El abogado Marco Baldivieso señaló que mientras no haya una reforma judicial, cualquier proceso será dirigido y los políticos decidirán quién es inocente.
Luis Callisaya
Expertos en derecho aseguraron que existen al menos cinco argumentos legales para que la exmandataria Jeanine Añez sea procesada en un juicio de responsabilidades (Caso de Corte) por los hechos durante su gestión de gobierno (2019-2020) e incluso los juicios en su contra podrían acumularse en un solo caso para que responda ante un juez natural, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La justicia encaminó cuatro proposiciones acusatorias contra Añez para juicio de responsabilidades por el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI), Fundempresa, presunta vulneración a la libertad de expresión durante la pandemia y las muertes de Senkata y Sacaba. Sumado a ellos, hay tres procesos penales activados contra la expresidenta, dos por el supuesto “golpe de Estado” y uno por una designación ilegal.
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El primer argumento sostiene que hay una contradicción entre la hipótesis de la Fiscalía por el supuesto “golpe de Estado” en la vía penal y la proposición acusatoria para juicio de responsabilidades.
“El caso golpe de Estado está sustentado en tres tipos penales: sedición, conspiración y terrorismo. ¿Por qué ha cometido esos delitos? Para hacerse cargo de la Presidencia, esa es la hipótesis del caso que maneja la Fiscalía. Entonces si Añez ha conspirado, ha convocado a la sedición, ha hecho actos de terrorismo para llegar a la Presidencia, esa es la hipótesis, entonces por qué le están haciendo otro juicio de responsabilidades como presidenta transitoria constitucional. La hipótesis de su teoría montada de golpe de Estado se cae”, manifestó a Página Siete Williams Bascopé, abogado constitucionalista.
Explicó que la Fiscalía recibió una denuncia por el caso de Senkata y Sacaba, envió un requerimiento acusatorio al TSJ, instancia que evaluó mediante una sala, y encontró materia justiciable, por eso remitió ante la ALP, para que la misma defina si autoriza, con dos tercios, o rechaza el inicio del juicio.
Según Bascopé, si Añez fuera una presidenta inconstitucional, de facto y que conspiró para llegar a la Presidencia, entonces para qué la llevan a juicio de responsabilidades, deberían seguir el proceso en la vía ordinaria el caso de Senkata y Sacaba, por eso, el caso “golpe” es un absurdo.
“Si ellos creen que ha llegado ilegalmente a la Presidencia, por qué la están llevando a un juicio de responsabilidades, si es ilegal, si es inconstitucional. En todo caso el fiscal general no debía haber pedido permiso, no debía haber remitido al TSJ y tampoco el TSJ hubiera pedido que vaya esto a la ALP para que pidan la autorización, ahí están indicando que merece un juicio de responsabilidades para una exmandataria”, remarcó.
Otros dos argumentos son el restablecimiento de las garantías de Añez y juzgarla en un solo juicio de responsabilidades.
El exalcalde y abogado Juan Del Granado explicó que para dar inicio al juicio contra la exmandataria, primero debe restablecerse todas las garantías jurisdiccionales, tal como manda la Constitución Política del Estado (CPE).
“Nuestra Constitución en su título cuarto es muy clara, hay garantías jurisdiccionales que precautelan lo que se denomina el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el juez natural, en fin, todas las garantías constitucionales que le permiten al acusado o a los acusados llevar adelante su defensa”, mencionó Del Granado a Unitel.
Una vez avanzado ese aspecto, si el Legislativo autoriza el inicio del juicio, entonces la Fiscalía iniciará la etapa preparatoria bajo el control de la sala penal del TSJ, que es el juez natural en este caso, y esa instancia llevará adelante el juicio, agregó.
Respecto al otro argumento, dijo que la misma Constitución también establece que tiene que juzgarse en un solo proceso todas las causas, porque no se puede juzgar a una persona por un mismo hecho en distintos casos.
“Por supuesto que se van a acumular en un solo (las cuatro proposiciones acusatorias contra Añez), pero no solamente que se deben acumular los juicios en un solo proceso múltiple y ante una sola instancia el TSJ, sino que todos los acusados, todos los enjuiciados, tienen que ser todos ellos enjuiciados ante un mismo tribunal, ante el TSJ”, precisó.
Un cuarto elemento legal es que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) reconoció la constitucionalidad del gobierno de Añez. El exmagistrado del TCP Marco Baldivieso señaló que en 2019 hubo una transición constitucional necesaria ante un estado de necesidad constitucional, esa figura hace referencia a la transición rápida y oportuna para llenar el vacío de poder que se había dejado en ese momento, a fin de evitar la confrontación, muertes y heridos, y retornar a la normalidad convocando a elecciones.
“El que ha reconocido al gobierno constitucional de transición de Añez, es el propio guardián e intérprete de la Constitución que es el TCP, lo ha hecho en la Declaración Constitucional 0001/2020, ahí amplían el mandato a la expresidenta Añez, a todos los diputados y senadores y autoridades subnacionales. Han reconocido expresa y abiertamente la constitucionalidad”, dijo Baldivieso a Página Siete.
En ese sentido, coincidió con los demás abogados de que la exmandataria debe responder en un juicio de responsabilidades por las irregularidades registradas durante su mandato.
Finalmente, un quinto argumento, que también está enmarcado en la Constitución, es el principio de humanidad. Según Baldivieso, “el lado humano hace ver a una mujer que no ha sido pues la principal protagonista o autora de un supuesto ‘golpe de Estado’, que ha confabulado, ella ha sido una pieza más, un peoncito en el tablero de ajedrez, un peoncito que otros actores políticos han utilizado bien para llegar al gobierno”.
En ese sentido, el jurista considera que Añez fue encarcelada sin un debido proceso legal y con múltiples casos inventados, sin respeto a las garantías constitucionales. Refirió que el sistema judicial es el encargado de brindar las garantías a los procesados, pero eso no se cumple, hay una ausencia para hacer respetar derechos.
“En este momento nuestro sistema judicial, incluido el TCP, y con un Ministerio Público que se ha vuelto perseguidor de la oposición política y ya no garante de la legalidad, estamos en manos de nadie, estamos en manos de los políticos, son los políticos los que deciden sobre la inocencia o la culpabilidad de una persona”, mencionó.
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Penal Jeanine Añez está detenida preventivamente desde el 13 de marzo de este año por el caso “golpe de Estado”, en el que se la acusa por delitos de terrorismo, sedición y conspiración. De ese mismo caso, se desdobló una segunda causa penal por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. En un tercer proceso, la exmandataria es investigada por designación ilegal en la Empresa Boliviana de Alimentos y derivados (EBA).
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Juicios Las cuatro proposiciones acusatorias contra Añez tienen que ver con los casos del crédito del FMI, ampliación de contrato con Fundempresa, presunta vulneración del derecho a la libertad de expresión durante la pandemia y las muertes de Senkata y Sacaba.
“Si no se reforma el sistema de justicia, iniciando por la Fiscalía y concluyendo en el TCP, cualquier proceso será dirigido políticamente”.