Los exvocales pueden tramitar la nulidad del caso. Las pesquisas del Ministerio Público no hallaron evidencias de “manipulación”. Se basó en un informe extranjero
Es definitivo. La Fiscalía de La Paz rechazó todas las impugnaciones presentadas por distintos sectores respecto del caso fraude electoral de 2019 y ratificó el sobreseimiento que presentaron los fiscales el pasado 27 de julio. Ahora, los exvocales que están procesados pueden tramitar la nulidad del proceso ante el Tribunal Departamental de Justicia, pero surgen críticas respecto a la independencia de ese órgano estatal.
El documento, firmado el 11 de octubre por el fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, dispone la conclusión del proceso, el cese de medidas cautelares y la cancelación de antecedentes penales de los imputados en este caso, a casi dos años de las fallidas elecciones que precipitaron la renuncia de Evo Morales y el estallido de una crisis política. La decisión se sustenta en el cuestionado estudio elaborado por una fundación vinculada a la Universidad de Salamanca, España, y que fue pagado por la Fiscalía General.
El 11 de noviembre de 2019, los exvocales del Tribunal Supremo Electoral fueron aprehendidos y junto con ellos otros 34 vocales de los tribunales departamentales, acusados de haber operado un fraude para favorecer al MAS. La acusación tuvo como base un informe preliminar de la misión de observación de la OEA, que halló “manipulación dolosa” en la transmisión de datos electorales, así como la alternación de actas y validación de una parte del recuento preliminar de votos de los resultados finales. El MAS que controlaba el Legislativo aceptó anular el proceso y convocar a nuevas elecciones generales.
Los beneficiados por la resolución fiscal son María Eugenia Choque, expresidenta del TSE; Antonio Costas Sitic, ex vicepresidente del ente electoral y los vocales Édgar Gonzales, Lucy Cruz, Idelfonso Mamami y Lidia Iriarte. También se benefician Windsor Saire Quipildor, José Antonio Pardo, Wilson Rodríguez Vinaya, Abimael Machicao y Sergio Martínez Beltrán, quienes deben recurrir al tribunal para una audiencia que anule plenamente este proceso.
Los exvocales estaban acusados de delitos electorales, falsificación de documentos y uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados y beneficios en función del cargo. Los tipos penales eran de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
El exvocal Idelfonso Mamani destacó la decisión y aseguró que ninguna pericia nacional o extranjera llegó a probar las irregularidades endilgadas en el informe de la OEA. “Es definitivo, se impuso la verdad de estos hechos”.
“El sometimiento de la justicia al poder político se agravó y parece no tocar fondo con el archivo del caso fraude. La construcción de una sociedad justa debe ser inequívocamente producto del ejercicio responsable y democrático de la voluntad popular. Si no entendemos aquello, nuestro país esta camino a ser inviable y la confrontación será la regla y no la excepción”, señaló el diputado opositor Óscar Balderas (CC).
Por su lado, el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, desarrolla la verificación de actas. El TSE aclaró que eso ya no tiene valor.
Caso
INFORME
La OEA, tanto en su informe preliminar como definitivo, ratificó la existencia de una “manipulación dolosa” de datos.
REACCIÓN
La Fiscalía encargó una pericia informática al laboratorio español Bisite. El resultado negó manipulación, pero detectó errores “imperdonables” para un proceso electoral.
ACTA POR ACTA
La Procuraduría revisa las actas de los comicios anulados para demostrar que no hubo fraude en 2019. El TSE advirtió que ese acto no tiene valor.
La Fiscalía ratifica anulación del proceso contra exvocales del TSE por caso fraude electoral
Mediante resolución, la Fiscalía rechazó la impugnación del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) al sobreseimiento dispuesto contra los exvocales electorales nacionales
Exvocales del TSE.
La impugnación del Órgano Electoral Plurinacional (OPE) fue rechazada y se ratificó la anulación del proceso abierto contra los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por fraude electoral, según establece una resolución de la Fiscalía de La Paz.
Los beneficiarios son los exvocales María Eugenia Choque, Antonio Costas, Edgar Gonzales, Lucy Cruz, Idelfonso Mamani y otros. “Ratificar el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento No 06/2021 de fecha 27 de julio de 2021, dictado por los fiscales de materia Leticia Muñoz, Rocío Feraudi, Eddy Flores y Manuel Saavedra”, establece la resolución del 11 de octubre de 2021.
Fueron acusados por delitos electorales como falsificación de documentos, uso de documentos falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados, poco después de la renuncia del expresidente Evo Morales en medio de una crisis política y social de noviembre de 2019.
De oficio, la Fiscalía inició una investigación y logró el encarcelamiento de las exautoridades en función de la denuncia de la Organización de Estados Americanos (OEA) de irregularidades en las elecciones de octubre de 2019, lo que a su vez agravó la crisis de ese entonces.
En agosto, la sala plena del TSE impugnó la resolución de sobreseimiento con el argumento de que “no contiene una debida fundamentación, aspecto que no se ajusta a lo previsto en el artículo 73 del Código de Procedimiento Penal y en el artículo 5 incisos (3, 4, 7 y 8) de la Ley Orgánica del Ministerio Público o Ley 260”. La impugnación fue firmada por el presidente el ente electoral, Óscar Hassenteufel.
La resolución fiscal rechazó la impugnación y determinó “la conclusión del proceso en relación a los citados imputados, la cesación de medidas cautelares que se les hubiese impuesto y la cancelación de sus antecedentes penales”.
Antes ya se había anulado los procesos abiertos por la misma causa contra los exvocales de los tribunales Electorales Departamentales (TED).