Leny Chuquimia / La Paz

Las grandes conquistas de los pueblos  indígenas van en retroceso. La Justicia Indígena, la autodeterminación de los pueblos,  tierra y territorio, la  participación política y la consulta previa, todas reconocidas en la Constitución Política del Estado  (CPE),  no logran concretarse por una serie de leyes restrictivas aprobadas en la década pasada.

“La primera marcha indígena  del 90 es el referente para nuestras conquistas. Logramos que se     reconozca a las naciones indígenas y  su derecho a la tierra y territorio. Se logró plasmar esto -junto a la participación política-, la consulta previa y la autordeterminación de los pueblos,  en la nueva CPE, que es uno de los mayores avances”, afirma   la presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia  (Cnamib) Wilma Mendoza, dirigente mosetén.

“Lo que está pendiente es la consolidación de la CPE”, sostiene el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Justino Zambrana. Añade que todos estos años, el gobierno no  priorizó el tema. “Muchas de sus leyes no entienden el concepto de las naciones indígenas. Se las politizó, confundiendo a nuestras naciones indígenas  con sectores sociales,  algo muy diferente”.

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Para la diputada Toribia Lero, el retroceso empezó apenas se aprobó la Carta Magna, que recogía lo suscrito por el país en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. “Se debían desarrollar nuevas leyes para implementar la CPE y fue ahí que empezó la ruptura con Evo Morales, porque sus normas estaban  llevando las conquistas  al retroceso”.

Hernán Ávila,  responsable del programa   Defensores, de Unitas,   coincide en que  lo avanzado estaba en normas que necesitaban ser operativizadas, pero  pasó lo contrario. “Desde  2009, las leyes bolivianas comenzaron a coartar y restringir todo lo logrado”.

Territorio,  consulta y  Ley Minera

La tierra y territorio es parte de la agenda inconclusa del movimiento  indígena, sobre todo  dentro de las TCO del  Oriente, el Chaco  y la Amazonia. Región desde  la que  el pasado  25 de agosto se emprendió una nueva marcha.

“Lamentablemente los saneamientos  de los territorios no están consolidados en su totalidad. Si bien se hizo cambios en el tema jurisdiccional, como la titularidad de la tierra para las mujeres, no se avanzó a favor de la colectividad. No se culminó el proceso de los territorios tradicionales como se demandó”, reclama Mendoza.

Pone de ejemplo el caso de la TCO de Apolo, donde la titulación esta paralizada desde hace 15 años. En este lugar sólo un poligono se ha cerrado.

“De las 600 mil hectáreas solicitadas, solo se saneó 280 mil. Eso se repite en todas las TCO. Sólo hay avances cuando, sin consultarnos antes, el Estado  quiere implementar un proyecto extractivista. Recién nos dicen que titularán lo restante,  a cambio de realizar  la consulta, como si fuera  una compensanción”, denuncia.

Y es que el derecho a administrar su propia tierra y territorio está ligado al ejercicio de la consulta previa, una conquista a la que  la Ley Electoral le quitó el poder. Esto no les permite una verdadera autodeterminación.

“La nueva Ley de Régimen Electoral de 2010  reconoce a la consulta previa, pero también establece  que aunque el  Órgano Electoral  lleva a cabo el proceso, le hace un seguimiento y concluye en un informe,     el proceso no es vinculante.   Entonces  ¿qué sentido tiene? si al final el que toma la decisión es el Estado. Él  consulta, pero  no importa lo que le respondamos”, cuestiona Lero.

Ávila dice que la consulta previa es parte no solo de la CPE, sino de los tratados y convenios internacionales  suscritos por el país. Aún así, se hacen normas  que  la incumplen, como la Ley Minera, promulgada en 2014.

“Esta ley fue  diseñada solo  para desvirtuar esta conquista. Se la convierte en un mero formalismo, en el que el Estado tiene la última palabra para otorgar concesiones  mineras a diferentes sectores, poniendo en riesgo  a los territorios, los medios de vida y la vida misma de los indígenas”, sostiene.

Añade que basta con ver lo que está pasando en el norte de La Paz, donde la minería esta desplazando a las poblaciones nativas en beneficio de un pequeño sector. “Se perjudica a toda la población. Ahora los habitantes  tienen en su organismo  niveles de mercurio nunca antes visto”.

Para Mendoza este punto  es realmente preocupante. Afirma que  antes y durante la pandemia, el Estado continúo trabajando en la identificación de “qué  hacer o qué encontrar”  en los territorios indígenas, en  relación  a proyectos  extractivistas.

“A mi comunidad, este año nos llegó  de sorpresa la socialización de trabajos mineros. Quienes nos visitaron ya tenía todo cuadriculado, pero nosotros en ningún momento  fuimos consultados. Les cuestionamos ¿en qué queda nuestro derecho, sobre todo para las mujeres?”, lamenta.

Como respuesta solo les indicaron que  son políticas de Estado. Políticas que ahora llegan  a nombre de reactivación económica.

Divididos  con afanes políticos

“Desde el Gobierno se  dividió a los pueblos indígenas. Es por eso que en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) -que aglutinamos a 14 regionales a nivel nacional- hay una gran molestia en este momento”, indica el presidente de la APG, Justino Zambrana.

En 2009, campesinos, colonizadores e indígenas -a través de la Cidob y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq)- conformaron el Pacto de Unidad para impulsar  la aprobación de la nueva CPE, llevada a cabo por el primer  gobierno de Evo Morales.

Sin embargo, en 2011,  luego de la VIII Marcha Indígena en Defensa del Parque Nacional Isiboro Sécure, ambas entidades  decidieron alejarse del pacto afín al  MAS, porque   -sin una consulta previa- impulsó la construcción  de una carretera que divide  al Tipnis en dos.

Con el alejamiento,  el gobierno de Morales se quedó solo con el apoyo de los campesinos y  los colonizadores, ahora denominados interculturales. Los indígenas dejaron  al gobierno que se proclamaba como su representante.

Fue entonces que desde sus grupos afines creó, apoyó y reconoció -para sumarlas al Pacto de Unidad- a dos dirigencias paralelas   de la Cidob  y el Conamaq, presididos por Melva Hurtado e Hilarión Mamani, respectivamente.

“Ahora pasa los mismo. El presidente Luis Arce es el cabecilla  de un gobierno que se entromete en temas orgánicos. No respeta nuestros derechos, quiere poner su propia dirigencia para que tape, avale  y sea cómplice de sus hechos de corrupción, de  vulneración de nuestros derechos y de los avasallamientos de nuestras tierras… para nosotros ya  basta de este tipo de cosas ”, afirma Zambrana.

Indica que al no encontrar oídos a sus demandas en el país, se busca acudir a  la comunidad internacional para poner en evidencia su situación. Sostiene que la división no podrá apagar el movimiento indígena.

“Nosotros somos   parte viva de la historia y seguiremos  vigente, porque seguiremos  existiendo y luchando”, asevera.

 

3 décadas de lucha

• Primera Los indígenas de la Amazonia, a iniciativa del pueblo moxeño de Trinidad, abrieron la senda de sus reivindicaciones con la marcha de 1990 denominada “Por la Dignidad, Tierra y Territorio”. Caminaron los 700 kilómetros que separan la capital beniana de La Paz durante más de un mes.
• Pedido Tres demandas indígenas  detonaron esa primera protesta contra el avasallamiento de colonos y madereros: la defensa de la reserva forestal chimán, del Parque Isiboro Sécure y del Ibiaro.
• Chimán El bosque chimán fue declarado Reserva de Inmovilización Forestal  en 1978; sin embargo, esa condición  fue suspendida en 1986. Sin norma ni control, desde 1988 empresas madereras  iniciaron actividades extractivas.
• Isiboro El Isiboro Sécure -declarado  Parque Nacional en 1965- soportaba desde 1980 el ingreso de colonizadores. Al incremento de la cacería estimulada por la demanda internacional de cueros de fauna silvestre se sumaron plantaciones de coca. La posición biogeográfica entre los Andes y la selva que ocupa el Tipnis genera una rica biodiversidad. Su población, inminentemente indígena, está distribuida entre los pueblos moxeno, yuracaré y chimán. En los últimos años ha aumentado los interculturales.
• Ibiato El tercer punto de defensa fue  el Ibiato (Loma Alta), donde se otorgaron dotaciones agrarias a por lo menos 11 estancias ganaderas en territorio Sirionó. Esos  avasallamientos ya habían derivado en enfrentamientos en 1989.
• Alianza  Al llegar a La Paz, en la cumbre,  en medio de pututus y  wiphalas, fueron recibidos por los  aymaras y quechuas, con quienes se aliaron. Hubo  intentos de división y desacreditación parte del gobierno de Jaime Paz Zamora y los sectores cívicos del Beni. Pero la marcha despertó una gran solidaridad entre los  sectores urbanos, además de  un gran impacto mediático.
• Decreto A raíz de la movilización histórica, se promulgó el DS 22610 que  reconoce al Tipnis como territorio de los pueblos mojeño, yuracaré y chimán.

 

El despojo del Fondo Indígena

Luego de ser reconocidos, el movimiento vio que para una gestión autónoma -dentro de sus territorios-  era necesario contar con   economía.

“Ahí nació el IDH,   de los pueblos indígenas. Esta lucha  se inició en el pueblo guaraní que pedía el 10% de las regalías por el gas que sale  de  nuestro territorio”, manifiesta Zambrana.

Mendoza señala que este pedido fue tomado en cuenta por la Cidob que hizo de la demanda  una exigencia de todos los pueblos de tierras bajas y de los que quisieran sumarse.

“No se obtuvo el 10%, sino el 5%”, explica la representante.

Con el monto se creo  el Fondo Indígena, en 2005. Este fue  desactivado  luego de su desfalco por dirigentes de organizaciones sociales a fines al MAS.

“Esta es una de las conquistas de las que fuimos despojados y que queda pendiente restituir”, afirmó Mendoza.

 

La ley de deslinde y la justicia indígena

Una de las conquistas que llegó con la nueva CPE es el reconocimiento de la  Justicia Indígena con igual jerarquía que la Justicia Ordinaria. Sin embargo, en 2010,  la Ley de Deslinde Jurisdiccional fijó una serie de restricciones que redujo su accionar a pequeñas controversias y conflictos. Esta justicia  no es aplicable  a personas no indígenas que cometan delitos dentro de sus territorios, creando décadas de  retroceso.

“La ley nos coartó y nos dice que sólo podemos administrar caso leves, simples cositas. No  nos permite administrarnos como lo hacíamos antes. Con nuestra justicia no tenemos que  preocuparnos de estar pagando abogados  ni perdemos tiempo, es más educativa y controlada”, dice Mendoza.

Afirma que para los indígenas es muy difícil acceder a la  justicia ordinaria que es costosa y nada equitativa.

 

Participación política sólo con partidos 

Para el movimiento indígena su participación política contemplaba la conformación del Parlamento Indígena. Con él  ejercerían  la democracia comunitaria dentro de su casa grande  y del Estado. Para ello se pidió 36   escaños, uno para cada una de las nacionalidades  reconocidas dentro  la CPE.

La demanda no fue aceptada como tal, pero sí se fijó  siete escaños especiales a nivel nacional  y cinco  a nivel de tierras bajas,  Oriente,  Chaco y Amazonia. En los departamentos con   cartas orgánicas aprobadas, lograron tener representaciones especiales subnacionales.

“La elección de estos representantes debía darse por normas y procedimientos propios, pero  la Ley Electoral hace que  los  partidos políticos continúen  siendo los  intermediarios en  la elección de diputados, dentro las   circunscripciones especiales”, manifiesta Ávila.

 

Una autonomía de alcaldes con ponchos

Mendoza  explica que en este caso, en lugar de reconocer a sus propios gobiernos,  la norma les puso varias  trabas, lo   que hace que conseguir la autonomía no sea factible y accesible, tal como debería serlo.

“Tenemos el ejemplo del municipio de  Charagua, que pese a culminar el proceso no son  autónomos en términos de la    autodeterminación de los pueblos”, sostiene.

Ávila indica que los  requisitos no solo inviabilizan la construcción de las autonomías. “Los procesos solo avanzan en la medida en que las propuestas originales de los pueblos indígenas cambian para poder  cumplir lo pedido. Al final del proceso acaban dentro de   la lógica del Estado monocultural de raíz colonial”, explica.

“Lo que hace la Ley Marco de Autonomías  es, prácticamente, colocar un poncho al alcalde”, reprocha  Lero.

 

PUNTO DE VISTA 

Pedro Portugal,  indianista e historiador 

El avance del movimiento indígena ha sido muy dispar

No se lo ha incluido dentro de un proyecto nacional como tal. Sino en cuanto a minorías que tiene derecho a ciertas aspectos. Por ejemplo,  a  las autonomías territoriales.

Hay temas que se van pidiendo desde los años 80 y fueron avanzando hasta que en el gobierno de Evo Morales se concretaron. Sin embargo, es algo totalmente parcial y bastante frágil, como lo hemos visto recientemente.

Los territorios que -supuestamente- pueden ser administrados por las comunidades indígenas, no obedecen directamente a su propia administración, pueden ser agredidos por el Estado o pueden ser motivo de enfrentamiento con otros grupos sociales.  Tal como vemos ahora en el oriente,   donde hay conflictos entre pueblos indígenas de esas regiones y migrantes aymaras y quechuas, denominados ahora interculturales.

Creo que hace falta ver y entender el problema indígena en un contexto total, global… nacional. Quizás se    ha puesto demasiado énfasis en las diferencias y no en los elementos comunes, en la igualdad de derechos y de integración de los indígenas. Es algo que queda pendiente.

Se ha  avanzado bastante en estas décadas,  pero queda lo realmente  sustancial. Quedan pendientes las respuestas  comunes que puedan garantizar los  derechos indígenas y su cumplimiento. No como minoría aparte o con identidad diferentes, sino  como grupos activos dentro del un mismo proyecto nacional.