El modelo primario exportador de las materias primas ha reproducido un patrón de desarrollo empobrecedor en Bolivia, donde los ingresos por la renta minera no han compensado las pérdidas significativas de agua, suelo, vocación productiva rural, ni justifican los fuertes impactos socio-ambientales de esta actividad, afirma la investigadora Ángela Cuenca del Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (CASA). Durante la exposición “Extractivismo, costo ecológico y perspectivas de la minería en Bolivia”, organizado por la Fundación Jubileo y el Colectivo CASA, la agrónoma compartió indicadores sobre los impactos económicos, sociales y ambientales de la minería actual en el país, y reflexionó sobre los costos ecológicos de dicha actividad. El encuentro también buscó coadyuvar a la comprensión del actual conflicto entre cooperativistas y trabajadores asalariados por el control de la mina Colquiri. “Hablar de minería en el país es hablar de un desarrollo empobrecedor porque no se toma en cuenta que uno de los impactos del extractivismo es la pérdida de áreas naturales, la pérdida de ingentes cantidades de agua acuífera, la contaminación, la destrucción de economías regionales, la destrucción de ecosistemas, el crecimiento de la burocracia y hasta la corrupción. No olvidemos que se trata de la extracción de recursos no renovables”, señaló. Según la investigadora, desde el Estado existe una lógica de desarrollo ligada a la extracción de materias primas, basada en una ecuación que busca generar más empleos en débase a una mayor explotación. “Este patrón primario exportador se ha mantenido constante, con mayor o menor presencia del Estado”. Señaló que la exportación del gas significó en 2011 el 51 por ciento (%) del total, mientras que los minerales alcanzaron un 22%, lo que significa que el 73% de los ingresos nacionales dependió de las actividades extractivistas tradicionales. Basada en información del Anuario Estadístico Minero 2011 elaborado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, Cuenca indició que el Estado boliviano apenas extrae el 1,93% del total de producción minera en el país, frente a un 22,95% a cargo de la minería chica y cooperativizada, y el 75,12% por empresas trasnacionales. “El 98% de la extracción minera está en manos de privadas, es decir, que el Estado no ha recuperado su soberanía sobre los recursos mineros”, sostuvo. El año 2011 las exportaciones mineras batieron un récord de ventas con un total de 3.448 millones de dólares, de los cuales el 8,9% correspondió a la minería estatal; un 30,71% a la minería chica y cooperativizada; y un 60,4% a la mediana empresa trasnacional. “Si bien el valor de las exportaciones mineras han alcanzado una cifra récord, pero de este monto el Estado ha obtenido vía regalías, impuestos a las utilidades, patentes y otros solo un 12%”, añadió. Según Cuenca, las cifras de la minería y la actual política minera demuestran que las “nacionalizaciones” que se dieron de algunas minas, como Mallku Khota o Colquiri, fueron más producto de la presión social que una política de recuperación de los recursos estratégicos para el Estado, ya que las privadas siguen gozando de privilegios tributarios y subvenciones. Costo ecológico de la minería La agrónoma Ángela Cuenca fue co-investigadora del estudio “El costo ecológico de la política minera en Huanuni y Bolívar”, promovido por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) y la Embajada Real de Dinamarca; y es autora de otros trabajos sobre minería. Conocedora del la problemática minera advirtió que “las actividades mineras no sólo se llevan los minerales, sino también agua en cantidades inmensas, en una relación promedio de una tonelada de mineral por un metro cúbico de agua. Con las nuevas tecnologías, señaló la investigadora, las empresas mineras requieren cada vez de mayores cantidades de agua. Por ejemplo, la minera San Cristóbal emplea entre 42.000 hasta 50.000 metros cúbicos (mts3) de agua al día de los acuíferos subterráneos. “Esta cantidad de agua, equivale a la cantidad de agua que consume el casco viejo de Cochabamba”. Las comunidades aledañas a San Cristóbal en el departamento de Potosí –dijo Cuenca– denunciaron la desaparición de aguas fósiles, el secado de sus vertientes y lo más alarmante, se evidenció que los acuíferos no pudieron ser recargados en época de lluvia. Este yacimiento genera cerca de 25.000 metros cúbicos de aguas residuales al día y en dos años sufrió cuatro accidentes, como la ruptura de ductos, derrame de colas y otros que impactaron a cerca de 2.600 metros cuadrados. Otro caso citado en la exposición fue el de la minera San Bartolomé, de la empresa Manquiri, que tiene serios problemas debido a los hundimientos que provocó en la cima del Cerro Rico de Potosí, también Patrimonio de la Humanidad. Según la investigadora, consume la séptima parte de lo que demanda toda la ciudad y es alimentada de manera exclusiva por una laguna. “La minera Sinchi Wayra está operando en Oruro, tiene dos minas en Bolívar y Poopó, en la primera utilizan 24.485 mts3 de agua subterránea por día, equivalente a lo que se consume en la ciudad de Oruro, que sirve para abastecer 235.700 habitantes”, sostuvo. Uno de los casos más dramáticos por impactos de la minería, dijo, es el de la comunidad Totoral, ubicada a tres kilómetros de la mina Bolívar, donde las familias reciben apenas 30 litros de agua por semana para su consumo, mientras que la minera emplea 120 litros por segundo. La mina Huanuni, a cargo del Estado, dijo Cuenca que ni siquiera tiene diques de cola y todo lo que expulsa se va por los ríos a contaminar los afluentes de la Cuenca Desaguadero, Río Poopó, Lago Titicaca, zona en la cual se estima que operan 300 minas. Excedente y renta minera La investigación “Excedente y renta en la Minería Mediana” de Rolando Jordán, Julio Humérez, Eliodoro Sandi y Paola Arano, señala que la generación, distribución y uso del excedente o renta minera a corto y largo plazo en la minería mediana para el período 2000-2009 ha demostrado que el desempeño de la inversión y el crecimiento de la producción minera han seguido ugn patrón determinado por rendimientos constantes a escala y un proceso de asimilación tecnológica similar al aprendizaje por la práctica learning by doing (nueva tendencia). La vigencia de precios altos y crecientes, según el estudio, estimuló la generación de rentas altas y simultáneamente una alta formación bruta de capital financiada por inversión privada extranjera. La renta minera de corto plazo comparada entre Bolivia, Chile y Perú para los años 2000-2006, revela bajo la forma de impuestos directos y contribuciones un ingreso de la renta total del 51% para el Estado de Chile, 26% en Perú, y 22% en Bolivia. “Esto confirma la hipótesis de que el sistema tributario boliviano ha sido incapaz de captar las altas rentas generadas por la minería mediana en la primera década del siglo XXI”, señala el estudio. PIEB