Por lo menos una decena de exadministradores de justicia saltó a la política de la mano del Movimiento Al Socialismo (MAS) y tiene cargos en diferentes esferas del Estado, ya sea como autoridades del Ejecutivo, legisladores o formando parte del servicio exterior. Pero también existen lo que hicieron el sentido inverso. Fueron políticos que estuvieron involucrados en la estructura del MAS, y ahora se desempeñan como autoridades judiciales.

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El 30 de diciembre de 2006 Evo Morales designaba por decreto a cuatro abogados como magistrados de la extinta Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ese fue el primer roce que tuvo Morales como presidente con el sistema judicial. Las cuatro designaciones recayeron sobre Zacarías Valeriano, Bernardo Bernal, Carlos Jaime Villarroel y Wilfredo Ovando. Valeriano y Ovando asumieron funciones por poco tiempo y luego saltaron a la política.

El primero es ahora funcionario del servicio exterior. Trabaja en el consulado de Bolivia en Salta, Argentina. El segundo fue también vocal electoral y luego se dedicó a asesorar al MAS desde la ciudad de Cochabamba. A Ovando se lo vio en varias reuniones políticas y también fue funcionario de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende). Hoy, es parte de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) en Cochabamba.

Esa época el Tribunal Constitucional se le vino encima a Evo Morales. Suspendió a los cuatro magistrados nombrados por el expresidente. Cinco meses después, el MAS fracasó el 15 de mayo de 2007 en su intento de elegir a los suspendidos como ministros titulares de la entonces Corte Suprema de Justicia.

Evo Morales reaccionó furioso. Pidió un juicio de responsabilidades contra los miembros del Tribunal Constitucional por tal decisión y los acusó de pertenecer a partidos políticos tradicionales, como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática nacionalista (ADN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Ese año se desarrolló algo inédito. El Poder Judicial paró actividades por 24 horas.

Luego, la situación empezó a cambiar y el MAS se incrustó en la justicia y algunos de los operadores judiciales saltaron a la política de mano del MAS. Un caso es el William Torrez Tordoya, que ahora es senador suplente del MAS y que antes fue fiscal y presidente de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz.

Desde 2011 intentó llegar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y estuvo como postulante en dos elecciones de magistrados. No logró llegar a la máxima instancia judicial del país y luego pasó a filas del oficialismo. Hizo una campaña política para llegar a ser senador suplente.

El caso de Yañíquez

Un caso similar es el de Betty Yañíquez. Es parte de la línea dura del MAS y es diputada del oficialismo en dos gestiones consecutivas. Yañíquez labró sus pasos hacia el Legislativo desde el ámbito judicial; recibió denuncias por fallos u omisiones, conocedora de leyes y fue parte de casos que sacudieron al país mediáticamente.

Yañíquez fue la primera jueza a cargo del denominado caso Terrorismo. En abril de 2009, extranjeros fueron abatidos en el hotel Las Américas, de Santa Cruz, acusados de planificar el asesinato del entonces presidente Evo Morales. Con el fiscal Marcelo Soza, Yañíquez ordenó la detención de varias personas que ya fueron sobreseídas, como los extranjeros Mario Tadic Astorga y Elod Toaso.

En la gestión 2011, ya como fiscal de Distrito de La Paz, Yañíquez fue acusada de haber ordenado la violenta intervención en la localidad de Chaparina a la marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) que dejó heridos y, en algún momento, desaparecidos. El entonces fiscal general Mario Uribe negó haber instruido la acción policial, pero la fiscal Yañíquez justificó la arremetida.

“Cuando yo estaba en la Judicatura y posteriormente en el Ministerio Público no tenía ningún color político, pero ahora es una situación diferente, estamos en otra etapa. Se puede ver que Evo (Morales) ha cambiado prácticamente este país”, decía Yañíquez el momento que ingresó a la política de la mano de Evo Morales.

La senadora Virginia Velasco, del MAS y que fue ministra de Justicia en la era de Evo Morales, justificó las designaciones de quienes fueron operadores de justicia y que ahora son funcionarios públicos. La legisladora señaló que no hay una norma que evite que puedan trabajar en el Ejecutivo.

“Estas personas (exadministradores de justicia) tienen derecho al trabajo. Yo creo que se los designa porque tienen experiencia en diferentes áreas y no veo nada ilegal”, aseguró Velasco.

El último caso fue el de Ramiro Guerrero. La semana pasada fue posesionado como viceministro de Tierras. La ahora autoridad estuvo vinculada al MAS desde 2008, cuando era constituyente por el Movimiento Sin Miedo (MSM), partido que fue aliado del oficialismo. Luego llegó a ser fiscal general y fue cuestionado por el manejo de al menos seis casos emblemáticos, entre ellos el de Gabriela Zapata, el bebé Alexander y el Fondo Indígena.

Ocupó la Fiscalía General por el apoyo del MAS en el Legislativo. En 2021 el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional lo eligió como la máxima autoridad del Ministerio Público, a pesar de las observaciones que existían por su militancia política.

En febrero de 2019, Guerrero fue designado cónsul de Bolivia en Chile, cargo para el cual, según el MAS, el exfiscal tenía “experiencia”. Ese fue su último cargo en la era de Evo Morales, pero ya con Luis Arce como presidente del Estado, Guerrero se desempeñó como asesor en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras desde el 21 de abril de este año. La semana pasada, en la localidad de San Buenaventura, juró con el puño izquierdo arriba como el nuevo viceministro de Tierras.

La senadora Andrea Barrientos, de filas de Comunidad Ciudadana (CC), cuestionó la designación de Guerrero y otros funcionarios que fueron parte del sistema judicial y que ahora son funcionarios del Ejecutivo. La legisladora afirmó que si bien no hay un mecanismo legal que evite estas designaciones, debería primar -dijo- la ética y moral en las autoridades.

“Cuando fueron jueces, fiscales o magistrados nos decían que no tenían una posición política y que eran imparciales. Vendieron humo, como se dice. Hoy los vemos con el puño izquierdo arriba. Eso es un insulto al pueblo, es una falta de moral”, dijo Barrientos.

Están también los casos de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que avalaron la reelección indefinida de Evo Morales. Cuatro de seis tienen o tuvieron cargos en el Ejecutivo. Rudy Flores fue ministro consejero de la representación boliviana en Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Hoy desempeña funciones en la Vicepresidencia del Estado. Mirtha Camacho trabajaba como asesora en la Dirección Departamental de Educación de Oruro en 2020.

Virginia Andrade formaba parte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) y Macario Cortez está vinculado desde el 4 de junio como parte de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (Aisem).

Existen casos que saltaron de la política al sistema judicial. Lo hizo Juan Lanchipa, que era funcionario de Cancillería y ahora es fiscal general. También Gregorio Aro, que fue viceministro y ahora magistrado. Lo mismo sucede con Esteban Miranda, quien fue viceministro del MAS.

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