Una analista política manifestó categóricamente que la actuación del presidente Evo Morales Aima, en las reuniones en el exterior con sus homólogos del continente, causa lástima, porque se excede en lo que manifiesta en nombre de Bolivia.
Editorial El Diario
Lo grave es que sus inmediatos colaboradores no le hacen notar los errores que comete, sobre todo cuando se refiere a asuntos de carácter internacional, donde no puede disimular el resentimiento que siente en relación al Gobierno de Estados Unidos. También a nivel interno y externo hace denuncias sobre intentos de sus enemigos para quitarle la vida, pero sin la presentación de todas las pruebas necesarias. No deja de sorprender cuando asume una posición y al poco tiempo la cambia. O no cuenta con buen asesoramiento o el Gobierno Nacional maneja el doble discurso, pero cae en ridículo, como cuando el Canciller boliviano pidió a la administración del presidente Barack Obama la restitución de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA) y de la Cuenta del Milenio. Se olvida que cuando el 26 de noviembre del año pasado el gobierno del entonces presidente George Bush anunció la suspensión de Bolivia del ATPDEA, el presidente Morales le restó importancia, minimizando el mercado estadounidense para varios productos bolivianos que ingresaban a ese país con arancel cero y por un monto de más de 25 millones de dólares. En esa oportunidad el Gobierno aseguró la apertura de nuevos mercados en Venezuela, Brasil y Europa, lo que a más de cuatro meses de ese anuncio no se concretó y los productores afectados se han visto obligados a cerrar sus centros de producción.
Además el canciller Choquehuanca solicitó la restitución del ATPDEA y la Cuenta del Milenio con soberbia, al declarar que planteó al gobierno de Obama, que para el restablecimiento de relaciones entre Bolivia y EEUU, a nivel de embajadas, se debía atender el pedido boliviano. Sin embargo, antes que exigir, las autoridades nacionales deberían demostrar que en Bolivia la lucha contra el narcotráfico es efectiva, destruyendo las plantaciones ilegales de coca, que en los últimos tres años se han incrementado. Según datos oficiales existen 32 mil hectáreas de coca, de las cuales son legales 12 mil, aunque el Gobierno sostiene 20 mil. De todas formas hay 12 mil hectáreas ilegales, las que tienen que ser destruidas si se quiere justificar el pedido boliviano.
La crisis económica mundial empieza a hacer sus efectos y Bolivia no estará exenta de ese problema. Por ello una de las principales preocupaciones del país tiene que ser asumir medidas para enfrentar los conflictos que se avecinan y no tomar posiciones que no corresponden, como el de sumarse a una corriente liderada por el Presidente de Venezuela, que condicionó la firma de la declaración de la Cumbre de las Américas, realizada hace poco, a que sea levantado el embargo de EEUU a Cuba, vigente desde 1962. En todo caso el presidente Morales Aima debió firmar el documento con reserva, como lo hicieron Brasil y Argentina.
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También sorprendió que el Jefe de Estado se haya negado a permitir investigaciones sobre la muerte de tres presuntos terroristas y dos detenidos, por parte de los gobiernos de Croacia, Hungría e Irlanda, llegando a afirmar que el reclamo y defensa que hacían por sus connacionales muertos y otro detenido, significaba que esos Estados los habían enviado a Bolivia para atentar contra su vida y por lo tanto no permitiría investigación alguna, amenazando con enjuiciar a los embajadores concurrentes que tienen su sede en un país vecino al nuestro. Ante las críticas por esa determinación, el Primer Mandatario cambió de opinión y adelantó que su gobierno estaba abierto a la presencia de investigadores internacionales. Entre tanto, por repercusiones de la muerte de los denominados terroristas se cuestiona el accionar del Gobierno, que es resultado de las precipitaciones que cometen las autoridades, con lo que están devaluando la imagen y popularidad del Jefe de Estado y del gobernante Movimiento Al Socialismo, que atenidos al poder coyuntural que tienen creen tener derecho a hacer lo que les plazca.
Lo que deben hacer las autoridades es dejar que la investigación avance y no adelantar criterios y teorías para después desmentirlos, como la denuncia de magnicidio, que al parecer no era más que un ‘globo de ensayo’. Ahora se está intentando con las acusaciones de divisionismo. Es hora para que el Ejecutivo muestre seriedad en sus acciones y deje de politizar los asuntos de Estado.