Terrorismo. Abogado acusa al Gobierno de permitir el ingreso ilegal de armas

El gobierno descalifica al masista Denver Pedraza, ahora abogado de unionistas y recuerda que enfrenta cargos de corrupción

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Armas halladas en el stand de Cotas, en la Fexpo (archivo Los Tiempos)



La Razón

El supuesto caso de terrorismo denunciado por el Órgano Ejecutivo dio un giro ayer, con las declaraciones de Dember Pedraza, abogado de Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, quien acusó al Ministerio de Gobierno de conocer y permitir el ingreso ilegal al país de armamento en camiones el año 2007.

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Pedraza aseguró que las armas tenían como destino el departamento de Santa Cruz y que el mayor de Policía Johnny Tapia, quien el 2008 fue jefe del grupo policial de élite Delta, facilitó el ingreso de las armas.

“Se mandó los informes al Ministerio de Gobierno. Manifestaban que estaban entrando armas. Esto (ocurrió) el 2007 y tienen reportes en Inteligencia”, sostuvo Pedraza ayer, tras la suspensión de la audiencia de los detenidos, acusados de proveer armas al grupo de Rózsa.

Desde el jueves, Pedraza busca un contacto con el Presidente de la República, porque supuestamente tiene información valiosa sobre este caso. Anoche, en la red UNO, dijo que está documentada; antes llegó a señalar que los datos provocarían que “pueda irse gente del Gobierno”.

Ayer, el abogado, que se califica de masista, dijo que hay gente al interior del Gobierno que “le miente todo el tiempo” al presidente Morales y deslizó que son quienes sentaron la denuncia por el caso terrorismo. El Ministerio de Gobierno se constituyó en parte querellante tras el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, el 15 de abril.

Al consultarle cuál era el objetivo del Ejecutivo al hacer ingresar armas al país, el abogado respondió: “pregúntenle al ministro (Alfredo Rada). Eran camionadas de armas”. Agregó que el ingreso irregular a Bolivia pudo detenerse el 2007.

Dijo que el oficial Tapia permitió el ingreso de las armas en Santa Cruz. Contó que después de esa internación, el 2008 fue ascendido a jefe del grupo élite Delta de la Policía.

La Razón conversó ayer con Tapia, vía teléfono, y negó la denuncia de Pedraza. “Si me acusa, seguramente tendrá cómo probar y sabrá explicar. Yo tomaré los recaudos necesarios”, dijo.

Luego señaló que Pedraza tiene antecedentes desde que fue director de Dircabi (Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados). “Hizo desaparecer cosas del Estado y ahora se da el lujo de sindicar a las personas”, manifestó.

El asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, Rubén Gamarra, aseveró que Pedraza “no tiene solvencia moral para emplazar a ninguna autoridad de Gobierno, porque debe responder por hechos de corrupción”. Sin embargo, en la nota emitida por ABI, Gamarra no niega la acusación del abogado respecto al ingreso irregular de armas.

Pedraza ratificó ayer que en el caso de terrorismo hay “mucha” gente del Gobierno involucrada. Afirmó que tiene documentos que los presentará el lunes.

Pidió públicamente que el Presidente se reúna con los detenidos, porque le darán datos que ni el Ministerio de Gobierno conoce. Ayer llamó al presidente de la Coordinadora Nacional por el Cambio, Fidel Surco, para que lo ayude a contactarse con Morales, pero no obtuvo respuesta. “Yo creo que (al Presidente) le interesa la seguridad del país, y si le interesa, tendrá que llamarnos”.

Denver Pedraza, abogado de unionistas, enfrenta cargos de corrupción

    Santa Cruz, (ABI) – Denver Pedraza, el abogado defensor de Juan Carlos Gueder Bruno  y Alcides Mendoza Masavi, detenidos el pasado martes acusados de proveer de armas al grupos armado del mercenario boliviano croata Eduardo Rozsa Flores, enfrenta en la actualidad una querella criminal por corrupción  cuando ejerció la Jefatura Distrital de Dirección Nacional de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI Santa Cruz), denunció el viernes el Ministerio de Gobierno.

    Pedraza “no tiene solvencia moral para emplazar a ninguna autoridad de Gobierno, porque debe responder ante los tribunales por graves hechos de corrupción en los que incurrió cuando fue Jefe Distrital de DIRCABI Santa Cruz”, afirmó el Director Jurídico del Ministerio de Gobierno, Rubén Gamarra.

    En declaraciones a los periodistas, Pedraza afirmó poseer información importante para el caso de terrorismo que investiga el Ministerio Público y solicitó una reunión con el Presidente Evo Morales.

    El Gobierno, a través del Viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, solicitó al abogado entregar la información al Ministerio Público, pues ése es el procedimiento establecido por Ley.

    Los antecedentes de este abogado reportan graves hechos de corrupción, que incluyen apropiación indebida y administración discrecional de bienes incautados y confiscados al narcotráfico, por los que enfrenta una querella de DIRCABI y el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

    Pedraza fue posesionado como Jefe Distrital de DIRCABI Santa Cruz el 21 de julio de 2006 y destituido nueve meses más tarde por el Ministro de Gobierno Alfredo Rada, tras el comprobación irregularidades en su gestión.

    Según reportes oficiales, a pocos días de haber sido posesionado, Pedraza utilizó indebidamente un vehículo incautado, marca Sang Song, siniestrándolo en las cercanías de Portachuelo.

    El informe de la asesora jurídica de entonces, Jhovana Muñoz, reveló que Pedraza chocó el vehículo encontrándose en estado de ebriedad, pues en su interior se encontró varias botellas de vino.

    Los jueces que ventilaban el caso instruyeron su reposición, pero Pedraza no cumplió la orden y hasta la fecha hizo caso omiso de la intimación gubernamental.

     También se responsabiliza a Pedraza port la entrega de varios vehículos y bienes inmuebles urbanos y rurales, además de maquinaria y otros objetos legalmente incautados, decomisados y confiscados a narcotráficantes a terceras personas por vía de contratos y depósitos supuestamente provisionales, sin cumplir con la normativa legal vigente para la administración de esos bienes.

     Por ejemplo, dos vehículos blindados, marca Fiat y Citroen, valuados en 50 mil dólares cada uno, fueron entregados irregularmente a Ana Gladys Mancilla Aráoz, madre de Jesús Gutiérrez Mancilla, procesado por la Ley 1008, en el bullado caso de las “narcoestatuatillas”.

     Pedraza sólo devolvió uno, totalmente desmantelado, debiendo responder por el otro vehículo.

    Otro vehículo incautado, de marca Suzuki, también fue irregularmente utilizado y protagonizó un hecho de tránsito.

   En la investigación interna se determinó que Pedraza ordenó el traslado de unas personas en ese vehículo, por lo que él debía responder por los gastos para su reparación, cosa que no hizo hasta el momento y también forma parte de la querella, según el trámite del proceso.

    Además, Pedraza alquiló espacios para la colocación de gigantografías publicitarias en un inmueble confiscado, ubicado en la Av. San Aurelio y Segundo Anillo de Santa Cruz.

    Según el contrato, los arrendatarios debían pagar el monto de 700 dólares americanos por el alquiler del espacio por el lapso de un año.

    Ese dinero no ingresó a las cuentas de DIRCABI y fue devuelto por Pedraza después de haber sido destituido.

     Al momento de ser exonerado del cargo, se encontró que muchas de las joyas incautadas no se hallaban en la caja fuerte de la entidad financiera que custodia los bienes de DIRCABI.

   Consultado al respecto, Pedraza afirmó que se encontraban en “un lugar seguro”, devolviéndolas posteriormente pues las retuvo en su domicilio.

    Todos estos casos forman parte de un rosario de irregularidades por las que se acusa a Pedraza, en un juicio radicado en el Tribunal Quinto de Sentencia del departamento de Santa Cruz en el que los denunciantes son Nardy Suxo, Ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y Gonzalo Aguilar Dàvalos, Director Nacional de DIRCABI del Ministerio de Gobierno.

ReedCentral/cc   ABI

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