Analistas indican que es una asignación similar a los $us 327 MM que recibió en 2020 el gobierno de Jeanine Añez; el BCB lo niega porque no genera costos.
Fuente: Página Siete / La Paz
El Estado, al mando del presidente Luis Arce, recibió del Fondo Monetario Internacional (FMI) 326,4 millones de dólares, monto casi similar al que devolvió al organismo externo con un costo adicional de 24,1 millones de dólares y que fue canalizado en el gobierno de Jeanine Añez en 2020.
El Banco Central de Bolivia (BCB), informó ayer que la Junta de Gobernadores del FMI aprobó una asignación general de 456 mil millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalente a 650 mil millones de dólares, con el propósito de mejorar la liquidez a nivel mundial y hacer frente al impacto de la pandemia de la covid.
“Producto de esta distribución, el 23 de agosto Bolivia recibió 230,1 millones en DEG, aproximadamente 326,4 millones de dólares. Este monto asignado fue calculado con base a la proporción de la cuota del país ante este organismo internacional. El BCB, comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país”, indicó el ente emisor.
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Ronald MacLean, exministro de Hacienda, señaló que es la misma operación de 2020, porque son recursos en DEG a los que tiene derecho el país por sus contribuciones como socio al FMI. “Es exactamente lo mismo que recibimos el año pasado y devolvimos con un costo de 24,3 millones de dólares”, precisó.
En abril de 2020 el FMI otorgó al país 327 millones de dólares bajo el mecanismo de Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) con un costo financiero de 1,066% anual, comisión de 0,50% y un plazo de cinco años.
Según MacLean, se trataba de una operación SWAP con base en un acuerdo de compra de DEG a cambio de moneda nacional.
Sin embargo, en el caso de esta nueva asignación de 326,4 millones de dólares, destacó que se trata de recursos no reembolsables, que no generan obligación de devolución ni costo.
El presidente del BCB, Edwin Rojas, informó q ue los 326,4 millones de dólares (230,1 millones de DEG), que asignó el FMI a Bolivia, fueron transferidos a cuentas del BCB y forman parte de los activos de reserva.
Dijo que en el caso de Bolivia la asignación corresponde a 0,05% de lo distribuido. En 2009 el país recibió 137,4 millones de DEG por el contexto de crisis financiera internacional de ese año y ahora se reciben nuevamente estos recursos por la crisis provocada por la covid, afirmó.
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“Se debe diferenciar que esta asignación no genera condicionamiento ni compromete rentas del Estado, a diferencia del IFR que es un crédito con tasa de interés y plazo de pago que se aprobó a solicitud del anterior gobierno”, aclaró Rojas.
Resaltó que tras recibir los 326,4 millones de dólares de esta asignación del FMI, las Reservas Internacionales Netas (RIN) subieron a 4.970 millones de dólares y alcanzan para más de seis meses de importaciones.
Gabriel Espinoza, exdirector del BCB, explicó que Bolivia se benefició de las asignaciones en DEG del FMI en 2009 y ahora en 2021 sin costo financiero y sin que el Gobierno hubiese hecho la solicitud. “Te dan y puedes cambiar a dólares con lo que se generará una tasa pequeña de interés como en 2020”, subrayó.
Añadió que la operación de 2020 también fue en DEG, pero a través del IFR que sí generaba un mínimo costo financiero y un plazo de devolución y se dio mediante solicitud del Gobierno.
“En el aspecto contable las tres operaciones son casi idénticas, el Gobierno recibe las DEG, aumentan las RIN, pero se registran como obligación con el FMI y la deuda externa aumenta en los tres casos”, puntualizó.
El economista Gonzalo Chávez opinó en Twitter que con esta operación el Gobierno vuelve al FMI y los recursos ayudarán a recomponer las RIN. “La necesidad tiene cara de hereje. Esto es el mismo procedimiento por el cual devolvieron el dinero que Añez había obtenido y razón por la cual metieron preso a Carlos Shlink. Si son honestos debería extinguirse el proceso con la colita bajo el rabo”, agregó.
Por los 327 millones de dólares que asignó el FMI en 2020, la Fiscalía abrió un proceso contra José Luis Parada, exministro de Economía; el expresidente del BCB, Guillermo Aponte; el exviceministro del Tesoro, Carlos Shlink que tiene prisión domiciliaria; cuatro exdirectores y un exfuncionario el BCB. Además hay un juicio de responsabilidades por este tema contra la expresidenta Añez y exministros.