O’Connor y otros cuatro van a la cárcel. Se encontró en ellos indicios de cohecho por la adjudicación del proyecto de Río Grande. El fiscal Edward Mollinedo confirmó que los $us 450.000 robados a Jorge O’Connor D’Arlach eran para el ex presidente de YPFB y su esposa.
Encuentro irregular • Fernando Córdova sale del restaurante donde ayer comió en compañía del fiscal que maneja el caso, Edward Mollinedo. Luego volvió a la cárcel.
La Razón
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La jueza Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar, Marcela Siles, determinó ayer la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de cinco imputados por las anomalías en el contrato suscrito entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el consorcio Catler-Uniservice.
Al término de la audiencia de medidas cautelares, que duró ocho horas, Siles dio lectura a la resolución, en la que daba cuenta de que se encontró indicios de cohecho (soborno) en Miguel O’Connor D’Arlach, Javier Navía Doria Medina, Gonzalo Aramayo Doria Medina, Mario Cossío Mc Galem y Luis Fernando Córdova.
Además, halló en O’Connor D’Arlach presunta responsabilidad por el delito de contratos lesivos al Estado, porque —dijo Siles— participó como representante legal del consorcio en la firma del cuestionado convenio.
El 27 de enero, Jorge O’Connor D’Arlach —hermano de Miguel—fue asesinado en la puerta de la casa de Aramayo, donde también le robaron $us 450.000, presuntamente destinados a una coima (comisión ilegal) para el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, que también está preso.
Ayer, en la audiencia, el fiscal Edward Mollinedo confirmó que, según la declaración de Córdova, “ese dinero iba a ser entregado ese día (el 27 de enero) al señor Santos Ramírez Valverde”. Agregó que “esa declaración no sólo vincula a Luis Fernando Córdova en esa actividad, sino a las dos personas que debían recibir ese dinero (Javier Navía y Gonzalo Aramayo) y, a través de ellos, para Santos Ramírez y (su esposa) Jiovanna Navía Doria Medina.
Reveló que según Javier Navía, Agustín Melano, representante de Catler y actualmente prófugo, lo visitó “para ver los negocios en YPFB” y los indicios del cohecho.
Al ser consultado por los medios, Córdova —detenido preventivamente por el asesinato de Jorge O’Connor— no admitió ni negó la versión del fiscal.
Además de cohecho y contratos lesivos, la imputación de la Fiscalía incluía incumplimiento de contrato y organización criminal. Por ello, el Ministerio Público no sólo pidió la detención de los cinco acusados, sino la anotación preventiva de sus bienes y cuentas bancarias. Siles no dio lugar a lo último y explicó que no se cumplió el procedimiento para ello.
En cuanto a los riesgos procesales, la magistrada indicó que existe la posibilidad de que los acusados influyan negativamente en otras personas ligadas a la indagación y entre ellos mismos. La defensa de los detenidos anunció que apelará el fallo.
Catler quiere sacar a su socia
La empresa argentina Catler busca deshacerse de Uniservice SRL, con quien conformó una asociación accidental para adjudicarse la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz), dijo el fiscal Edward Mollinedo.
La autoridad reveló ayer, en la audiencia cautelar del caso YPFB, que el representante de Catler, Agustín Melano, envió una carta al presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, en la que le expresa su intención de deshacerse de Uniservice y le ofrece, además, a otra empresa como reemplazo.
Agregó que el gerente de Uniservice, Miguel O’Connor, modificó el contrato de conformación del consorcio para cambiar el porcentaje de acciones y darle a Catler sólo el 10%, cuando antes esa empresa poseía el 50%.
Además, indicó que según un informe del Ministerio de Defensa Legal, O’Connor realizó constantes llamadas al gerente de la subcontratista Gulsby para pedirle que continúe retirando dinero del fideicomiso abierto por el Estado para financiar la planta.
El aludido negó lo último y dijo que nadie puede sacar dinero sin la autorización de YPFB.
Denuncian que “Ticoco” almorzó con Mollinedo
VERSIÓN • Un lector de La Razón y clientes de Pollos Copacabana los vieron juntos, ayer.
VISTOS • Abogados de Navía y Aramayo salen del lugar.
Luis Fernando Córdova, alias Ticoco, y el fiscal Edward Mollinedo, que lleva el caso de corrupción en Yacimientos, almorzaron juntos ayer en Pollos Copacabana, según denunciaron un lector de La Razón y clientes que estaban en ese restaurante.
El hecho ocurrió después de las 13.00, cuando la audiencia de medidas cautelares del caso YPFB ingresó en un receso.
A esa hora, una persona se comunicó con este medio para denunciar que Córdova y Mollinedo comían juntos en la sucursal de Pollos Copacabana, ubicada entre las calles Potosí y Socabaya en La Paz, a cuatro cuadras de la Corte Superior de Justicia, donde se celebró la audiencia.
Tras la llamada, un reportero gráfico de La Razón que se encontraba cerca del restaurante entró al mismo. Los comensales le dijeron: “El Ticoco está arriba con el fiscal”. El informante agregó que al percatarse de la presencia de la prensa en el lugar, Córdova se metió al baño. Luego se vio al acusado salir enmanillado del restaurante, pero no así a Mollinedo. En el local comercial también se encontraban los abogados de Javier Navía Doria Medina y Gonzalo Aramayo.
Al reiniciarse la audiencia, el abogado de Córdova, William Sánchez, llegó con un vaso de refresco de Pollos Copacabana. Durante el proceso, Córdova abandonó la sala en varias ocasiones sin resguardo policial.
La Razón intentó conocer la versión del fiscal al concluir la audiencia, pero éste no quiso declarar.