la Academia Boliviana de la Lengua, Mario Frías Infante, afirmó que la diferencia entre el adjetivo flojo y el sustantivo flojera no es significativa y que, por el contrario, flojera es “menos duro” que flojo. "Al poner ‘son flojos’ es una condición permanente; en cambio, al poner ‘por flojera’, la flojera sería por una causa temporal”, indicó.

Tras 30 años de democracia surge la amenaza de cárcel

Página Siete advierte riesgo para periodistas. Pugna. La Fiscalía solicita a medios grabaciones de la declaración del presidente Morales, que según el gobierno fue tergiversada.

image El Día, 31 de Agosto, 2012

Ref. Fotografia: Al frente. El sacerdote jesuita español de 90 años, José Gramunt, es demandado. Es premio Libertad.

El director del periódico paceño "Página 7", Raúl Peñaranda, dijo ayer que después de 30 años de haber recuperado la democracia en Bolivia, el actual gobierno ha iniciado un juicio contra tres medios de comunicación, la Agencia de Noticias Fides y los periódicos  paceños Página 7 y El Diario, en busca  de cárcel para los periodistas.

Peñaranda señaló que la acusación del Gobierno "no tiene ninguna base" y la justicia no puede juzgar un supuesto delito de prensa por la vía penal, algo que sería inédito en 30 años de democracia. "Nunca habíamos tenido acusaciones penales contra periodistas, esta es una práctica propia de las dictaduras", subrayó.

Bolivia recuperó la democracia en el año 1982 luego de derrotar a la dictadura del militar Luis García Meza. Peñaranda hizo referencia a que el delito de incitación al racismo y la discriminación, tipificado en el artículo 281 del Código Penal, establece penas de 3 a 6 años de prisión.

Responsabilidad. Peñaranda se declaró "responsable legal" de la nota publicada el pasado 16 de agosto y pese a responder al requerimiento de la fiscal Rodríguez, que inquirió quién es el responsable de la nota sobre el polémico discurso del Presidente, dijo que la carta enviada por él "no le reconoce competencia alguna".

Asimismo, al responder este jueves al requerimiento que le remitió la Fiscalía para que informe sobre los responsables legales de la empresa, el director de la ANF, José Gramunt de Moragas, de 90 años, dijo que no reconoce competencia alguna a la vía ordinaria y se declaró  único  “responsable legal” de la nota informativa que motivó la denuncia. El director del periódico El Diario, Antonio Carrasco, no contestó ayer a la fiscal.

Atiende 1.200 casos. La fiscal Susana Rodríguez,  quien maneja el proceso, reveló este jueves que atiende 1.200 casos. “Este caso (contra tres medios escritos) es uno más", dijo a los periodistas y agregó que la investigación se hará bajo el Código de Procesamiento Penal y no descartó llamar a declarar al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. También está pidiendo a otros medios como la Red ATB, Bolivia Tv y Red Unitel, copias de las declaraciones grabadas del Presidente.

Hubo tergiversación. Por su parte, la Viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, ratificó ayer que los tres medios "incitaron al racismo y a la discriminación", al distorsionar una declaración del presidente del Evo Morales.

"El Presidente en ese discurso se incluyó él mismo, cuando dijo, solo por flojos podemos hambrear en el oriente".

El penalista Carlos Subirana sugirió ayer que los medios denunciados deberían apelar a sus organismos autorregulatorios y pedir la inhibitoria de la fiscal. Y si éstos dan un fallo adverso, el pedido de rectificación es un derecho constitucional que le asiste al Presidente. Así cerrarían el caso.

Ruta del juicio a los 3 medios

1. Causa. El Gobierno dice  que la Agencia de Noticias Fides y los periódicos paceños El Diario y Página 7 sustituyeron la palabra flojos por flojera, cuando el presidente Evo Morales se refería a Santa Cruz en un discurso del 15 de agosto.

2. Juicio.  El Gobierno planteó un proceso penal en la justicia ordinaria por difusión e incitación al racismo. y la discriminación tipificados en el art. 281 del Código Penal que establece penas de 3 a 6 años de prisión.

3. Citación. El caso fue tomado por la fiscal Patricia Rodríguez quien ha pedido individualizar a los representantes o responsables legales de los tres medios para llamarlos a declarar y entre 20 a 90 días decidir.

1. Justificación. La agencia Fides y los periódicos negaron haber tergiversado al Presidente. La Academia de la Lengua de Bolivia, a decir de su representante, Mario Frías, dijo ayer que "si hay flojera, hay flojos y no existe ninguna distorsión".

2. Periodistas. Los representantes de los tres medios alegan que no cometieron ningún delito penal y que corresponde el procesamiento del caso por un jurado del Tribunal de Imprenta.

3. La Autorregulación.  El abogado Carlos Subirana sugirió ayer que el caso no debería ir a Tribunales de Imprenta sino que previamente debe ser sustanciado por medio de los tribunales de ética que tiene el gremio de la prensa.

Senador convoca a los medios a debatir sobre la Ley de Imprenta

Legislativo. El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), David Sánchez, convocó ayer  a los medios de comunicación a debatir mecanismos sobre el trabajo periodístico y político en el país.

Asimismo, consideró imperativa la necesidad de revisar el trabajo de autorregulación de los medios, la actualización de la Ley de Imprenta, el desempeño de los tribunales de ética periodística y la evaluación de los procesos a medios de comunicación.

"La convocatoria también servirá para mejorar la Ley de Imprenta que va a cumplir 100 años, y ver si necesitamos cambiarla", dijo./ABI

CPJ afirma que el Gobierno debe desistir de los procesos

Página Siete / La Paz – 31/08/2012

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que demanda a las autoridades bolivianas “desistir de inmediato” de las demandas penales presentadas contra tres medios de comunicación bolivianos que informaron sobre un polémico discurso del presidente Evo Morales.

“Es lamentable que el Gobierno boliviano haya presentado una demanda penal contra El Diario, Página Siete y ANF simplemente por haber informado sobre los comentarios formulados por el Presidente”, dijo desde Nueva York Carlos Lauría, coordinador principal del programa de las Américas del CPJ.

“La prensa no debe ser responsabilizada por una polémica iniciada por el propio Presidente. La utilización de una demanda por racismo contra la prensa puede producir un efecto inhibidor que coartará el debate sobre temas vitales (en el futuro)” añadió Lauría según un boletín de prensa del CPJ.

En su discurso del 15 de agosto, Morales se refirió a la seguridad alimentaria en Tiwanaku e indicó: “En el oriente boliviano, donde todo el año se produce, yo digo solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimento, mientras en el altiplano es diferente: si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimento, es una verdad eso, pero en el oriente no, sólo por flojos podemos hambrear”.

El CPJ es la segunda entidad internacional que critica los juicios penales contra los periodistas bolivianos. La primera fue Reporteros Sin Fronteras (RSF), una entidad basada en Francia. Esta institución pidió el miércoles al Gobierno boliviano retirar las denuncias contra los tres medios.

RSF indicó que los medios tienen derecho “a cuestionar el aspecto equívoco y torpe” de las declaraciones del Presidente boliviano y añadió que “no tienen fundamento las denuncias contra los medios afectados” y que la perspectiva de los juicios es “absurda”.