La dirigencia cívica de Beni, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz se reúne hoy para fijar una posición en defensa de los líderes políticos. Tomarán medidas contundentes.
Acusan al fiscal Sosa de politizar el caso
Henrry Ugarte A. | El Deber
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Los sectores de la oposición y analistas políticos consideran que el Gobierno ataca a los líderes regionales para asustarlos y acallar sus voces antes de iniciar la carrera electoral. Entre tanto, el movimiento cívico de Beni, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz anunció para hoy una reunión en la que adoptarán posiciones de defensa en contra del Poder Ejecutivo.
La acusación del fiscal Marcelo Sosa contra el prefecto cruceño, Rubén Costas, y un grupo de líderes cívicos y empresariales que fueron señalados por tres testigos como los financistas del grupo que encabezaba el supuesto terrorista Eduardo Rózsa, provocó la reacción de algunas personalidades que vinculan la acción judicial con la línea del Gobierno, y la califican como un amedrentamiento preelectoral.
El secretario general de la Prefectura, Roly Aguilera, cuestionó las contradicciones en la investigación. Al principio, los prefectos Rubén Costas y Ernesto Suárez figuraban en la lista de los que iban a ser asesinados por el supuesto grupo terrorista, pero ahora los mencionan como los financistas de Rózsa.
El procedimiento de la Fiscalía también fue criticado por Carlos Dabdoub, secretario de Autonomía. “El Gobierno tiene la intención de descabezar a los líderes de instituciones y, de esa manera, terminar con la resistencia democrática en el oriente”, dijo.
Para el general retirado de Ejército Gary Prado, las vinculaciones con la célula terrorista son acciones que buscan amedrentar a los sectores que expresan su voz de protesta.
“Que un grupo de loquitos quiere dividir un país es un invento. Buscan involucrar más gente con el fin de silenciar a todas las voces que puedan disentir (con el Gobierno) para que nadie se atreva a decir nada porque lo relacionan con terroristas”, alertó Prado.
A juicio del titular de la CAO, Mauricio Roca, la lista de supuestos involucrados en terrorismo presentada por Sosa tiene la clara intención de manipular y de perjudicar a las personas que dirigieron las instituciones en el proceso autonómico. “Es la manera más canalla de descalificar a quienes somos gente de bien, trabajamos y producimos por el país”, manifestó Roca, que fue mencionado como uno de los supuestos financistas.
En tanto, el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz, calificó de poco seria las investigaciones que lleva adelante el fiscal Sosa sobre la desarticulación de una presunta célula terrorista. Declaró que mencionar los nombres de algunas personalidades de la sociedad cruceña es un manoseo y una investigación muy superficial de la Fiscalía.
Entre tanto, el ministro de Autonomías y Descentralización, Carlos Romero, que ayer estuvo en Santa Cruz, pidió separar el proceso autonómico de los intentos terroristas que se produjeron en el país.
“Hay un proceso autonómico que está en marcha, pero que avanza lento debido al capricho de algunas autoridades regionales. La lucha contra el terrorismo es sin tregua, caiga quien caiga”, advirtió Romero.
Los cívicos asumen defensa
Los dirigentes cívicos de Tarija, Beni, Santa Cruz y Chuquisaca se reunirán hoy para analizar la actual coyuntura y emitir un pronunciamiento conjunto en contra del terrorismo planificado por el Gobierno.
Según la presidenta del Comité pro Intereses de Tarija, Patricia Galarza, el objetivo es cerrar filas en torno al movimiento cívico de las regiones autónomas frente a la provocación gubernamental que involucra a dirigentes cruceños con los presuntos terroristas acribillados por la Policía Nacional.
En principio, según Galarza, la reunión de hoy debe realizarse en la capital chapaca a partir de las 18:00; sin embargo, de acuerdo con los ejecutivos del Comité pro Santa Cruz, hasta las 20:30 del martes se manejaba la posibilidad de que el encuentro se lleve a cabo en la capital cruceña.
La agenda cívica prevé realizar un amplio debate en torno a este tema, ya que el Gobierno, con la complicidad del fiscal que investiga el caso, trata de vulnerar las instituciones representativas con fines electoralistas.
La dirigencia cívica de Tarija no descarta la toma de medidas de presión contra Evo Morales, cuyos operadores políticos están en campaña para descabezar a autoridades electas por voto popular.
El movimiento cívico también desconfía del silencio temporal del vicepresidente Álvaro García Linera y del ministro Juan Ramón Quintana.
Versiones
– Klinsky. “Existe un propósito claro del Gobierno y es el de involucrar a la mayor cantidad de instituciones y líderes cruceños con el objetivo de estigmatizar y eliminar cualquier competencia democrática”
– Joaquino. “Es necesario que se frene este tipo de ataques a los posibles candidatos, porque desorientan y confunden a la población. Si quieren abrir proceso, deben realizar una investigación seria”.
– Balance. Evo Morales cuenta con un fuerte apoyo electoral en La Paz, Oruro y Potosí y en áreas rurales de Cochabamba y Chuquisaca, mientras que es resistido en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
El objetivo es acabar con los líderes clave
Manfredo Bravo / Politólogo
En vez de generar un esclarecimiento transparente del supuesto caso de terrorismo, cada vez más se impone la incertidumbre acerca de la forma y procedimientos con que la Fiscalía viene actuando. Lo único que va quedando claro en este caso, es el objetivo del Gobierno: la desarticulación de la oposición regional con el involucramiento de líderes institucionales que han sido actores clave para su articulación.
Es evidente que toda esta tramoya desatada desde el Gobierno busca sacar del camino cualquier posibilidad política de oposición. En definitiva es una lucha encarnizada por mantener y reproducir el poder en las elecciones de diciembre y dominar la Asamblea Plurinacional.
Hoy el poder está en manos de las viejas estructuras románticas de una élite intelectual que utiliza el discurso comunitarista, socialista e indigenista como medio demagógico para emborrachar a las masas campesinas en el occidente, donde, además, a través de los sindicatos agrario-rurales, han logrado controlar el voto de estas comunidades.
En este cometido, han sido funcionales instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía para el proceso de carnetización gratuita con el que han manipulado el registro de ciudadanos del padrón electoral para inflacionar la votación en el occidente rural del país.
Habrá que esperar qué sucede con René Joaquino, un nuevo candidato que se lanza a la arena electoral, seguramente algo tendrán que inventar para tratar de inhabilitarlo o al menos desacreditarlo judicialmente. Es cuestión de tiempo. Por lo pronto, Román Loayza aún genera desconfianza en la opinión pública como posible opositor al MAS, y el Movimiento Sin Miedo es la pieza clave del MAS para ganar senaturías y diputaciones en la ciudad de La Paz.
El MAS pretende consolidar tres acciones estratégicas de aquí para diciembre: destruir a los potenciales opositores con posibilidades electorales; destruir la posible fuente de financiamiento desde el empresariado oriental; finalmente, desarticular el movimiento cívico prefectural y su capacidad movilizadora a través de la política del terror.
Acusan a Sosa de politizar el caso
Investigación. Representantes del Gobierno apoyan la tesis planteada por el fiscal. Abogados cuestionan el procedimiento y la exposición de los presuntos implicados en el hecho
Acción. El representante del Ministerio Público, Marcelo Sosa, involucró a autoridades cruceñas con supuestos terroristas
Christian Peña y Lillo H. | El Deber
Abogados y políticos cuestionan el procedimiento del fiscal que investiga el caso de terrorismo, Marcelo Sosa, que implicó a la mayoría de los líderes de la institucionalidad cruceña con una supuesta célula de terroristas desarticulada en Santa Cruz, sobre la base de declaraciones de supuestos testigos. Sin embargo, voceros del oficialismo defienden al representante del Ministerio Público y aducen que las versiones son ciertas.
Para el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, la investigación ha sido politizada por el fiscal Sosa.
“Cuando la política se mezcla con los aspectos jurídicos, sólo se llega a conclusiones políticas”. El jurista opinó que los testimonios de Ignacio Villa Vargas, Juan Carlos Gueder Bruno y Alcides Mendoza Malavi apenas son pruebas referenciales de un hecho y no se constituyen en una evidencia plena del supuesto delito.
En criterio de Samuel Saucedo, vocal de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, el investigador incurrió en una irresponsabilidad al sindicar a las personas de manera pública. “El fiscal no tiene por qué informar a la prensa, él tiene que hacer sus conclusiones y dictar una imputación ante el juez”, dijo la autoridad judicial.
Sobre el valor de los testimonios, tanto Wayar como Saucedo coincidieron en que este tipo de pruebas deben pasar por un análisis procesal previo, donde se sopesan algunos aspectos, entre ellos la idoneidad del testigo. “Los medios de comunicación no son los que juzgan; los tribunales son los encargados de hacerlo”, puntualizó Saucedo.
A criterio de José María Leyes, abogado de Cochabamba, la actitud del fiscal Sosa es más que sospechosa. Para el juristahay demasiada coincidencia en que los líderes de la institucionalidad cruceña sean los sindicados por los tres testigos que el Ministerio Público ha convertido en claves.
“Que todos estén implicados, me parece que es demasiada coincidencia. Lo que está haciendo el fiscal Sosa es politizar la justicia”, precisó Leyes.
A diferencia de los abogados, el diputado por el MAS Gustavo Torrico respalda las conclusiones a las que llegó el representante del Ministerio Público y dijo: “Si se detiene a un grupo de delincuentes, los testigos serán también delincuentes”.
A su vez, Bernardo Montenegro, de Podemos, descalificó las afirmaciones del fiscal e indicó que ojalá el tratamiento político del tema no sea para que Sosa asuma la Fiscalía General de la República. El ex viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, dijo que esto no es un show y afirmó que hay pruebas de lo que se sindica.
Sin fecha retorno de dos detenidos
Juan Carlos Gueder Bruno y Alcides Mendoza Malavi, presuntos ex integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista e involucrados por el Ministerio Público en el caso de la supuesta célula terrorista desarticulada en Santa Cruz, todavía no tienen fecha de retorno a la capital oriental.
El hijo de Mendoza Malavi, Carlos, dijo que el abogado defensor de su padre, Denver Pedraza, les comunicó que, debido a ciertos trámites judiciales, el regreso de los detenidos está previsto para el jueves o viernes.
De igual forma, la esposa de Gueder Bruno, Betty Landívar, dijo que su marido arribará a Santa Cruz el viernes, aunque todo está supeditado a la conclusión del papeleo legal.
“Lo que sabemos es que Juan Carlos tuvo que ser internado hoy (ayer) en una clínica paceña, porque está delicado de salud. Él tiene la presión arterial muy alta y no puede estar mucho tiempo en la altura de La Paz”, explicó.
Gueder y Mendoza fueron favorecidos con detención domiciliaria por un juez paceño./FL
Los tres testigos claves para la fiscalía
Ignacio Villa Vargas
De acuerdo con sus antecedentes penales, Ignacio Villa Vargas fue detenido en 2001 por la Policía Técnica Judicial, acusado de estafar a un grupo de personas. El hombre registra antecedentes policiales en los años 81, 85, 90, 98 y 2000. En 2003 estuvo recluido en Palmasola. Actualmente tiene un mandamiento de aprehensión en su contra por los delitos de estafa y estelionato.
Alcides Mendoza
Fue detenido de manera violenta en su domicilio en la capital cruceña por efectivos de élite de la Policía. Luego de este procedimiento, cuestionado por juristas y líderes regionales, fue llevado a La Paz donde fue presentado ante un juez cautelar que decidió su detención domiciliaria en nuestra capital. Su traslado no se ha confirmado, pero se menciona que llegará el jueves a Santa Cruz.
Juan C. Gueder
Es acusado de ser uno de los integrantes de la presunta organización terrorista. Fue detenido en nuestra capital por orden del Ministerio Público y llevado hasta la sede de Gobierno de manera violenta junto a Mendoza. Un juez de La Paz decidió su situación jurídica, ordenando su detención preventiva en su domicilio en Santa Cruz. No se sabe cuándo llegará a la ciudad.
Rada será convocado por Senadores
La Cámara de Senadores convocará la próxima semana al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, para que brinde un informe oral sobre la presunta célula terrorista desarticulada en Santa Cruz.
El senador por Podemos Walter Guiteras informó de que en la sesión de ayer se introdujo la solicitud de informe oral al ministro Rada para que, de acuerdo con el reglamento, sea citado el martes 12 para que explique el caso de los presuntos terroristas que operaban en la capital cruceña, entre ellos el boliviano croata Eduardo Rózsa, presunto cabecilla de esta banda que murió acribillado la madrugada del 16 de abril.
“Lo que queremos saber es por orden de quién se ejecutaron a los tres extranjeros en el hotel Las Américas. No hay muestras de enfrentamiento, como lo dijo el presidente Evo Morales en Venezuela. No hubo balacera de 30 minutos, hubo una pieza del hotel que ni siquiera se violentó, donde dormía Mario Tadic; los demás fueron ejecutados y queremos saber por órdenes de quién”, insistió Guiteras. /ANF