El trato especial que ahora reciben, luego de haber sido maltratados y humillados, Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, no es a cambio de nada. Resulta muy sugestivo que estas dos personas se hayan librado de la cárcel al disponer el juez cautelar su arresto domiciliario y la continuidad del proceso en la ciudad de Santa Cruz, a pesar de haber sido sindicados de proveer armas y reclutar gente para la presunta banda de “terroristas” encabezada por Eduardo Rozsa.
Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, podrán volver a Santa Cruz. La Fiscalía pidió medidas sustitutivas a la detención por cooperar con el caso (foto El Deber)
Las autoridades judiciales de La Paz no se han caracterizado por su apego a las leyes en los casos de personas que el gobierno acusó de «terroristas» y/o “separatistas”. Gueder y Mendoza son la excepción pero queda claro que ambos dieron y seguirán dando algo a cambio. «Están colaborando y aportando en la investigación» ha dicho el fiscal Sosa, a quién le cuesta mantener la boca cerrada porque está encantado con su momento de fama que el caso le brinda.
Una primera muestra de ese intercambio de favores es la acusación que realizó Gueder en contra de la Human Rights Foundation, organización a la que ha sindicado de respaldar al grupo de Rozsa, a través de su representante en Santa Cruz, Hugo Antonio Achá, quién junto a su familia, se ha visto obligado a pedir asilo en EEUU ante «la falta de garantías constitucionales» en Bolivia, según la declaración que hizo a los medios.
No está demás recordar que la Human Rights Foundation actuó como veedora del referéndum autonómico realizado en Santa Cruz el 4 de mayo de 2008, cosa que para el gobierno del MAS resulta imperdonable y era claro que más temprano que tarde se encargaría de hacérselo pagar a dicha organización encargada de la defensa de los derechos humanos a nivel internacional.
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En este caso como en otros, el régimen de Morales actúa en forma discrecional y de acuerdo a su omnipotente voluntad para disponer la expulsión de cualquier persona, diplomático o entidad que, sencillamente, no colabore directamente con su gobierno ya sea mediante la entrega de recursos de libre disponibilidad o mediante declaraciones de apoyos explícitos a su gestión.
Por otro lado, se percibe que la presión física y psicológica que Gueder y Mendoza sufrieron durante mas de 48 horas en las celdas de la fiscalía paceña, les llevó a hablar de lo que saben y de lo que no saben probablemente, a fin de salvarse, pues todos los seres humanos tenemos debilidades y grados de fortaleza diferentes.
De las declaraciones de los dos imputados, de su abogado, de algunos policías y del propio fiscal, surgen algunas «revelaciones» como que Ignacio Villa Paz apodado «El Viejo», sería una pieza clave de la supuesta organización y ahora el soplón y principal testigo de la fiscalía. Este individuo, aun sin rostro, habría sostenido reuniones con grupos especializados de la policía entregándoles información acerca del grupo de Rozsa.
A esto se agrega el hecho de que un mayor de policía de nombre Johnny Tapia habría estado involucrado desde el 2007 en el contrabando de armamento que ingresaba por la localidad orureña de Tres Cruces, pero pese a las denuncias, inexplicablemente fue ascendido por el ministro de gobierno a comandante del especializado Grupo Delta y en la actualidad se desempeña como jefe policial en el Plan Tres Mil de Santa Cruz.
Con estos y otros detalles,varios de ellos contradictorios y confusos, que surgen en el desarrollo de la investigación, se evidencia que el gobierno no estuvo interesado sino hasta ahora, en la desarticulación de ningún grupo terrorista y fue dejando pasar ciertas cosas para que llegado el momento, el asunto pueda ser usado de acuerdo a la coyuntura política.
De esta forma nadie deberá sorprenderse de que en el futuro, a las acusaciones contra la Human Rights Foundation, se agreguen otras contra cualquier opositor ya que seguirán aprehendiendo a más gente y ya tienen en sus manos a cuatro individuos, dos detenidos en San Pedro y los otros dos con arresto domiciliario, estos últimos con abogado masista que no se cansa de decir que quiere reunirse con Evo para «revelarle» detalles escabrosos del plan «terrorista».
En suma, el país se encuentra sometido a esta oscura trama que puede tener algo de realidad y mucho de fantasía convenientemente alimentada por el gobierno en la perspectiva de los próximos comicios de diciembre.