Lo que le corresponde al Ministerio Público, y por supuesto al fiscal Sosa, es sustentar las afirmaciones soltadas el lunes con pruebas de que la dirigencia de Santa Cruz está involucrada en esta supuesta aventura sin sentido; si no lo hace, llevará a concluir de que hay manipulación.
Editorial La Razón
El fiscal Marcelo Sosa convocó la noche del lunes a periodistas para revelar detalles de la investigación del caso Rózsa, con el fin de sustentar la tesis de que en Santa Cruz hubo acciones de terrorismo e intentos separatistas. Desde un atril y apoyado por un organigrama involucró a la dirigencia cruceña, incluso al prefecto Rubén Costas, con la organización del miliciano Eduardo Rózsa Flores, muerto durante un operativo policial en un hotel de esa ciudad.
Cual piezas de rompecabezas, los nombres de los presuntos implicados fueron ubicados en reuniones y operaciones que se habrían realizado días antes de que tres miembros del grupo fueran abatidos la madrugada del 16 de abril y dos heridos fuesen trasladados a La Paz. Tras 18 días de investigación “bajo reserva”, Sosa publicó los detalles obtenidos de un “testigo clave” y de otros dos detenidos acusados de proveer armas al supuesto grupo terrorista y que sólo guardarán arresto domiciliario.
Pese al clamor de que este caso no caiga en la politización, el fiscal lo llevó hacia un escenario complejo, imprevisible y subjetivo. Además, un día después de la conferencia de prensa, se sabe que Marcelo Sosa sorprendió a los investigadores de la Policía asignados a este caso, pues éstos aún estaban en el afán de cruzar la información obtenida de diversas fuentes. Para colmo, el representante del Ministerio Público, tras aquella parafernalia, dice que sólo tiene indicios.
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Aquellas declaraciones coincidieron con el primer aniversario de la victoria del referéndum autonómico de Santa Cruz.
Sosa reveló nombres de personas a las que ni siquiera había convocado a prestar sus declaraciones informativas y provocó un giro en el caso: el Comité Cívico pro Santa Cruz cerró filas en torno a los dirigentes y anunció la creación de un consejo que defienda a los bolivianos que se sientan agredidos por el Gobierno.
Lamentablemente, el caso Rózsa está sumergido en aguas oscuras, cuando la Fiscalía General de la República debería hacer cuanto esté a su alcance para que sea manejado con la mayor prudencia, pericia y objetividad, pues debe esclarecerse por la seguridad del país y de los bolivianos. Sin embargo, está en fase de investigación preliminar, no ha llegado al ámbito del proceso judicial y ya está contaminado. Un caso de semejantes connotaciones no puede estar a cargo de una sola persona.
Los restos de tres personas abatidas —cuyos exámenes forenses son un misterio—, la reveladora entrevista de Rózsa, las pruebas de que éste tuvo varias identidades, son quizás los elementos más fuertes de un caso que hoy tiene más interrogantes y elementos contradictorios que certezas. Aún no se puede entender, por ejemplo, por qué la Policía abatió al hombre que pudo haber permitido despejar este presunto entramado terrorista, al jefe del grupo, el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa.
Lo que le corresponde al Ministerio Público, y por supuesto a Sosa, es sustentar las afirmaciones soltadas la noche del lunes, con pruebas de que la dirigencia de Santa Cruz está involucrada en esta supuesta aventura sin sentido ni futuro. Lo contrario llevará a concluir que hay una manipulación política. Urge que este caso sea investigado en el ámbito técnico, en los estrados judiciales, que se informe sobre él, pero que no esté sujeto a manejos mediáticos sospechosos.