El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) indica que en septiembre 2012 se registraron 60 nuevos eventos conflictivos en la prensa de circulación nacional. Con ellos, la cantidad de conflictos en lo que va del año llega a los 575, con un promedio de más de 2 conflictos nuevos por día. Una tendencia importante en los conflictos sociales es la práctica ausencia de eventos que se orientan a plantear demandas o reivindicaciones a las empresas privadas, nacionales o extranjeras. En cambio, los conflictos se dirigen sobre todo hacia las entidades del sector público, y en particular hacia el gobierno central. De hecho, en este año menos del 5% de los conflictos han estado dirigidos a empresas privadas, y otro 5% hacia los transportistas, un sector muy presente en la vida cotidiana. El resto, cerca del 90%, son movilizaciones que se plantearon como adversario al sector público, al Estado. Dentro del sector público, el adversario más frecuente en los conflictos es el gobierno central, con más del 40% del total en los 9 meses que van del año 2012. Por supuesto, con variaciones. En septiembre esa proporción llegó a la mitad pero en junio fue de sólo un tercio. En segundo orden de importancia lo disputan las alcaldías, que son definidas como adversarias de conflictos en un 20% de los casos aproximadamente, y las empresas del Estado, cuyo protagonismo conflictivo ha ido en aumento a medida que su presencia en la vida cotidiana de la gente, como empleadoras y como proveedoras de servicios y bienes, ha ido también en aumento. Esta concentración de los órganos públicos como adversarios en los conflictos sociales pone claramente en evidencia una de las principales características de la época que estamos viviendo. El protagonismo estatal, promovido activamente por el gobierno, explica esta dinámica. Esa política alienta expectativas de resolución de los problemas de la gente que está posiblemente por encima de la capacidad real de los órganos públicos, lo cual a la larga genera insatisfacción y malestar. Pero además, como las movilizaciones tienen éxito en algunas ocasiones, cuando los grupos logran respuestas a sus demandas a través del conflicto, se refuerzan las expectativas de los demás y, poco a poco, el conflicto se convierte en el principal mecanismo de relacionamiento con las autoridades. Así se genera también “la negociación forzada”, estudiada por CERES en una ocasión anterior, a través de la cual algunos grupos consiguen promesas aún sabiendo que no pueden ser cumplidas, porque ellas servirán como argumento de presión en una próxima oportunidad. Los costos de esta lógica son, sin embargo, muy elevados. No solamente para las propias entidades estatales, que deben dedicar mucho tiempo a atender demandas y su personal es absorbido en actividades no previstas, sino sobre todo para los grupos más necesitados, porque son los que menos capacidad de presión tienen y sufren la postergación indefinida de sus necesidades. Esta dinámica, en el fondo, reproduce y profundiza las desigualdades.El Observatorio de Conflictos de CERES cuenta con el apoyo del centro Ciudadanía y lleva registros de prensa desde 1970 a la fecha.