Los indígenas que sufrieron la violenta represión policial de Chaparina, rechazan el reciente ascenso de José Luis Ponce como fiscal de distrito de La Paz porque fue Ponce quien excluyó de la causa al exministro de Gobierno Sacha Llorenti, acusado de haber sido autor intelectual del ataque y que hoy ostenta el cargo de embajador de Bolivia ante la ONU.
Indígenas alistan juicio contra el Estado por el caso Chaparina
El ascenso del fiscal de la causa despierta duras críticas.
El Deber
Violencia. Mujeres y niños detenidos en septiembre de 2011 por la Policía. La investigación no avanza a 14 meses.
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Fue la gota que colmó el vaso. Para los indígenas que sufrieron la violenta represión policial de Chaparina, en septiembre de 2011, el reciente ascenso de José Luis Ponce como fiscal de distrito de La Paz es un revés a sus aspiraciones de justicia, porque fue Ponce el encargado de dicha investigación y, a 14 meses del hecho, el proceso no supera la etapa preparatoria.
Así lo confirman Celso Padilla, expresidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), y Rafael Quispe, extitular del Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Qollasuyo (Conamaq), que fueron afectados por la refriega y que ahora han anunciado una querella contra el Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación de derechos humanos, secuestro, vejaciones y torturas y retardación de justicia, entre otros cargos.
Voceros del Gobierno aseguran que nada tuvo que ver la actuación de Ponce en el caso Chaparina para su ascenso como fiscal de distrito. “Es algo fuera de contexto decir que tenemos injerencia en la Fiscalía”, manifestó el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, que, por otra parte, admitió que no sabe nada sobre el esclarecimiento de ese caso.
Para los indígenas, en cambio, este nombramiento no es casual y se constituye en un ‘premio’ por haber excluido de la causa al exministro de Gobierno Sacha Llorenti, acusado de haber sido autor intelectual del ataque policial de Chaparina y que hoy ostenta el cargo de embajador de Bolivia ante la ONU, con oficinas en EEUU.
“La justicia boliviana no da buenas señales, así que iremos ante la CIDH”, expresó Quispe. El exlíder de Conamaq explicó que alistan el trámite internacional para que, una vez vencido el plazo de investigación de 18 meses que fija el Código Penal, se eleve una demanda. “La justicia está politizada”, sostiene Padilla, que trabaja con Quispe.
Antecedentes
– Intervención. El 25 de septiembre de 2011, la VIII marcha indígena, que se opuso a abrir una carretera por el Tipnis, es reprimida por 500 policías en Chaparina. El Gobierno niega responsabilidades.
– Querellas. Los indígenas de la marcha y el líder político del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, presentaron denuncias, por separado, contra el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y el exministro de Gobierno Sacha Llorenti por la intervención.
– Exculpados. El fiscal general Mario Uribe excluyó al presidente y al vicepresidente del juicio de responsabilidades por la represión. En septiembre, Llorenti fue sacado de la investigación por el fiscal José Luis Ponce.
– Denunciados. Patricia Santos y José Luis Ponce eran los fiscales asignados al caso. En más de un año de investigación no consiguieron iniciar un jucio contra los acusados. Fueron denunciados por retardación de justicia.