Bolivia arriesga su imagen por acusaciones de DDHH. Irlanda, Hungría y Croacia están en su derecho de pedir información. Gobierno no deja que organismos extranjeros coadyuven en las pesquisas
Conalcam. Evo Morales presidió la reunión con los movimientos sociales que se realizó ayer enCochabamba
El Gobierno cierra la posibilidad de que organismos extranjeros coadyuven en las pesquisas. Opositores y analistas hablan de un grave error que tendrá sus costos. El caso será llevado por otro juez
Henrry Ugarte A. | El Deber
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El presidente de la República, Evo Morales, no admite otra idea de que el terrorismo era la práctica que ejercía en el país Eduardo Rózsa y otros cuatro extranjeros. Pero, además, el jefe de Estado ratificó en su cargo al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, y cerró toda posibilidad para que organismos extranjeros coadyuven en la investigación del proceso.
En una reunión sostenida ayer en Cochabamba con los líderes de los movimientos sociales, el Presidente afirmó que el ministro de Gobierno, que mostró de forma apresurada una fotografía equivocada sobre presuntos terroristas, no será alejado del Ejecutivo porque es hombre de confianza de su entorno. «No lo voy a alejar, va a seguir siendo ministro de Gobierno. Ministros fuera, cuando no gozan de mi confianza o hay pruebas contra ellos», sentenció.
Antes de la reunión de Cochabamba, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, adelantó que Morales decidió no permitir que los organismos internacionales participen en las pesquisas.
Ayer, el Presidente se refirió también a la posibilidad de que la presunta banda terrorista internacional desarticulada la semana pasada en un operativo policial en Santa Cruz quiso atentar contra su vida, como él mismo denunció. «Yo no tengo miedo, aunque sé que el pueblo no quiere héroes, quiere vivos para que sigan trabajando para el pueblo boliviano», afirmó el mandatario.
Para el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Óscar Urenda, la declaración de Quintana y Morales sobre las acciones del grupo de Rózsa y sus amigos es apresurada, porque todavía no hay resultados de las investigaciones. “Debería dejar que la Fiscalía, la Policía y la comisión de diputados realicen su trabajo”, señaló.
Sobre la ratificación de Rada, Urenda cree que “es otra muestra del capricho del Presidente de mostrar un gabinete que lo hace quedar mal a nivel interno e externo”.
En el tema de las investigaciones, el ministro Quintana fustigó el viernes al presidente del Senado, Oscar Ortiz, por defender públicamente el terrorismo que remece al país. «Con una elegancia proverbial, Ortiz se ha dedicado a defender a ultranza los actos ilegales. Con una sutileza bastante astuta, trata de empañar las investigaciones que está llevando adelante la Fiscalía», criticó la autoridad.
EL DEBER buscó ayer a Órtiz, pero en su oficina de prensa informaron de que el senador viajó a Chile.
Según la opinión del analista político, Fernando Untoja, con la politización del caso de supuesto terrorismo y magnicidio, el MAS ha logrado dos cosas importantes: recomponer y unificar algunas facciones internas que estaban descontentas, y el Presidente se ha mostrado como víctima ante la comunidad internacional, que una vez más lo ha respaldado como el líder indígena que lleva adelante un proceso de cambio en Bolivia.
Entre tanto, la Comisión especial Multipartidaria conformada por diputados de las cuatro fuerzas políticas del Congreso llegará mañana a Santa Cruz para investigar el supuesto caso de terrorismo.
«Se invitará a expertos con conocimiento de armas y bombas, esencialmente que sean de Santa Cruz y si en ese departamento no tienen expertos, se llevará a personal de La Paz», dijo ayer el presidente de esta comisión, César Navarro (MAS).
El trabajo de la comisión comenzará a primera hora del lunes con una inspección técnica ocular en el stand que alquila Cotas en la Feria Exposición de Santa Cruz.
Recusan a jueza y se llevan a Árpád
La defensa del ciudadano húngaro, Elöt Tóásó, detenido y acusado de terrorismo por el Ministerio Público, recusó a la jueza Séptimo de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez, por haber convocado una audiencia cautelar supuestamente sin haber notificado a las partes.
Ayer, los supuestos terroristas detenidos preventivamente en la cárcel de San Pedro, Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadic, fueron trasladados de forma sorpresiva al juzgado Séptimo cautelar donde se instaló una audiencia de anticipo de prueba, en la cual Yañíquez debía presentar un supuesto testigo que involucra a los detenidos.
Sin embargo, el abogado de Tóásó, Rigoberto Paredes, denunció que la jueza Yañíquez, a la cual recusó, trató de llevar adelante una audiencia ilegal ya que no fueron notificados ni tenían conocimiento de dicho acto judicial, que, según aseguró, debía haber sido el martes 28 de abril. Yañíquez dijo por su parte que determinó excusarse del proceso a raíz de una denuncia verbal en la que la acusaron de tener interés en el caso.
Entre tanto, el abogado Juan Carlos Becerra, encargado de realizar los trámites para el traslado del cadáver de Magyarosi Árpád, húngaro que fue abatido por la Policía en el hotel Las Américas junto a Eduardo Rózsa y Michael Dwyer, señaló que el cuerpo del extranjero será repatriado a Budapest el próximo martes.
Para hoy se espera la llegada de emisarios europeos que tienen residencia en Lima, Perú.
El Gobierno quiere tapar sus errores
Carlos Cordero / Analista político
Con la decisión de ratificar al ministro de Gobierno, pero sobre todo de cerrarse a la ayuda internacional para investigar y esclarecer los hechos sucedidos en Santa Cruz, da la impresión de que el Gobierno está tratando de encubrir un error.
Más allá de los detalles periciales y de los ataques políticos entre oficialistas y opositores, lo que ya es muy notorio es que hubo un error de las fuerzas de seguridad del Estado y finalmente del propio ministro Alfredo Rada.
Pero también se ve un detalle contradictorio, porque hasta hace poco el Gobierno pedía y permitía la ayuda de organismos extranjeros, como el caso Unasur y los hechos de Pando, por ejemplo, pero resulta que ahora no es buena ni conveniente la participación foránea para aclarar los hechos.
Esta decisión del Gobierno no se va a quedar ahí. Tendrá su costo a nivel interno y externo.
En lo interno, la pugna política será cada vez más dura, pero en lo externo, y aquí está lo más grave, la comunidad europea va a comenzar a desconfiar de Bolivia. Esto se verá reflejado sobre todo en la cooperación que pueda venir de los países de Europa.
Recordarán el comportamiento hostil con Estados Unidos y dirán que Bolivia tampoco es cuidadosa con países amigos del Viejo Continente.
La Feria era un objetivo estratégico
Investigación. El stand que ocupa Cotas servía como centro de análisis y operación política de los sectores autonomistas. El Gobierno cree que allí se elaboró un supuesto plan terrorista
Hallazgo. El jueves 16, la Policía anunció el decomiso de un arsenal en el stand que ocupa Cotas en la Feria Exposición
Leopoldo Vegas | El Deber
El stand que ocupa Cotas en la Feria Exposición, se había convertido en un ‘objetivo estratégico’ para el Gobierno y los opositores. Para los dirigentes autonomistas era el centro de reuniones de análisis electoral y coyuntural; para el Ejecutivo, en este espacio se encontraba toda la información de un supuesto plan terrorista, dirigido a atentar contra el Presidente y a promover la secesión del país.
Representantes de los sectores cruceños admiten que durante el allanamiento policial realizado la madrugada del jueves de la semana pasada, cuando supuestamente se encontró un lote de armas, los agentes del Estado se llevaron varias computadoras que contenían información referida a los referéndums por el Estatuto Autonómico, al revocatorio del mandato del Presidente y el ratificatorio de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, descartaron que desde la región se estuviera fomentando planes desestabilizadores.
Por su lado, el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, informó de la incautación de cinco computadoras, pero no especificó si alguna de ellas fue retirada de la Feria Exposición o si todas las obtuvieron durante el operativo efectuado en el hotel Las Américas, donde fueron abatidos a tiros los supuestos terroristas Eduardo Rózsa, Magyarosi Árpád y Michael Dwyer, mientras que Elöd Tóásó y Francisco Tadic fueron detenidos.
La versión de que el stand de Cotas se había convertido en un centro de procesamiento de datos políticos y de análisis de resultados electorales fue ratificada por fuentes de la Prefectura, pero según ellos, el lugar era ocupado por una empresa de marketing y estrategias políticas denominada New Link, que fue contratada por sectores autonómicos para promover la campaña en favor de la autonomía por todo el país.
El diputado por Podemos y ex presidente de la Asamblea pre Autonómica, Carlos Pablo Klinsky, declaró que conocía la existencia de la empresa New Link, que originó la creación de un equipo de trabajo denominado La Torre, que diseñaba las estrategias políticas de campaña para los referéndums y cabildos. Lo que no confirmó era si tenía una base de operaciones en la Feria.
De acuerdo con las fuentes prefecturales consultadas, que prefirieron mantener el nombre en reserva, las dos oficinas de La Torre, en las que se definían estrategias políticas y se establecían las líneas de comunicación, funcionaban en el barrio Equipetrol, mientras que el centro de cómputos y de operaciones tenían su base en los predios del parque ferial.
“Todo el mundo sabía que el centro de operaciones del movimiento autonómico estaba en la Feria Exposición. La gente que necesitaba poleras, banderas y otros materiales de campaña acudía a ese lugar. Todas las actividades eran lícitas, nunca se incurrió en hechos reñidos con la ley”, señaló Klinsky.
Otras fuentes vinculadas a la institucionalidad, que también prefirieron mantener la identidad en reserva, dijeron que en La Torre se produjo una ruptura cuando los campesinos armados, afines al Gobierno, amenazaron con cercar a Santa Cruz. Un sector de la cruceñidad apostaba por mantener la línea de la legalidad y la democracia, mientras que otro se inclinaba por la resistencia armada. Esta diferencia también provocó un distanciamiento entre algunos de los dirigentes.
“Escuché al prefecto (Rubén Costas) y al presidente cívico (Branko Marinkovic) que pedían que mantuviéramos la calma, pero yo, particularmente, asumí el discurso de que debíamos defendernos”, señaló Klinsky, sin especificar el lugar donde se produjo el debate.
Sin embargo, para el Gobierno la historia es otra. El vicepresidente García Linera declaró el domingo de la semana pasada en el programa El pueblo es noticia, que se transmite por el canal estatal, que la Feria Exposición se había convertido en el centro de reuniones de algunos empresarios y dirigentes de la extrema derecha que conspiraban contra el Gobierno y alentaban a las células terroristas.
Incluso, el Vicepresidente aseguró que, de acuerdo con investigaciones realizadas por Inteligencia de la Policía, algunas autoridades y empresarios de Santa Cruz sostuvieron encuentros en el predio ferial con los tres supuestos terroristas abatidos a tiros en el hotel Las Américas el jueves en la madrugada, el mismo día en que presuntamente se encontraron las armas en el stand de Cotas.
Según el dignatario de Estado, es necesario establecer quiénes o quién financió la estadía en Bolivia de los supuestos terroristas, porque estuvieron alojados en hoteles de categoría, paseaban y disfrutaban. “De algún lado tenían que recibir dinero”, indicó.
“Ése es un montaje burdo, un show”, retrucó el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, el mismo día en que el Gobierno anunció el hallazgo de ‘un arsenal’ en el stand que ocupa la cooperativa de telecomunicaciones.
Las posiciones
Lo que dicen los autonomistas
– Demócratas. Nunca existió un plan para asesinar al Presidente de la República ni para promover el separatismo. Sólo hubo campañas democráticas en favor de la autonomía.
– Público. Según algunos voceros, las personas involucradas en la campaña tenían conocimiento de que en los predios de la Feria Exposición funcionaba un centro logístico para la campaña.
– Aportes. La mayoría de los empresarios y personas particulares aportaron con dinero y con trabajo en la promoción del proceso autonómico. Se descarta el financiamiento a grupos de supuestos terroristas y para la adquisición de armas.
– Legalidad. Una empresa de comunicación fue contratada para la estrategia y difusión de los mensajes autonomistas.
– Alerta. Algunos sectores temen que el Gobierno manipule la información que contienen las computadoras que fueron incautadas.
Lo que dice el Gobierno
– Sospechas. Según el Gobierno, algunos empresarios cruceños participaron en la elaboración de un supuesto plan para acabar con la vida del Presidente de la República y para promover la separación de Santa Cruz.
– Búnker. El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, aseguró que la Feria Exposición funcionaba como un centro de operaciones y de reuniones entre los supuestos terroristas y algunos ‘malos empresarios’ que planeaban un magnicidio.
– Recursos. Para el Gobierno, es fundamental establecer quién o quiénes financiaron el grupo de supuestos terroristas que se trasladó de hotel en hotel durante el tiempo que operaron en Santa Cruz.
– Contrato. Los gobernantes no descartan que algunos sectores cruceños hubieran contratado mercenarios para cumplir con los planes separatistas.
– Caso. El Ejecutivo asegura que la investigación del Ministerio Público será imparcial.
Para saber
– Informática. El stand que ocupa Cotas en la Feria Exposición fue utilizado como centro de análisis de datos y de seguimiento a los resultados de los referéndums porque es el mejor equipado tecnológicamente, informaron fuentes de la Prefectura.
– Confraternización. El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, dijo que un grupo de empresarios cruceños se reunió y compartió un churrasco con los supuestos terroristas, días antes de que éstos fueran abatidos en el hotel Las Américas.
– Cautela. Representantes de algunos sectores temen que en alguna de las computadoras figuren los nombres de las personas que aportaron económicamente para las campañas por el Estatuto Autonómico, por la revocatoria del mandato del Presidente y por el No a la Constitución.
Bolivia arriesga su imagen por acusaciones de DDHH
Caso. Irlanda, Hungría y Croacia están en su derecho de pedir información
C. Delgado y C. Siles
El caso de tres ciudadanos extranjeros muertos y dos detenidos en un operativo policial que utilizó como argumento presuntos nexos de estos individuos con magnicidio y secesión, ha puesto a Bolivia ante un tema complicado, que coloca en juego su prestigio internacional en el manejo de asuntos delicados, como terrorismo y derechos humanos.
Ex cancilleres y entendidos en asuntos diplomáticos no descartan que el tema pueda llegar a estrados judiciales internacionales, si las investigaciones demuestran que no hubo enfrentamiento con los individuos, sino que fueron ejecutados.
En el operativo, realizado el pasado 16 de abril, resultaron abatidos Jorge Eduardo Rózsa (húngaro-boliviano), Magyarosi Árpád (húngaro-rumano), Michael Martin Dwyer (irlandés), mientras que Mario Francisco Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (rumano-húngaro) fueron apresados.
“Las actuaciones que tenga el Gobierno en este tema van a servir para medir el prestigio que tiene Bolivia. Estamos ante la posibilidad de mostrar que somos respetuosos del concepto internacional humanitario”, opinó el ex canciller Javier Murillo de la Rocha. Aclaró que, mientras más transparente sea el Gobierno boliviano al realizar una investigación imparcial de los hechos y en tanto tenga informados a los representantes de los países involucrados sobre el curso de estas indagaciones, la imagen del país estará mejor proyectada.
Bolivia tiene relaciones con estos países en el marco de las Naciones Unidas. Además, tienen embajadas concurrentes, por lo que sus representantes han llegado para conocer de cerca lo sucedido y han solicitado al ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, información oficial sobre las circunstancias en las que se produjeron los hechos. Incluso, el embajador de Hungría en Argentina, Mátyás Józsa, se animó a decir que no cree que su compatriota Elöd Tóásó sea culpable.
El diplomático de carrera y ex canciller, Agustín Saavedra Weise, explicó que si bien el Estado boliviano es soberano, el hecho de que la comunidad internacional o naciones específicas pidan información o muestren interés sobre este caso, no debe preocupar. “El tema no es que estén protegiendo a esos individuos por las acciones que pudieron tener. Ya lo dijo el embajador húngaro, el que sean o no terroristas, tendrá que comprobarse; antes que esto, son ciudadanos húngaros y les preocupa la situación (en la que fueron interceptados)”, manifestó. Saavedra no cree que esto pueda afectar en las relaciones diplomáticas, a no ser que se llegue a una escalada verbal o de tensiones.
Para Hugo Siles, profesional en Relaciones Internacionales, es vital la otorgación de información que sea requerida, porque los países tienen responsabilidad con sus ciudadanos, aún cuando sean supuestos terroristas.
El terrorismo, según Siles, es un tema de agenda mundial que ha motivado, en las últimas décadas, múltiples convenciones y tratados, en la necesidad de verlo desde la óptica de la cooperación internacional. “Lo único que no pueden hacer otros países es interferir en la investigación, cosa que no ha sucedido”, dijo.
El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Tito Hoz de Vila, indicó que el tema ha trascendido las fronteras bolivianas, por lo tanto considera normal que los países europeos, que tienen una cultura de seriedad y que protegen a sus ciudadanos en el exterior, pidan información de sus compatriotas. En este sentido, espera que el Ejecutivo permita que los países interesados en conocer la verdad puedan acreditar organismos policiales a escala internacional. “Es urgente que el tema sea investigado con una Policía que tenga credibilidad internacional, dado que en Bolivia esta institución depende del Ministerio de Gobierno, y éste ha politizado el tema y se ha contradicho en sus declaraciones”, enfatizó.
El ex vice canciller Fernando Messmer, aseguró que existen instrumentos internacionales que precautelan los derechos humanos y considera que ante las muertes ocurridas, puede que la versión de un ministro y unas cuantas fotos no sean una explicación fundada ni suficiente para los representantes de los países involucrados. “Si no hubo fuego cruzado y fue una ejecución, hay que saber que este término está contemplado en las convenciones internacionales y, a partir de ahí, si los países deciden llevar adelante el proceso, hay organizaciones como el Tribunal Penal Internacional o la Corte Internacional de La Haya, donde podrían hacer las denuncias correspondientes por violación a los derechos humanos”, agregó.
El presidente Evo Morales se encargó de divulgar internacionalmente el operativo que presuntamente tenía como fin atentar contra su vida. Lo hizo a su llegada a Venezuela, donde acudió para una reunión. Días después, cuando supo que tres países pedían información y una investigación internacional sobre el operativo, Morales amenazó con procesarlos, de ser posible; sin embargo, el pasado miércoles acabó aceptando la presencia internacional para investigar el caso de la supuesta banda de terroristas.
Las frases
«La diplomacia hoy no es secreta, es abierta. El Estado boliviano tiene la obligación de brindar la información »
Hugo Siles | Analista
«Bolivia, por su propio bien, debe realizar la más prolija, completa e imparcial investigación de los hechos»
Javier Murillo | Ex canciller
«El tema de los derechos humanos está en boga y puede que la versión de un ministro y unas fotos no justifiquen las muertes»
Fernando Messmer | Ex vice canciller
Politización de las pesquisas aumenta dudas en el público
Investigación. Temen que la indagación termine en un acuerdo negociado y que se diluya como en otros casos. Un analista ve cálculos en el MAS y un sociólogo habla de pérdidas
Protesta. La vestimenta camuflada de las damas cívicas fue una de las ironías que provocó la prueba del ministro Rada
Henrry Ugarte A. | El Deber
La ‘contaminación’ de las investigaciones, la politización del problema y el desconcierto de la gente sobre los hechos ocurridos en el hotel Las Américas de Santa Cruz, que en principio fueron justificados como el freno a las actividades terroristas, aumentan las sospechas sobre la posibilidad de un desenlace incierto que puede terminar diluyéndose en el tiempo por conveniencia del Gobierno o la oposición.
Periodistas, abogados penalistas y militares del servicio pasivo coinciden en que el peor error de todos los actores movidos por el Gobierno es la ‘contaminación’ del proceso investigativo, que ha provocado, además, que la oposición entre al juego del oficialismo para politizar el tema.
Según el periodista Marcelo Huanca, director regional de Radio Fides, lo que resalta en este hecho es la violación a los derechos humanos, por más que hayan sido terroristas. “Creo que hay algo de lo que señala el Gobierno, pero no en gran magnitud; sin embargo, lo grave de todo es la politización por parte del oficialismo y la oposición”, dijo.
De acuerdo con Huanca, el hecho de que la Policía entre en el hotel para matar a tres personas fue algo montado, porque denota que no hubo intención de detenerlos. “Lo más grave de todo todavía está por venir, porque con la politización del tema, dudo que se llegue a esclarecer totalmente, como sucedió con el caso Huanchaca”, señaló.
Para el periodista Mario Roque, del diario El Alteño, de La Paz, cada día surgen cosas nuevas en el caso, que hacen pensar que finalmente se impondrán las distorsiones. Encima, dice Roque, se conforma una comisión de diputados que no se justifica para nada porque se trata de un trabajo netamente judicial.
“Lo ideal es que no se contamine la investigación y dejen que los especialistas resuelvan el tema en los plazos que establece la ley. La serie de conjeturas apresuradas sólo aumenta la incertidumbre y hace recordar los casos inconclusos de Huanchaca, Amayapampa y Capacirca, ‘octubre negro’ de 2003 y Porvenir en Pando”, comentó Roque.
Según el periodista y abogado Bismarck Kreidler, antes de hacer comparaciones de términos como magnicidio, terrorismo, secesión o montaje, se debe buscar ayuda internacional porque Bolivia no tiene experiencia en este tipo de investigaciones de actos o personas supuestamente terroristas.
“Lo que hay es una distorsión porque se ve que el Vicepresidente y los ministros quieren confundir a la opinión pública sin que haya una investigación detallada y de laboratorio. Pero ahora también hay un condimento político, como la comisión de diputados, que puede echar por tierra el proceso”, advirtió Kreidler.
El abogado penalista Marco Peredo señala que no hubo magnicidio porque el Presidente está vivo y que, para que endilguen un intento de magnicidio, tendrían que demostrar que hubo un acto preparatorio para la ejecución del hecho; “hasta ahora nadie demostró nada”.
En el caso de la figura de terrorismo, según Peredo, existe algo similar al magnicidio del que habla el Gobierno, porque tendrían que demostrar que esas personas son autores de actos de terrorismo, y eso tampoco se ha probado, más allá del ataque a la casa del cardenal Julio Terrazas.
Según el general de Ejército Lucio Áñez, antes de mostrar pruebas fraguadas, el Gobierno debe asumir su responsabilidad de buscar ayuda para realizar una investigación seria y transparente que dé luces en vez de sombras. “Hay que buscar organismos competentes y creíbles porque está en juego la imagen del país a escala nacional e internacional. Adelantar versiones sin sustento técnico y ciéntifico sólo desprestigia a los bolivianos”, dijo Áñez.
Para el presidente cívico cruceño, Luis Núñez, pasar de la versión de magnicidio a terrorismo y secesión refleja la desesperación del Gobierno, porque ninguna de las tres acciones se han producido.
Relación de datos técnicos
– Magnicidio. Según el diccionario práctico de la Real Academia Española, magnicidio significa muerte dada violentamente a una persona muy importante por su cargo o su poder.
– Gobierno. En el encuentro previo a la Cumbre de las Américas, Evo Morales denunció ante Hugo Chávez que sus días estaban contados porque un grupo subversivo quería matarlo a él y tres ministros más.
– Terrorismo. Es el empleo de la violencia y el terror sobre una colectividad como forma de lucha política.
– Justificación. Después de que la Policía acabó con la vida de los tres supuestos terroristas, el Gobierno justificó la matanza señalando al grupo como una célula terrorista que quería liquidar al Presidente y a otras autoridades regionales, como el prefecto Rubén Costas.
– Secesión. Es la separación de parte de la población y del territorio de una nación.
– Versión. Utilizando como prueba la grabación de una entrevista a Eduardo Rózsa, en la cual supuestamente dijo que venía a Santa Cruz para organizar la defensa de la región y crear otro país, el Gobierno atacó a la institucionalidad cruceña apuntándola como la gestora del separatismo.
– Montaje. Es una acción preparada para hacer creer algo que no es verdad.
– Ataques. La respuesta de los líderes de oposición que viven en Santa Cruz es que todo fue montado para confundir a la población y amedrentar a los que quieran ser candidatos en las elecciones de diciembre; algunos detalles alimentan el ‘fuego cruzado’ entre oficialismo y oposición.
El temor cunde y la gente pierde
José Mirtenbaum / Sociólogo
Lamentablemente estamos incursionando en un espacio de terror y miedo, y además sobre la base de hechos que no han sido probados por ninguno de los dos lados en pugna, como son el oficialismo y la oposición.
Hasta ahora lo único concreto que se sabe es que hubo una balacera con tres de las cinco personas muertas. De lo demás nadie se ha enterado.
Hemos ingresado a un juego mediático donde la sociedad civil está pagando un precio cualitativo carísimo respecto al concepto de seguridad.
Se está insertando en el imaginario social toda una serie de ideas que en la realidad no tienen asidero, porque nadie tiene pruebas creíbles de lo que ha sucedido dentro y fuera del hotel donde sucedieron los hechos violentos; no hay transparencia en la información.
A la corta o a la larga la sociedad boliviana en su conjunto va a perder, porque si vamos a un conflicto mayor estamos acabados, ingresaremos en un espacio de irracionalidad total, y eso es muy peligroso.
El MAS se ‘victimiza’ pero nadie le cree
Fernando Untoja / Politólogo
La versión de magnicidio dada por el presidente Evo Morales fue para justificar dos cosas: un debilitamiento al interior del MAS y al mismo tiempo fue para presentarse al mundo como víctima, porque si bien la exportación de la imagen del indígena tuvo éxito por tres años, ahora la cosa es diferente. Con todo, se cumplió con el objetivo de conservar un posicionamiento a escala internacional. El detalle que dio Morales cuando dijo que sus días estaban contados, desveló que se había armado un escenario en Santa Cruz; es decir, que se produjo un montaje.
Hablar de terrorismo le ha permitido al Gobierno volver a posicionarse en el país, porque es evidente que si en el Gobierno hay ex terroristas, conocen bien las técnicas para hacer montajes de escenarios de terrorismo. En el fondo, en base a la violencia y a la violación de los derechos humanos, han querido montar una estrategia para realizar una intervención a Santa Cruz.
Piden control para juegos de guerra
Investigación. Ministro de Educación cree que inducen a la violencia
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, ve necesario un control estatal sobre los juegos que simulan situaciones de guerra y entrenamiento militar porque inducen a la violencia y, en algunos casos, predisponen a matar.
Según Aguilar, el Estado debe hacer un seguimiento de actividades como el paintball o el airsoft, que simulan combates con pintura, en el primer caso, y con pequeños proyectiles de plástico, en el segundo.
Estas declaraciones se producen tras la polémica abierta por una fotografía que el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, mostró como evidencia de la existencia de grupos armados en Santa Cruz. En esa imagen se veía a hombres vestidos con ropas militares de camuflaje y portando armas. Sin embargo, los protagonistas de esa fotografía acudieron a los medios para aclarar que son aficionados al airsoft, que las armas eran de juguete y que ellos no tienen relación con actividades delictivas.
A pesar de esas explicaciones, el Gobierno ha instado a este grupo a presentarse ante la Fiscalía para esclarecer el asunto.
Para la autoridad educativa, la práctica de juegos de simulación de combate es peligrosa porque incentiva a la violencia en los jóvenes y genera situaciones de masacre como las que se dieron en colegios de Estados Unidos y Europa. Asimismo, recordó que varias escuelas militares usaron ese método en el entrenamiento de soldados para evitar el uso de armas con balas y proyectiles reales. /EFE
Efectos políticos del suceso
Jimena Costas Benavides | Analista política
Si algo ha mantenido una línea coherente en el comportamiento del oficialismo y de la oposición regional en este periodo de gobierno, ese algo ha sido el cometer errores. Veamos algunos ejemplos.
El Presidente de la República y su tan recurrentemente cuestionado y duro “entorno palaciego” mantuvieron una estrategia política de confrontación desde el primer día, y sorprendentemente, aunque no ha tenido buenos réditos y, más bien, ha desgastado al Gobierno, siempre se ha mantenido. El presidente Morales empezó el mismo día de la posesión, el Vicepresidente ha hecho un uso cotidiano de la agresión, el ministro Quintana hasta puso epitafios y Rada llegó a culminar declaraciones con un “Patria o muerte” en pleno Gobierno democrático como producto del voto popular. Invitar al diálogo a la oposición tildándola de “genocida” no ha mostrado una honesta voluntad de resolver los problemas del país por la vía pacífica.
En política internacional, los errores han sido sistemáticos, el discurso presidencial ha traído al Gobierno más problemas internacionales de los que puede manejar, y de no ser la paternalista visión del “buen salvaje” de algunos o la pesada culpa colonial de otros, Bolivia ya habría roto relaciones no sólo con Israel, país que por cierto no tenía embajada en Bolivia ni siquiera antes de la “ruptura”. Sin embargo, al Presidente le gusta el show internacional, y hoy en día no es fácil acceder a la agenda mediática de las grandes redes; digamos que el bono Juancito Pinto no da para noticia internacional, pero el “intento de magnicidio” , sí.
Van tres veces que Evo Morales denuncia intento de magnicidio y hasta aquí nadie le tiró ni una cáscara de mandarina. Su credibilidad interna y externa está por el piso, pero el hecho concreto de tres muertos y de la negativa a dar explicaciones arguyendo que gente “como ésa” no merece defensa, ha plasmado a escala internacional la imagen de un hombre que no comprende qué es eso de los derechos humanos.
En lo interno, después del manejo confuso, manipulado y poco transparente –como el río Tahuamanu- de los sucesos de Pando, de la libertad de Georges Nava después del atentado en Yacuiba, de la supresión de firmas de los senadores del MAS en el informe de Catler-YPFB, del complaciente informe de Zavaleta sobre los 33 camiones, de haber olvidado a Urresti o a los muertos de La Calancha, ya es difícil creer en los fiscales paceños, que actúan en todas partes, y es imposible creer en ministros que hacen trabajo de Inteligencia en el Facebook.
Por su parte, la oposición regional tuvo una coherencia contundente en desaprovechar los errores múltiples del Gobierno, y en el mejor momento del movimiento autonomista la toma de instituciones dañó su imagen. La posible contratación de mercenarios para establecer estrategias de defensa provoca lo mismo. En Bolivia, la gente quiere bailar, hacer fiesta y preste, trabajar, producir y no tiene apoyo alguno la idea de combatir la confrontación y la violencia con violencia. Si Rózsa no mintió, otra vez se equivocaron.