No existe ninguna norma que apoye la incautación por un caso de “terrorismo”. Expertos: no hay confiscación por decreto. Empresarios rechazan el DS
En la mira: éste es el stand de la cooperativa Cotas en la Expocruz, la foto fue tomada en la feria de 2008
La Prensa
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La oposición considera que el Gobierno busca amedrentar políticamente con la confiscación.
El Gobierno está buscando argumentos legales para sustentar el decreto supremo de confiscación de los bienes de empresarios privados que tengan relaciones con la supuesta banda de terroristas que fue desarticulada la pasada semana en la ciudad de Santa Cruz.
La oposición, en tanto, calificó de “arbitraria” la decisión del presidente Evo Morales, porque afecta la propiedad privada y no tiene respaldo constitucional.
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, consultado por La Prensa, admitió que aún no existen las bases legales para la redacción de la norma solicitada por el Jefe de Estado el fin de semana en Cochabamba.
“No sé, estamos en una etapa preliminar, ya hubo la instrucción del Presidente, veremos cuándo se reúne la comisión porque son temas de abogados y durante ello vamos a ver la figura necesaria que se le va a dar para hacer un planteamiento”.
Explicó que se analizará también cómo acomodar esta norma en el sistema procesal penal o, en última instancia, el resarcimiento del daño civil a las víctimas del terrorismo.
Según El Deber, un borrador de la norma puede ser presentado el miércoles, cuando se efectúe la reunión de gabinete.
El sábado, Morales, en una reunión con la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), pidió a los abogados del Órgano Ejecutivo redactar un decreto supremo que sancione a los “empresarios” vinculados con actos terroristas.
Entonces declaró: “Si algún empresario tiene relaciones con estos mercenarios extranjeros, este empresario tiene que ir a la cárcel y entregar todos sus bienes”.
El vocero gubernamental, Iván Canelas, según la agencia ANF, admitió ayer que la sugerencia fue hecha por los movimientos sociales afines al MAS que le pidieron al Mandatario que instruya elaborar la norma para sancionar a quienes consideran traidores a la patria.
“Es una solicitud de los movimientos sociales que entienden que se debe castigar a los traidores a la patria que trataron de dividir el país, haciendo que pierdan sus bienes por semejante delito”.
Chávez aclaró que el decreto será una norma general y no específica, pese a que el caso que originó este pedido presidencial es la desarticulación de la banda en Santa Cruz supuestamente liderada por Eduardo Rózsa Flores (boliviano-húngaro-croata), quien fue muerto durante el operativo policial del 16 de abril en el hotel Las Américas junto a Magyarosi Árpád (húngaro-croata) y Michael Dwyer (irlandés), quienes al parecer eran financiados por unos empresarios cruceños. En el operativo también fueron detenidas dos personas.
El arsenal de explosivos C-4 y municiones que supuestamente este grupo había acumulado para generar violencia fueron hallados en el stand de la cooperativa Cotas en la Feria Exposición Cruceña (Fexpocruz).
El viceministro Chávez indicó que una comisión integrada por abogados del Palacio redactará el documento.
La autoridad pidió a los opositores no ingresar en el campo de las especulaciones, pues ni siquiera hay un perfil de la nueva normativa, a fin de evitar “malas interpretaciones” de la propuesta.
Asimismo, dijo que esta norma de confiscación puede ser enviada al Congreso Nacional para que tenga mayor legitimidad, aunque la primera opción es aprobar un decreto supremo desde el Ejecutivo.
Ni el Código Penal en vigencia ni la nueva Constitución tienen una figura legal para la expropiación de bienes por supuestos vínculos con el terrorismo.
No es la primera vez que el presidente Morales pide a su equipo jurídico redactar normas que no tienen sustentos legales; de hecho, el año pasado, en un discurso pronunciado en Cochabamba, confesó públicamente que para lograr algún objetivo no repara en “legalizar lo ilegal”.
“Cuando algún jurista me dice: ‘Evo, te estás equivocando jurídicamente, eso que estás haciendo es ilegal’, bueno yo le meto por más que sea ilegal. Después les digo a los abogados: ‘Si es ilegal, legalicen ustedes, para qué han estudiado’”.
El anuncio de confiscación fue criticado por empresarios y opositores en el Parlamento. Estos últimos dijeron que se trata de un “amedrentamiento político”.
Repercusiones
“Hay que sancionar a los responsables por los canales que indican las leyes vigentes en el país y mediante los mecanismos respectivos, pero no mediante las expropiaciones. Porque como empresarios estamos preocupados por temas económicos y no políticos como acusa el Gobierno”.
Enrique García
Federación de Empresarios-La Paz
“Me parece un acto de amedrentamiento político. Lo correcto es que hagamos una ley para quitar todo a los terroristas y a los narcoterroristas. Se habla de empresarios sin presentar ninguna prueba, eso es hacerse burla de una población boliviana (que sigue el caso con atención)”.
Arturo Murillo
Diputado de UN
“No puede ser que por decreto se tenga que confiscar los bienes de los bolivianos, hay una ley, hay una justicia, hay una Constitución que tiene que prevalecer. Esto es un abuso mediático. Además, esto no es una Ley 1008, nosotros estamos regidos por la justicia y se tiene que respetar la norma”.
Óscar Urenda
Diputado por Santa Cruz
Desarrollo de las investigaciones
En una entrevista, Rózsa dijo haber sido contratado para defender Santa Cruz.
Una comisión especial citó a declarar a empresarios del hotel Las Américas, Cotas y de Fexpocruz.
Aún no se tiene previsto citar a autoridades prefecturales, ni a cívicos autonómicos cruceños.
Expertos dicen que no hay confiscación por decreto
ATRIBUCIÓN • Sostienen que el caso debe resolverlo el Poder Judicial y que el Gobierno tiene potestad para pedir la anotación de bienes.
JEFE DE ESTADO • El presidente Evo Morales durante el acto en el que anunció el decreto sobre la confiscación de bienes.
La Razón
Después de que el presidente Evo Morales anunciara la aprobación de un decreto para confiscar los bienes de las personas involucradas en terrorismo, dos abogados constitucionalistas coincidieron en que no existen argumentos legales ni constitucionales que respalden que el Gobierno emita una norma de confiscación de bienes como una sanción penal.
El ex magistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera explicó que “en la Constitución vigente no existe la figura de la confiscación de bienes; al contrario, se puede inferir que Bolivia se ha alineado al resto de los Estados contemporáneos que proscriben la confiscación de bienes como castigo político y como forma de cualquier otro castigo, y por lo tanto, en mi criterio personal, no puede aplicarse la figura de confiscación de bienes”.
El respecto, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, coincidió en que sería inconstitucional la emisión de un decreto para sancionar un delito. “Para que la confiscación sea una sanción, debe estar aprobada por una ley de la República y, por otra parte, ninguna sanción puede salirse del marco de la Constitución, si es Ley de la República debe guardar las garantías constitucionales”.
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, explicó que el Poder Ejecutivo aún estudia los argumentos de la medida; no obstante, explicó que el posible decreto serviría para resarcir los daños que podría sufrir el Estado por los delitos cometidos. “El objetivo es ver cómo podríamos apoyar a la víctima y al Estado mismo cuando se considera víctima”, fundamentó Chávez.
El último sábado, el presidente Morales anunció que se emitirá un decreto para confiscar los bienes de los empresarios involucrados en hechos de terrorismo. La declaración surgió luego que la Policía desbarató una banda de presuntos terroristas en Santa Cruz, que posiblemente financiados por empresarios intentaban desestabilizar al Gobierno.
El constitucionalista Rivera señaló que el procedimiento para el resarcimiento de daños está establecido en el Código Penal y dijo que, en todo caso, el Gobierno, como coadyuvante, podría pedir la anotación preventiva de bienes de los involucrados y, si se demuestra su culpabilidad, se procedería al remate de los mismos para pagar los daños.
“Se pueden gravar los bienes de los presuntos autores de los delitos para asegurar el resarcimiento de los daños al Estado; en ese orden, se puede solicitar la anotación preventiva de los bienes o, en su defecto, si se considera que esos bienes han formado parte del delito, se solicitará el decomiso respectivo para que el Tribunal competente en sentencia declare el decomiso definitivo, y esto se trata de una sanción”, explicó.
Wayar acotó que, como existe un procedimiento jurídico para el embargo y remate de bienes, que está establecido en el Código de Procedimiento Penal, es innecesario un decreto supremo.
Los empresarios rechazan el DS
PEDIDO • Reclamaron al Gobierno que investigue antes de amenazar
La Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) rechazó este lunes la intención del presidente Evo Morales de lanzar un Decreto Supremo (DS) para confiscar bienes de empresarios que sean descubiertos teniendo vinculaciones con supuestos hechos terroristas en el país.
El presidente de la FEPLP, Enrique García, aseguró que la propuesta del Mandatario carece de sustento y que lo único que cuenta es que la justicia esclarezca el supuesto caso de terrorismo descubierto en Santa Cruz, tras la muerte del ciudadano boliviano-húngaro Eduardo Rozsa, y determine las sanciones que contemple la ley contra los que resultaren responsables o vinculados a este hecho que es repudiado por toda la sociedad boliviana. «Nosotros, condenamos cualquier hecho violento o de terrorismo. Al que se lo encuentre culpable se lo debe sancionar, hay que buscar los canales respectivos en función a la ley, hay mecanismos legales que definen bien cuáles son las sanciones, y (esas) no son las expropiaciones», aseguró.
El presidente Morales, en una reunión con sus bases en Cochabamba, señaló que instruyó a sus abogados preparar un decreto supremo para que los empresarios que sean sorprendidos entablando relaciones con terroristas, vayan a la cárcel y entreguen todos sus bienes al Estado.
En opinión del empresario, en vista de que las investigaciones están en una etapa inicial, es prematuro emitir juicios de valor respecto al presunto caso de magnicidio y terrorismo.
«Los empresarios estamos preocupados por temas económicos y no políticos; ya se habló mucho de política y, lastimosamente, este año se seguirá hablando de política, porque será evidentemente un año electoral», señaló. ANF