Si Bolivia ajusta su demanda, Goni puede ser extraditado. El Gobierno de Evo Morales, tras el rechazo de EEUU a la solicitud de extradición del expresidente Sánchez de Lozada, alista una estrategia para pedir a la administración de Obama la revisión de su decisión o llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Gobierno apunta a que EEUU o la CIDH anulen decisión sobre Goni
Ante el rechazo de Estados Unidos a la solicitud de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el Gobierno alista una estrategia que apuntará a pedir a la administración de Barack Obama la revisión de su decisión o llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Razón / La Paz
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, hizo conocer la posición. “Vamos a agotar todas las instancias que reconoce el derecho internacional público”, anticipó, dos días después de que el presidente Evo Morales confirmó la decisión estadounidense sobre el pedido de extradición de Sánchez de Lozada, tramitada desde 2007.
Mientras tanto, el vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, aseguró que lo sucedido no significa un fracaso de la política exterior, porque la Cancillería solamente es un canal en estos casos y quienes redactan y establecen los argumentos de la solicitud son los abogados de las víctimas de la violencia de octubre de 2003 y la Fiscalía.
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En las jornadas de octubre fueron victimadas 67 personas y otras cientas resultaron heridas como consecuencia de la acción militar ordenada por el gobierno de Sánchez de Lozada para aplacar un descontento social que exigía su dimisión. No pudo contener ello y renunció al cargo; poco después huyó al país del norte.
Romero cuestionó el rechazo de EEUU a la extradición porque está forzando elementos jurídicos, al justificar su decisión de que los nueve delitos por los cuales se imputa al exmandatario no tienen similar tipificación en cuanto al delito y la sanción en la economía jurídica estadounidense, entre ellos que no hay responsabilidad política en lo que hagan las Fuerzas Armadas y la Policía.
Ante esta situación, la administración de Morales apunta a solicitar a Estados Unidos la revisión de su decisión o llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). La definición sobre el camino a seguir será tomada hoy en función de un análisis de un equipo de varias autoridades, anunció.
Evaluación. Alurralde explicó en entrevista con medios estatales que está abierta la posibilidad de continuar los trámites de extradición, pero la vía deben definirla los abogados de las víctimas y la Fiscalía. “(La decisión de EEUU) no cierra la puerta, simplemente dice por el momento no podemos continuar con la extradición”.
Rogelio Mayta, abogado de las víctimas de octubre, consideró que no sería viable llevar el caso ante la CIDH porque Washington no la reconoce, por ello —afirmó— es necesario hacer una evaluación sobre las alternativas a partir de la revisión minuciosa de la posición estadounidense.
El vocero adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Patrick Ventrell, expresó el viernes la disposición del gobierno de Obama de dialogar con Bolivia sobre asistencia legal en los temas bilaterales que les incumban, “lo cual incluye los casos de extradición”.
Sin embargo, el ministro Romero negó la posibilidad de aceptar la asistencia. “Nosotros somos soberanos, tenemos dignidad”, expresó la autoridad.
La Fiscalía inició en 2007 el proceso de extradición de Sánchez de Lozada y de los exministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, radicados en Estados Unidos. El rechazo no fue por defectos de procedimiento, sino con argumentos jurídicos, agregó Alurralde.
Reacciones en Bolivia
Apoyo
Los premios Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel criticaron a EEUU por “proteger” a Sánchez de Lozada.
Protección
El presidente Evo Morales acusó al país del norte de proteger a personas vinculadas con delitos.
Cancillería deslinda responsabilidad y sectores denuncian desatención al caso
Exhorto suplicatorio corresponde a abogados.
El Diario, La Paz
Vicecanciller asegura que se agilizan las comunicaciones entre las partes.
El tratamiento del exhorto suplicatorio para que el gobierno de Estados Unidos considere la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, correspondería a la parte jurídica que lleva el caso y no a la Cancillería, según explicó el vicecanciller Juan Carlos Alurralde.
En tanto, el asambleísta departamental y exconcejal de la ciudad de El Alto, Roberto de la Cruz, manifestó su preocupación ante la negativa de extradición, conocida la anterior semana, y aseguró que esto se debe al descuido del Estado boliviano al no priorizar el tema.
“Han viajado personeros del Gobierno, pero no han tocado el tema en el contacto con autoridades de ese país, además, no puede quedar en la impunidad la muerte de 68 personas en los días de octubre y otros 12 en el transcurso del tiempo, producto de las heridas recibidas”, destacó.
Para superar estos errores, sugirió presentar una demanda internacional ante la Corte de La Haya y presentar un incidente ante este rechazo para demostrar que no sólo hay una violación de los derechos humanos.
“Hubo una masacre sangrienta, un genocidio, lesiones graves y gravísimas y se podría decir que hubo un asesinato selectivo. Este último delito no ha sido tipificado en el primer proceso. Debía tipificarse este caso como asesinato”, argumentó el asambleísta representante de El Alto.
En tanto el vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, en entrevista con los medios gubernamentales aseguró que el país del Norte, envió una nota diplomática el año 2008, que remite la respuesta de las causas suplicatorias enviadas por el Estado nacional.
La autoridad hizo énfasis en que la Cancillería no interviene en la formulación del exhorto y que este aspecto corresponde a las instancias jurídicas correspondientes.
“Esta nota tiene un montón de argumentos jurídicos. Bolivia ha iniciado este trámite el 2003 y como Cancillería hemos enviado esta nota a la Fiscalía y a diferentes ministerios y hasta el abogado de las víctimas de octubre, para que se haga el análisis correspondiente”, dijo.
Aclaró que el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó constantes gestiones desde el año 2008 hasta la fecha para apresurar la extradición del exmandatario.
“La Cancillería quiere agilizar las comunicaciones entre las partes, el análisis jurídico que la hagan las instancias competentes para que en función a nuestro mandato hagamos las gestiones correspondientes posteriormente”, señaló
Si Bolivia ajusta su demanda, Goni puede ser extraditado
El Gobierno boliviano anuncia que diseñará una estrategia jurídica.
FALLO. El Departamento de Estado de EEUU dice que analizará su decisión si se presentan más evidencias de los delitos que cometió Sánchez de Lozada y dos ex ministros.
Página Siete / La Paz – 10/09/2012
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que revisará el pedido de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada cuando Bolivia presente “evidencia suficiente” de sus acusaciones, según una nota de dicha entidad enviada al Ejecutivo boliviano y cuya traducción no oficial fue facilitada por el Gobierno a Página Siete.
“El Departamento afirma que, tras recibir evidencia suficiente que apoye una determinación de causa probable de delitos que cumpla con el requisito de doble criminalidad, los Departamentos de Justicia y de Estado darán pronta consideración a la solicitud de extradición de Joaquín Berindoague Alcócer, Carlos Sánchez Berzaín y Gonzalo Sánchez de Lozada”, señala una parte del documento.
El texto comienza indicando que Estados Unidos “tiene muy presente la importancia que el Estado Plurinacional de Bolivia otorga a este caso así como el profundo significado que éste tuvo en la historia boliviana. La pérdida de vidas humanas fue absolutamente lamentable y el Departamento reitera su profundo sentimiento de dolor solidario por aquellas personas que perdieron la vida o que resultaron heridas en este triste y desafortunado episodio”.
Los principales argumentos del país norteamericano para negar la entrega de Sánchez de Lozada y sus ministros Berindoague y Sánchez Berzaín, acusados por genocidio y otros delitos por la masacre de octubre de 2003, son: la argumentación boliviana no se ajusta al tratado sobre extradición firmado entre Bolivia y EEUU, y que no existe incompatibilidad entre la legislación boliviana y la estadounidense.
Ante esta situación, el Gobierno anunció ayer que prepara una estrategia jurídica para insistir con el pedido de extradición de Sánchez de Lozada. El vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, afirmó ayer que “las acciones siguientes serán definidas por las instancias correspondientes y seguramente en los próximos días nos dirán qué es lo que continuará. De todas maneras, esta nota diplomática no cierra la puerta, simplemente dice por el momento no podemos continuar con la extradición”.
La autoridad dijo también que la Cancillería hará gestiones diplomáticas para viabilizar la estrategia que defina el Gobierno y otras instituciones del Estado.
La pasada semana, EEUU negó la extradición de Sánchez de Lozada, acusado por genocidio y otros delitos por la llamada masacre de octubre de 2003 en la que murieron más de 60 civiles.
Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, “hay una suerte de interpretación forzada” de EEUU que se ampara “en una causa ambigua del Tratado de Extradición” y considera que “hay una suerte de declaratoria de inocencia” de los acusados por parte de EEUU.
La autoridad tampoco descartó seguir los procedimientos jurídicos que permite el derecho internacional como la revisión del fallo del Departamento de Estado o acudir a la CIDH “para la revisión de esta postura”.