Acusados dijeron que Rózsa no habló de actos terroristas. La inactividad de Rózsa derivó en los atentados. En audiencia se revelarán más pruebas sobre Rózsa. Dos húngaros habrían huido en marzo. Pedraza asegura que entregó documentación a autoridades. Gobierno basa en una ley el DS para la confiscación.
EN UNA REUNIÓN • El líder del supuesto grupo terrorista (con el torso desnudo) conversa con dos de los miembros de su organización. La Fiscalía proporcionó esta fotografía.
LA RAZÓN
Según parlamentarios que investigan el caso, el líder de la organización llegó en septiembre del 2008 y tomó contactos con gente de Santa Cruz y del Beni para formar el bloque. También habría ofrecido sus servicios en Alto Parapetí.
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Eduardo Rózsa, el líder del supuesto grupo acusado de actos terroristas, reclutó gente y formó un grupo de “autodefensa” en Santa Cruz, con miras a expandir esta experiencia a Trinidad (Beni) con el mismo objetivo, según coincidieron en revelar miembros de la comisión multipartidaria que indaga el caso.
Los datos que recolectó la comisión revelan que Rózsa arribó al país en septiembre del 2008, cuando el país atravesaba un conflicto político que enfrentaba al Gobierno con las regiones consideradas de oposición, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
Una vez en la capital oriental, Rózsa se contactó y convocó, vía internet, a gente interesada en ser parte del bloque de autodefensa. Según un miembro de la comisión que pidió el anonimato, entre febrero y marzo de este año, los compañeros extranjeros de Rózsa ya se habían instalado en el país.
La diputada Marisol Abán (MNR) dijo que de acuerdo con los testimonios de Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, sindicados de proveer armas al supuesto grupo irregular, Rózsa “hablaba de prepararse para hacer una resistencia”.
Abán agregó que al menos de inicio no existía intención de cometer atentados, como se presume ejecutaron, por ejemplo, a la casa del cardenal Terrazas.
Abán informó que, al parecer, Rózsa estaba al tanto de lo que acontecía en el país en las jornadas de septiembre. “Lo que se pretendía era hacer una resistencia civil. Hay que tomar en cuenta que por San Julián (Santa Cruz) llegaba una gran movilización armada ligada al Gobierno”.
Sin embargo, Santa Cruz no fue el único lugar donde estuvo. Una fuente de la pesquisa reveló que el miliciano viajó a Trinidad. Abán confirmó el dato y precisó que allí se reunió “con gente del movimiento cívico y habló de organizarse, de estar preparados, de conocer tácticas de resistencia y enfrentamiento”.
Otra fuente oficialista de la comisión señaló que de las declaraciones de Gueder, Mendoza y de Mario Tadik, detenido en la cárcel de San Pedro, se “confirma que el grupo hablaba de defender Santa Cruz, y si los atacaban con armas iban a responder también con armas”.
El presidente de la comisión, César Navarro, afirmó que Tadik relató que en Santa Cruz se entrenó a varias personas y que existía el interés de Rózsa de comprar un terreno en Cotoca a fin de consolidar su misión.
De hecho, en una entrevista que el líder del grupo concedió el 8 de septiembre al periodista Andras Kepes en Hungría, anunció que formaría milicias de autodefensa y que, “si no hay autonomía, si no hay convivencia con autonomía, proclamaremos la independencia y fundaremos un nuevo país”.
Según el diputado y miembro de la comisión Bernardo Montenegro (Podemos), el objetivo del grupo “se desvió hacia la delincuencia”. Fuentes de la pesquisa afirman que Rózsa vendía su conocimiento militar a hacendados de Alto Parapetí y que pretendía traer a 17 extranjeros.
Para el diputado podemista Wálter Arrázola, “la formación de milicias civiles para defender Santa Cruz es legítima y el entrenamiento para manejar armas es necesario cuando una sociedad civil es asediada”.
Otros datos
Compra • Rózsa se puso en contacto con Carlos Guillén, el dueño del coche que se supone usaron en el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, para que le venda una finca en 70 mil dólares. Los datos de la pesquisa señalan que pretendía tener un lugar para entrenar a su gente.
Operativo • En un operativo policial el 16 de abril, la Policía eliminó a Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer, y luego detuvo a Elot Toazo y a Mario Tadik. Todos acusados de ser terroristas.
Acusados dijeron que Rózsa no habló de actos terroristas
COMISIÓN
Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, acusados de acopiar armas para el grupo de Eduardo Rózsa, no escucharon a su líder hablar sobre un plan terrorista en el país, de acuerdo con los datos que pudo cotejar la comisión multipartidaria de la Cámara Baja, que investiga este caso.
“‘¿Terrorismo? Imposible’, dijo Mendoza ayer (miércoles) a la comisión”, señaló la diputada del MNR Marisol Abán, quien, junto a otros legisladores, recibió las declaraciones de los dos detenidos en el penal de San Pedro.
Explicó que Mendoza contó a los diputados que escuchó a Rózsa “hablar de organizar (algo) para la defensa de Santa Cruz, pero nada sobre terrorismo”.
“La idea era siempre estar a la defensiva, no a la ofensiva”, insistió la legisladora opositora.
La Fiscalía asegura que el supuesto grupo irregular tenía objetivos precisamente terroristas porque estaban armados.
La inactividad de Rózsa derivó en los atentados
Tarea • Sus contactos exigían justificar su contratación y gastos. Optaron por la violencia.
EL ATENTADO • En la madrugada del 15 de abril detonó un explosivo en la puerta de la casa del cardenal Julio Terrazas.
La inactividad del supuesto grupo terrorista liderado por Eduardo Rózsa terminó provocando que planeen y ejecuten el atentado contra la casa del cardenal Julio Terrazas en la madrugada del 15 de abril, informó una fuente de la indagación.
Cerca de seis meses, Rózsa se dedicó, según las investigaciones, a buscar gente para formar grupos “de autodefensa” de Santa Cruz, pero para sus contactos “no hacía nada” y le exigieron demostrar de qué era capaz.
“Al no demostrar de lo que eran capaces y vivían como duques, fueron presionados e idearon los atentados, entre ellos a la casa del cardenal (Julio Terrazas)”, explicó la fuente vinculada a la pesquisa del caso.
Según la Fiscalía, además de la casa del Cardenal, atentaron contra la vivienda del disidente senador masista Guido Guardia y del hoy viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos.
Este accionar habría “sorprendido” a quienes lo contrataron y, de hecho, alguno de ellos optó por dar un paso al costado. En consecuencia, Rózsa se desvía de su objetivo, que era el formar grupos de autodefensa, indicó.
En septiembre del 2008, las organizaciones sociales afines al gobierno de Morales comenzaron a presionar y amenazaron con cercar y marchar a la capital oriental, que en esos momentos vivió días de violencia con la toma de instituciones públicas.
En esta “efervescencia política”, señaló la fuente allegada a las pesquisas, nace la idea de la defensa de Santa Cruz, “para liberar a la Nación Camba de la República de Bolivia”.
A Rózsa se le habría contactado para precisamente defender a Santa Cruz. No se conoce la fecha exacta en que entró al país, pero se presume que fue entre el 2 y 3 de octubre. En su pasaporte figura un sello de Brasil del 1 de octubre del 2008.
En esos momentos se “anticipa un ataque de los campesinos del occidente (a Santa Cruz) y que se iban a defender, pero esto (ataque) no se dio y, entonces, los objetivos cambian”, agregó.
Rózsa, junto al rumano Arpad Magyarosi y al irlandés Michael Dwyer, murió en el operativo policial del 16 de abril, mientras que Mario Tadik y Elot Toazo fueron detenidos. Según la investigación, el grupo tenía organización militar.
TRABAJO
Conocimiento • El grupo de Rózsa vendió su conocimiento militar a los hacendados de Alto Parapetí como Dusto Larsen, según hipótesis de la investigación sobre terrorismo.
Reclutas • Rózsa pretendía ampliar su grupo con 17 personas extranjeras por contactos a través de internet, sin imaginarse que había sido descubierto por la Policía
En audiencia se revelarán más pruebas sobre Rózsa
Defensa • Las nuevas revelaciones serán clave para la defensa de Gueder y Mendoza.
Tras ser suspendida en tres ocasiones, la audiencia de apertura de pruebas del presunto caso de terrorismo será instalada hoy en el Juzgado 10º de Instrucción en lo Penal, la que permitirá que se conozca la información contenida en la computadora de Eduardo Rózsa.
En la audiencia, que se instalará a las 15.00 horas, se conocerá, además de la información de la computadora, fotografías y otros documentos secuestrados en el operativo del 16 de abril que terminó con la vida de Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer, y la detención y remisión a la cárcel de Elot Toazo y Mario Tadik.
Álvaro Corro, abogado de Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza —acusados de proveer armas al supuesto grupo irregular—, aseguró que esta “audiencia es clave para sus defendidos”.
Pasada la audiencia de apertura de pruebas, se instalará otra en la que declarará el testigo “clave” de la Fiscalía, Ignacio Villa Vargas, quien —según fuentes allegadas a la investigación— sería el “soplón” que delató al grupo de Rózsa.
Según el fiscal Marcelo Sosa, Gueder, Mendoza y Villa vincularon, en sus declaraciones, a líderes cívicos, empresariales y políticos, entre ellos el prefecto Rubén Costas, con el supuesto movimiento irregular.
Las audiencias de apertura de pruebas fueron suspendidas por la recusación de los jueces. El Ministerio de Gobierno fue una de las partes que recusó al juez luego que el abogado de Gueder y Mendoza, Dember Pedraza, anunciara que tiene información que podría dar un giro a las indagaciones.
Hasta el momento, Pedraza no reveló la información anunciada que, sin embargo, anticipó tiene relación con un tráfico de armas que data del 2007.
La Fiscalía acusa a Gueder y Mendoza de cometer actos de terrorismo en Bolivia. La acusación está sustentada en las armas que se les encontró y en los atentados que perpetraron.
Dos húngaros habrían huido en marzo
Embajador
El embajador de Hungría en Argentina, Matyas Józsa, informó que los dos húngaros Gabor Dudog y Daniel Gaspar, quienes presuntamente eran del grupo de Eduardo Rózsa, habrían salido de Bolivia a mediados de marzo.
La declaración la hizo ayer a la agencia de noticias húngara MTI. Józsa manifestó que esa información la obtuvo de fuentes confiables, según publica la página huangarianambiance.com.
Dudog y Gaspar habrían formado parte del supuesto grupo subversivo de Eduardo Rózsa, según informó la comisión multipartidaria de la Cámara Baja que investiga el presunto caso de terrorismo.
Sin embargo, tras una discusión con Rózsa, Dudog y Gaspar desaparecieron antes del operativo policial del 16 de abril en la ciudad de Santa Cruz. El Ministerio Público los busca como miembros de la organización.
Un integrante de la comisión multipartidaria que indaga el caso en Bolivia, dijo que podrían estar muertos.
Pedraza asegura que entregó documentación a autoridades
Armamento
El abogado de los unionistas Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, implicados en el supuesto caso de terrorismo, Dember Pedraza, aseguró ayer que entregó documentos probatorios sobre el tráfico de armas a autoridades “importantes”.
“Le pasé documentación original que no tiene el Ministerio de Gobierno ni la Fiscalía”, explicó, aunque no quiso decir a quién, porque es un tema “muy delicado”, en declaraciones realizadas anoche en el programa Que no me pierda de la red Uno.
La semana pasada, Pedraza acusó al Ministerio de Gobierno de conocer y permitir el ingreso ilegal de armamento en camiones el 2007. Insinuó que el coronel Guido Parada conoce el tema y pidió que lo “llamen o vayan a Santa Cruz y entrevístenlo (a Parada), era el director de Inteligencia”, ahora está en Tránsito.
Murillo dice que Aguilera tiene intereses
Terrorismo
El diputado Arturo Murillo denunció ayer que uno de los investigadores del supuesto caso de terrorismo, el mayor de Policía Johnny Aguilera, actúa de forma parcializada en el caso porque busca “favores” para sus hermanos, también policías.
El legislador explicó que este oficial buscaría que su hermano, capitán Cuper Aguilera, sea reincorporado a la Policía y que su otro hermano, Richard Aguilera, implicado en un caso de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sea absuelto del proceso.
“Todo indica que el señor mayor Aguilera está trabajando no profesionalmente, sino haciendo un trabajo más político para el Gobierno, porque resulta que todos los casos duros que pasaron, como en Cobija (11 de septiembre) y Santa Cruz (caso Rózsa), es él quien los cubre, siendo un simple mayor”, cuestionó.
Con este argumento solicitó al Ministerio Público que analice este caso para “garantizar una investigación imparcial”.
Gobierno basa en una ley el DS para la confiscación
NORMA • Se trata de un instrumento que ratifica una convención contra el terrorismo.
El Gobierno se basará en la Ley 2279, aprobada el 27 de noviembre del 2001 por el gobierno de Jorge Quiroga (Podemos), para aprobar el decreto supremo (DS) sobre confiscación de bienes de quienes resulten responsables de haber financiado delitos de terrorismo en el país.
La información fue proporcionada ayer por el senador del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Ricardo Díaz. Explicó que el decreto que anunció el Gobierno sería una reglamentación de esa ley, que en su artículo único “aprueba y ratifica la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1999 y firmada por Bolivia, el 10 de noviembre de 2001”.
Esa convención, que consta de 28 artículos, determina que los países que la reconozcan podrán adoptar medidas excepcionales para combatir delitos de terrorismo, como el decomiso de fondos y la investigación de cuentas bancarias de los sospechosos.
Sobre esta base, Díaz dijo que se trabaja en la normativa que el presidente Evo Morales anunció hace tres semanas. “Estamos conociendo los antecedentes legales y creo que es importante que pueda cumplir el Poder Ejecutivo, precisamente en base a estos convenios, porque acá no estamos hablando de la vida de una persona, estamos hablando de la integridad de un país”, señaló.
De acuerdo con el parlamentario oficialista, “si alguna autoridad de orden público está financiando a terroristas se puede congelar incluso sus cuentas, eso demanda este instrumento legal y esta ratificación de este convenio que se ha hecho vía ley y que ha sido firmado, reitero, por don Jorge Tuto Quiroga”.
CONVENCIÓN de 1999
Art. 8.4 • “Cada Estado Parte considerará el establecimiento de mecanismos mediante los cuales los fondos procedentes de los decomisos previstos en el presente artículo se utilicen para indemnizar a las víctimas de los delitos…(de terrorismo)”.
Art. 8.2 • “Cada Estado adoptará… las medidas que resulten necesarias para el decomiso de los fondos (usados en el delito)”.