La sensatez obliga a tener prudencia. A evitar declaraciones irresponsables. A impedir que en el exterior se rían de nuestros gobernantes, de nuestros políticos opositores y oficialistas…
Editorial La Prensa
La coyuntura política nacional ha ingresado en uno de los peores torbellinos de su vida democrática y de su historia. El atentado con bomba contra las residencias del viceministro Saúl Ávalos y el cardenal Julio Terrazas; la denuncia del presidente Evo Morales en Venezuela en sentido de que un supuesto grupo terrorista pretendió asesinarlo; la acción armada de organismos del Estado que acabó con la vida de tres de cinco presuntos terroristas y la detención de dos, y la presentación por parte del Gobierno de fotografías como “terroristas” en entrenamiento de un grupo de jóvenes cruceños que practicaban un deporte con armas de juguete desataron una andanada verbal de acusaciones y sindicaciones de sectores gubernamentales contra la oposición y de la oposición contra el Gobierno, en una guerra sucia que debe parar.
No es posible que se usen esas situaciones para tratar de obtener réditos políticos, enmarcados en las elecciones de diciembre, a despecho de enlodar el prestigio, la dignidad y el buen nombre de gente que es inocente, como los jóvenes deportistas, o que podría resultar sin ninguna culpa después de investigaciones que deben ser profundas, imparciales, serias y totalmente despolitizadas, desideologizadas y deselectoralizadas.
Cualquier acto terrorista, venga de donde venga, es condenable, repudiable e inaceptable. Los responsables de querer dividir al país y que llamaron a bolivianos en el extranjero para cumplir esa tarea deben ser ejemplarmente sancionados con todo el rigor que establecen las leyes. Lo propio debería suceder si se violaron premeditadamente los derechos humanos de los presuntos terroristas. Pero ello debe emerger de un proceso serio, responsable y honesto que termine en un fallo condenatorio.
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La precipitación en la que han ingresado unos y otros al hacer declaraciones muchas veces incorrectas, otras sin sustento alguno y otras mentirosas al calor de la fiebre política, le están haciendo mucho daño no sólo a las personas que finalmente caen en el peor de los ridículos, sino al país.
La sensatez obliga a tener prudencia. A evitar declaraciones irresponsables. A impedir que en el exterior se rían de nuestros gobernantes, de nuestros políticos opositores y oficialistas, que parecen haber entrado en una competencia ilimitada de decir absurdos o formular declaraciones violentas y que les hacen perder respeto, por un lado, y credibilidad, por otro.
La prudencia es urgente e imprescindible en estos momentos de tanta confusión e incertidumbre, alentadas por conclusiones apresuradas, deducciones irresponsables y fallos anticipados.
Todos deben esperar con expectativa, sí, pero con paciencia los resultados de investigaciones serias, antes de enlodar el honor de personas que ahora son blanco no sólo de sospechas, sino de sindicaciones de haber cometido delitos. Evitemos que justos paguen por pecadores.