“No confiamos en la justicia servil al MAS”, dice el documento que se encuentra en su cuenta de Facebook.
Fuente: paginasiete.bo
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El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) emitió anoche un comunicado en el que exige el juzgamiento de Evo Morales en una corte internacional de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Vila Vila y Playa Verde documentadas en el informe GIEI.
“No confiamos en la justicia servil al MAS”, dice el documento que se encuentra en su cuenta de Facebook.
“El GIEI concluyó —se argumenta en el documento—en su informe que lo ocurrido durante la crisis política de 2019 involucra responsabilidad del Estado Plurinacional en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos cometidos entre septiembre y diciembre de 2019 y, principalmente, la responsabilidad plena de Evo Morales en la embocada de Vila Vila y Playa Verde a ciudadanos potosinos que pusieron en riesgo sus propias vidas al defender el litio y la democracia”.
También exige la renuncia del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y de todos los fiscales departamentales de quienes dice que “se vendieron al masismo”.
La base de esta exigencia es un acápite de las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis política social que sacudió Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019: la falta de independencia de la justicia boliviana, su instrumentalización para perseguir a los oponentes políticos del gobierno de turno y el uso abusivo de la detención preventiva.
La Fiscalía abrió seis causas por las emboscadas a la Caravana del Sur en Vila Vila, sin embargo, los investigados fueron sobreseídos, pese a las pruebas disponibles, sostiene el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que revisó esos expedientes.
“El GIEI confirma lo que todo el mundo sabe: que el sistema judicial es un instrumento de persecución política contra todo aquel que se oponga al poder de turno”, dice el ente cívico, que recuerda los cuatro problemas de la justicia boliviana que según los expertos internacionales deben ser corregidos.
Comcipo sostiene que solo con nuevos operadores de justicia, “que obren con transparencia e imparcialidad”, podrán reabrirse los casos por las emboscadas en Vila Vila, Playa Verde y Cantumarca y el cierre de la campaña del MAS en Potosí.
Los dos últimos eventos citados en el pronunciamiento no se encuentran en el informe GIEI.
El 12 de octubre de 2019, cuando se cumplía el sexto día del paro general indefinido convocado por Comcipo exigiendo al Gobierno del MAS la derogatoria del Decreto Supremo 3738 y mejores beneficios por la industrialización del litio, el MAS hizo un cierre de campaña en esa ciudad del binomio Evo Morales y Álvaro García.
Los incidentes se desataron en la avenida Tinkuy, donde militantes del MAS atacaron a pobladores que protestaban contra Morales; al menos una decena de personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas en diferentes nosocomios de la Villa Imperial, según reportes periodísticos de la fecha.
“A consecuencia de ello, muchos heridos de gravedad hasta la fecha quedaron en el olvido, sin ninguna atención de solidaridad, por parte de las autoridades que ocasionaron estos daños físicos y psicológicos”, destaca Comcipo.
