La APIB pide se examinen presuntos crímenes cometidos contra los pueblos indígenas por el presidente de Brasil, desde el inicio de su mandato en enero de 2019.
Indígenas marchan frente a la Catedral en Brasilia (23.06.2021) para exigir al gobierno, detener la minería y la tala ilegal en sus tierras y contra un proyecto de ley que limitaría el reconocimiento de sus tierras.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) pidió este lunes (09.08.2021) a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al presidente Jair Bolsonaro por su «política anti-indígena», a la que califican de «genocidio» y «ecocidio».
Los indígenas brasileños ya han interpuesto otras denuncias contra Bolsonaro en la CPI, pero esta es la primera vez que lo hacen con abogados indígenas, explica en un comunicado la APIB, que reúne a varias organizaciones que defienden los derechos de los pueblos originarios.
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«Creemos que están en curso en Brasil actos que configuran crímenes contra la humanidad, genocidio y ecocidio. Dada la incapacidad del actual sistema de justicia en Brasil de investigar, procesar y juzgar esas conductas, denunciamos esos actos ante la comunidad internacional, movilizando a la CPI», declaró Eloy Terena, coordinador jurídico de la APIB.
Relatos, documentos e investigaciones
La denuncia está basada en relatos de líderes y organizaciones indígenas, documentos oficiales, investigaciones académicas e informes técnicos que, según la APIB, «muestran el planeamiento y la ejecución de una política anti-indígena explícita, sistemática e intencional encabezada por Bolsonaro» desde que llegó al poder en enero de 2019 y, en especial, durante el período de la pandemia.
Los indígenas brasileños denuncian que la presencia de mineros y madereros ilegales en las reservas son uno de los principales factores de contagio del coronavirus en las comunidades. El coronavirus ha dejado 1.166 muertos y más de 57.000 contagios entre los casi 900.000 indígenas que viven en Brasil.
Desde que llegó al poder, Bolsonaro ha defendido la apertura de tierras indígenas y áreas protegidas de la Amazonía, muy golpeadas por la deforestación y la minería ilegal, para la explotación de recursos, lo que le ha valido críticas dentro y fuera de Brasil.
En los últimos meses, la poderosa bancada del agronegocio y otros aliados oficialistas en el Congreso han acelerado la tramitación de varios proyectos de ley vistos como amenaza para los indígenas, que representan 0,5% de los 212 millones de brasileños y cuyas reservas ocupan el 13% del vasto territorio brasileño.
La CPI, creada en 2002 para juzgar las peores atrocidades en el mundo, no está obligada a dar curso a las miles de denuncias presentadas ante su fiscal, que decide de manera independiente qué asuntos son abordados.
jc (afp, lusa)