Partidos de oposición critican la designación de al menos dos fiscales de distrito que favorecieron al Gobierno de Evo Morales y opinan que el fiscal general, Ramiro Guerrero, está pagando la factura por el respaldo que le dio el MAS en la Asamblea Legislativa.
Ponce niega que Fiscalía sea un premio y el MSM lo critica
Dudas. Asocian el nuevo cargo con su labor en el caso Chaparina.
Autoridad. Ponce fue posesionado como fiscal interino de Distrito.
La Razón / La Paz, Bolivia
El nuevo fiscal de Distrito de La Paz, José Ángel Ponce, minimizó los comentarios que asocian su reciente cargo con la labor que realizó en torno a la investigación del caso Chaparina. Aseguró que 24 horas antes no sabía que reemplazaría a Betty Yañíquez.
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“Yo me precio de ser un fiscal honesto, que no tengo antecedentes, y eso se puede preguntar al público litigante”, señaló cuando se le consultó si el cargo es un “premio” por las actuaciones que realizó en el marco de la investigación de la represión policial contra los indígenas del TIPNIS. “Hace 24 horas yo no sabía que iba a ser posesionado en el cargo”, afirmó.
El vocero del Movimiento Sin Miedo (MSM), Edwin Herrera, adujo que se está “premiando” a quienes obstaculizaron el caso Chaparina. De hecho, ese partido denunció a Ponce y a la fiscal Patricia Santos el 26 de marzo por los delitos de incumplimiento de deberes y negativa o retardo de justicia, proceso que ve actualmente el fiscal Marco Rodríguez.
“El caso sigue (…) mi persona como fiscal de Distrito tiene el deber de tomar los recaudos para que la fiscal tenga el apoyo necesario para proseguir esta investigación”, comprometió Ponce en entrevista con Cadena A.
La abogada del MSM Aida Camacho también criticó el nombramiento de Ponce y sostuvo que fue por resolver el rechazo de la investigación en contra de Sacha Llorenti por los hechos del 25 de septiembre de 2011 en la localidad de Chaparina. En respuesta a ese tipo de comentarios, Ponce manifestó que no los asume y que “van a ir por su propio camino”.
La fiscal de Distrito saliente, Betty Yañíquez, también responsabilizó a Ponce del curso que se dio a las actuaciones en el caso Chaparina. “Yo no he sido directora funcional (del caso)”, dijo. Empero, recordó que la duración de un proceso puede extenderse hasta por tres años y que, por tanto, están dentro de los términos.
Yañíquez aprovechó la oportunidad para indicar que consiguió una donación de $us 400 mil del Reino de Dinamarca para el proyecto de fortalecimiento y reafirmación del Ministerio Público, monto del que se ejecutó el 50%. El resto debe ser administrado por la nueva autoridad. Ponce también dirigía las investigaciones del caso de Nina Mancilla (“Anarquistas”) y el de Guadalupe Cárdenas, por el motín policial, entre otros.
Oposición critica designación de dos fiscales de distrito
Dicen que Guerrero está pagando la factura por recibir apoyo del MAS
DEFENSA. Parlamentarios del oficialismo aseguran que el fiscal general hizo los nombramientos de forma independiente por lo que rechazó las denuncias de los opositores.
Página Siete / La Paz – 14/11/2012
El líder de UN ayer durante una conferencia de prensa. APG
Partidos de oposición criticaron la designación de al menos dos fiscales de distrito que supuestamente favorecieron al Gobierno y opinan que el fiscal general, Ramiro Guerrero, está pagando la factura por el respaldo que le dio el MAS en la Asamblea Legislativa.
Desde el otro lado, parlamentarios del gobernante MAS defendieron los nombramientos realizados por Guerrero y dijeron que están en el marco de la independencia del Ministerio Público. Los nueve fiscales de distrito fueron designados el lunes en Sucre.
Las críticas de la oposición apuntan al nuevo fiscal de La Paz, José Ángel Ponce, quien, junto a su colega Patricia Santos, investigó la represión policial a los indígenas del TIPNIS en Chaparina el 25 de septiembre de 2011, pero éstos excluyeron del caso al ex ministro de Gobierno y principal acusado de la intervención, Sacha Llorenti. Ahora esta ex autoridad es embajador ante la ONU en Nueva York.
La moraleja que deja esta designación, según Edwin Herrera, dirigente político del MSM, es “quien hace el trabajo sucio para el Gobierno es premiado con buenos cargos”. “El fiscal está colocando a quienes el Ejecutivo seleccionó. Son designaciones políticas y peligrosas para los opositores”, denunció Osney Martínez, diputado de Convergencia Nacional (CN).
La oposición también cuestiona el nombramiento interino del fiscal de Tarija, Gilber Muñoz, quien acusó al gobernador opositor Mario Cossío por presuntos hechos de corrupción, lo que derivó en su suspensión.
Sobre el fiscal Guerrero pesan las acusaciones de haber sido constituyente por el MAS-MSM y nombrado por el presidente Evo Morales, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia en Sucre. Estos dos elementos -según los opositores- ponen en duda su imparcialidad.
Sólo “confirma que es un para-fiscal del MAS”, declaró ayer el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, quien también dijo que Ponce supuestamente recibió un “premio” por mandato del Órgano Ejecutivo.
Según el diputado Galo Bonifaz, del MAS, las críticas de la oposición tienen un asidero: ya no pueden “cuotear” las instituciones de la administración de justicia, por eso lanzan críticas.
De acuerdo con el parlamentario existe plena independencia de los órganos del Estado y de sus instituciones y rechazó que los nombramientos de los fiscales de distrito salieron de Palacio como denunciaron los opositores.
Implementarán proyectos
La ex fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, informó el martes que dejará a su sucesor, José Ángel Ponce, 200 mil dólares de los 400 mil donados por el Reino de Dinamarca, para el proyecto de fortalecimiento y reafirmación del Ministerio Público.
“Del proyecto de fortalecimiento y reafirmación del Ministerio Público solamente se gastaron 50% de 400 mil dólares que fueron subvencionados por la Embajada del Reino de Dinamarca y consiguientemente el fiscal que venga debe cumplir con la otra mitad en la consolidación de esos planes”, dijo, según la gubernamental ABI.
Informó que con este programa se implementó la primera oficina de control interno anticorrupción, además del sistema biométrico para el registro de personas que tienen medidas sustitutivas, en lugar de firmar un libro de asistencia en el Ministerio Público.
Aseguró que ese registro biométrico permitió un control transparente sobre la presentación de los imputados y evitó manipular esa información en favor de los acusados.
Anunció que existen otros futuros proyectos.