(La “ilusión” por el “proceso de cambio” se ha marchitado)
Cuando todo indicaba que se había “reinstalado” en el acontecer político y social del país la disputa simbólica por la defensa de las banderas, amenazando reeditar manifestaciones de radicalidad e intolerancia de uno y otro lado, emergió un nuevo factor de acumulación de la voluntad colectiva, inédito en el país. La defensa de la propiedad privada, como el eje de acumulación del descontento de la sociedad, ante el propósito del Gobierno de aprobar e implementar un conjunto de leyes destinadas a perseguir y someter, ya no solo a los opositores, sino al conjunto de la sociedad.
Ni el creativo “maquillaje” de denominar a la ley 1386 “de lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo” fue suficiente para el engaño; la sociedad, desde diferentes sectores económicos fue capaz de advertir que la aprobación de ese conjunto de disposiciones, apuntaba más bien, al inicio de la implementación (por fin) del principal ideario político ideológico del partido de Gobierno, el socialismo; retraso que según sus “asesores externos” (grupo de Puebla y Grupo de Rio) sería la principal causa de no poder sostener en el Gobierno a Evo Morales el 2019 al no tener el pleno control de los factores de poder.
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Esta urgencia del régimen de acelerar la profundización del “proceso de cambio”, tiene en lo político, antes que en lo ideológico, su principal motivación; sabe el Gobierno que las múltiples crisis que enfrenta la sociedad boliviana, no podrán ser gestionadas y menos resulta en un marco plenamente democrático, situación que les lleva inevitablemente a endurecer su accionar, conscientes que no tienen margen para resolver sus enormes dificultades de gestión y menos la problemática del país.
Dirán: “ahora mejor que más tarde”, conscientes que el respaldo del 55% obtenido en las elecciones del 2020, día que pasa, se reducen aceleradamente y, en escenarios de concertación, acuerdo y pacto con las fuerzas de oposición (como la sociedad boliviana se lo viene pidiendo desde el inicio de la gestión), saben que perderían el respaldo de su voto duro y la posibilidad de alcanzar sus objetivos políticos, ya no solo en el plano nacional, sino internacional.
Es evidente que de alguna manera, están “presos” de las decisiones del comunismo/socialismo internacional, que tiene la pretensión de retomar el control de la sub región, contando para ello, con el desempeño del MAS en Bolivia.
Se trata del típico “salto hacia adelante” que los idearios políticos radicales asumen cuando las otras alternativas son sinónimo de claudicación y derrota.
El MAS no va a ir al encuentro, a la reconciliación, al pacto, al acuerdo; para ellos, la única salida es radicalizar y profundizar el proceso de cambio rumbo al socialismo del siglo XXI, con todo lo que ello implica, estatismo, centralismo, extractivismo, populismo, autoritarismo, no importando mucho si el disfraz es étnico, regional o social.
Así, se puede entender por qué el interés de generar disputas por los símbolos patrios (tricolor – wiphala), por qué exacerbar (de nuevo) el regionalismo (oriente – occidente), por qué reponer la confrontación (urbano – rural), por qué ahondar los rencores sociales (ricos – pobres); se trata de hacer de la confrontación el factor de acumulación que les permita acelerar su proyecto socialista.
Lo señalado, no es una novedad, es parte de lo que en términos generales advierte la gran mayoría de la sociedad boliviana luego de haber visto y vivido los 14 años de gobierno de Evo Morales; pero también es producto de las enormes facilidades que hoy existen para enterarse del acontecer internacional vía los medios masivos y la red; los latinoamericanos y en particular los bolivianos, vemos y entendemos lo que es estar preso 60 años en la isla prisión de Cuba; la diáspora venezolana de más de 6 millones de personas debido al régimen de Chávez y Maduro en Venezuela; la persecución y crueldad de la dictadura de Ortega en Nicaragua; la corrupción y despilfarro de los Kirchner y Fernández en la Argentina, o la de Lula en Brasil, Correa en Ecuador; en fin, estamos al tanto de lo que es capaz el socialismo del siglo XXI.
Pero hay algo más, estar informados no es suficiente para explicar la reacción de la sociedad boliviana.
Se trata del resultado de vivir más de 35 años en “libre mercado”; el 29 de agosto de 1985 se dictó el DS 21060 y desde entonces, para bien o para mal, la economía del país nunca más volvió a ser la misma.
Hoy cuando el común denominador de las movilizaciones es la defensa de la “propiedad privada” es posible entender los efectos de aquella medida que tiene a los gremiales, los transportistas, los cooperativistas, los cuentapropistas y otros, sus principales exponentes. Actores económicos que ahora se oponen terminantemente a que le toquen los bolsillos o pongan en duda su patrimonio. Se trata de la adscripción al libre mercado, al lucro, al capitalismo, al emprendimiento y por supuesto, al empleo y al salario que en el caso del estado, está reservado para los militantes del partido gobernante, como botín político. Es la conciencia colectiva que reconoce que la riqueza se alcanza trabajando y ahorrando y no, despilfarrando como lo hace el estado; es el resultado de largos años de insistir y perseverar en actividades productivas y de servicios que les abre un horizonte de bienestar.
Es la nueva Bolivia que luego de largos años de esperanza, asume que la ilusión por el proceso de cambio, se ha marchitado. ¡Cambia, todo cambia!!
Eduardo Campos Velasco – Plataforma UNO -Grupo de Trabajo Oruro