Del poder del Ministerio de Gobierno, a la cárcel. Los abogados Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas Limachi, que ostentaron el poder durante años como responsables de la Unidad Jurídica del Ministerio de Gobierno, fueron remitidos ayer a la cárcel de Palmasola. Uno de los principales procesos en los que Fernando Rivera y Dennis Rodas actuaron por el Ministerio de Gobierno fue el caso Terrorismo, que habría iniciado los despojos.
Revelan nexo de la mafia rusa con extorsionadores
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, denunció que la red de abogados implicados en el caso Jacob Ostreicher aún opera y que sus tentáculos alcanzan a juegos de azar. Anuncia más detenciones.
El Deber, Bolivia
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez Valenzuela, desveló que la red de corrupción y extorsión que involucra a exfuncionarios del Ministerio de Gobierno sigue operando en el país, pese a los operativos y detenciones, y que tiene vínculos con mafias criminales de Rusia y Francia que presionan a jueces para que cambien su fallo en ciertos casos.
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Pérez, en entrevista con EL DEBER Radio, afirmó que a raíz del descubrimiento de la red que operaba a través de altos funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) para extorsionar también a gente vinculada a casinos, se decidió reforzar el sistema de seguridad para resguardar a las autoridades estatales.
“Esa es una de las aristas de la investigación (sobre las mafias internacionales), eso lo está trabajando un grupo de élite”, confesó la autoridad gubernamental y admitió que estos hechos generan cierto temor, pero no desanima a continuar con la investigación para sancionar a las personas que estén involucradas en actos ilícitos.
Como se sabe, los principales exasesores del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera y Dennis Rodas aparecen como los líderes de la red.
La autoridad ministerial anunció que se realizarán más operativos para detener a más involucrados en el caso y no descarta que haya más personas de las esferas del Gobierno involucradas en esta investigación por el caso de extorsión y corrupción.
Pérez fue contundente al decir que se trata de una estructura criminal que todavía sigue operando en el país y que hasta ha descubierto que lo están vigilando. “Cuando llegaba a mi casa (hace unos días), mi hijo me dijo que afuera (de la casa) había un hombre y este se puso en cuclillas. El hombre volvió, miró a la esquina y avanzó, entonces yo le silbé, volvió un paso y miró desafiante, pero siguió avanzando”, relató la autoridad, que a raíz de esto porta un arma de fuego.
La investigación, que fue dirigida desde el Ministerio de Gobierno por orden del presidente Evo Morales, recibió hasta la fecha al menos 11 denuncias de personas y empresarios extranjeros, como un ciudadano brasileño que está recluido en el penal de Chonchocoro, de La Paz, dedicado a la exportación de madera y que fue extorsionado por esta red de corrupción para salir en libertad. Además, perdió cerca de $us 3 millones por la venta ilegal de la mercadería de su propiedad.
Otro caso, es el de una señora que trabajó durante 12 años en España, que retornó al país, pero antes llegó a Chile para comprar mercadería y un vehículo, luego viajó de La Paz a Cochabamba y en la zona de Chapare le quitaron su motorizado y todo el dinero. Ante esa situación, la señora se asustó y pidió que por lo menos le dejaran $us 10.000 para poder retornar al País Vasco, pero su solicitud fue negada por la red de extorsionadores, según la información de Pérez.
El viceministro denunció que durante la audiencia contra los ex funcionarios gubernamentales Fernando Rivera y Dennis Roda, principales acusados de extorsionar al ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, el actual director departamental de Transparencia, Francisco Núñez del Prado, se reunió con el exfiscal de Distrito Isabelino Gómez y un fiscal.
Al respecto, Núñez del Prado negó ese hecho, aduciendo que estuvo de manera permanente en la audiencia cautelar contra los funcionarios estatales. “Eso es falso, estoy toda la tarde aquí en la audiencia, no me reuní con nadie para nada”, aseguró.
La revelación del viceministro de Régimen Interior puso en evidencia la debilidad de las políticas gubernamentales y pone en entredicho la política de lucha contra la corrupción y de reformar el sistema judicial, opinó el politólogo Carlos Cordero.
“Esto genera una gran incertidumbre en los ciudadanos porque la corrupción sigue campante y la justicia no cambió”, aseguró Cordero y manifestó que ciudadanos que quieren invertir en el país corren el riesgo de ser extorsionados, pero además pone temerosas a personas de escasos de recursos que de alguna manera están involucrados en procesos judiciales.
El proceso
Inicio. El inicio de la investigación se originó a raíz de las denuncias que hicieron los abogados de Ostreicher de que su cliente era víctima de una red de extorsionadores. El ciudadano estadounidense perdió el capital que trajo para invertir en el país, pero además su salud se deterioró notablemente.
Los implicados. El martes se aprehendió a cinco personas vinculadas al Gobierno central. Hay tres ciudadanos prófugos y falta detener a otros cinco. Realizarán operativos.
Del poder del Ministerio de Gobierno, a la cárcel
Los abogados Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas Limachi, que ostentaron el poder durante años como responsables de la Unidad Jurídica del Ministerio de Gobierno, fueron remitidos ayer a la cárcel de Palmasola.
TRAS LAS REJAS. Un grupo de policías saca a Ramiro Ordóñez y a Dennis Rodas tras concluir la audiencia, de madrugada
El Deber, Santa Cruz
Sin embargo, ambos pidieron ser enviados a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para precautelar sus vidas, solicitud a la que accedió el juez. Ramiro Ordóñez López, exfuncionario de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) en La Paz, fue llevado al penal.
Rivera y Rodas, señalados como los principales cabecillas de una red mafiosa y extorsionadora, además de Ordoñez, participaron de una maratónica audiencia ante el juez cautelar José Subieta. Arrancó a las 10:00 y se prolongó hasta la madrugada.
Los imputados negaron por separado ser parte de la organización. Rivera manifestó que su aprehensión fue un atropello porque estuvo incomunicado 36 horas sin poder acceder a su familia, peor a su abogado. “Nunca mi persona ha sido sujeta ni siquiera a un proceso porque considero que mi trabajo en el ejercicio de la labor pública la he realizado con absoluta transparencia y legalidad. He ingresado con convocatoria de mérito a trabajar a la Contraloría y fui considerado entre los tres mejores abogados del país y luego en el Ministerio de Gobierno y en dos días me la han destrozado, ¿por qué?, porque en dos días se ha armado una investigación a partir del domingo”, argumentó Rivera en sus intervenciones.
Rodas también negó y señaló que estuvo incomunicado y que incluso su abogado sufrió las consecuencias.
Los fiscales Anuncio Piérola, Mario Mercado, Ángel Álvarez y Mabel Andrade imputaron a los abogados por los delitos de organización criminal, extorsión, legitimación de ganancias ilícitas, uso de influencias y otros, mientras que a Ordóñez López, por incumplimiento de deberes.
La Fiscalía sostuvo que la extorsión y la presión a jueces y fiscales para emitir fallos fue evidente. Los vocales respaldaron con documentación, incluyendo la desaparición de los bienes incautados al estadounidense Jacob Ostreicher.
Los abogados Yimmy Montaño y Jerjes Justiniano, que defienden a ciudadanos estadounidense, dijeron que hay declaraciones de jueces y vocales sobre intromisión con amenazas a los jueces para emitir fallos.
La red de extorsión administraba nueve casos ‘clave’ del Gobierno
Uno de los principales procesos en los que Fernando Rivera y Dennis Rodas actuaron por el Ministerio de Gobierno fue el caso Terrorismo, que habría iniciado los despojos.
Santa Cruz. Fernando Rivera (de pie), acusado de ser parte de una red de extorsión, en su audiencia cautelar de ayer. Terrorismo fue el caso que desató el ovillo. Rivera, Rodas y Ordóñez, a Palmasola.
La Razón / La Paz
Los abogados Dennis Rodas y Fernando Rivera administraban y daban seguimiento a al menos nueve procesos “clave” del Ministerio de Gobierno; uno de ellos, el caso Terrorismo, fue identificado como el que dio inicio a las extorsiones que realizaba la red.
Una de las primeras “víctimas” de la red que conformaron los ahora exabogados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno fue Juan Carlos Guillén, persona que pagó los hoteles del grupo terrorista de Eduardo Rózsa Flores y prestó el vehículo que fue usado para el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, en abril de 2009.
Esta versión fue ofrecida por el exviceminsitro de Régimen Interior Gustavo Torrico. “Él (Guillén) debía ser uno de los primeros procesados en el caso Terrorismo, pero no aparece en la acusación particular que presentan Rivera y Rodas a nombre del Ministerio de Gobierno”, querellante en el caso, dijo. Según Torrico, “ahí han visto que había una mina de oro y con el poder que les habían dado, podían extorsionar, cambiar fallos y demás”, indicó a La Razón.
Procesos. Tanto Rodas como Rivera actuaban en las audiencias del caso Terrorismo con un poder especial proporcionado por el Ministerio de Gobierno. De hecho, a Rivera se lo aprehendió el lunes, aprovechando un cuarto intermedio de este juicio oral que se desarrolla en la ciudad de Tarija. En el proceso se juzga a 39 acusados, entre extranjeros y nacionales, por pretender dividir el país a través de la instauración de un presunto grupo terrorista.
Derivado de este proceso se abrió el caso Terrorismo II, en el que el exfiscal Harry Suaznábar investigaba a los “financiadores” de la célula terrorista de Rózsa y en el que Rivera y Rodas se apersonaban hasta que el fiscal renunció en julio de este año.
Gastos Reservados I y II, en los que se habría extorsionado a algunos de los investigados de beneficiarse con pluses, también estaba a cargo de Suaznábar. La hija de Guillermo Fortún, quien falleció recientemente en una clínica, siendo preso del penal de San Pedro, afirmó que a su familia le pidieron $us 20 mil para dar curso a una detención domiciliaria. En Gastos Reservados II, el exfiscal Harry Suaznábar imputó al exviceministro Víctor Hugo Canelas, presuntamente por presiones de Rivera.
La red también dio seguimiento al caso de Dirk Schmidt, un alemán que fue acusado de alzamiento armado y sedición en 2010. Para liberarlo le pidieron que ceda sus tierras y, como no lo hizo, le pidieron pagar $us 10 mil. A este ciudadano, según Gustavo Torrico, le armaron el caso junto con el exviceministro Marcos Farfán y el exdirector de Régimen Interior Boris Villegas.
Otro de los procesos en los que la red utilizaba un poder para realizar las diligencias, es el que involucra al general (r) René Sanabria con un grupo de narcotraficantes que enviaba droga a EEUU. Este caso goza de relevancia porque supuestamente Sanabria implicó a gente del Gobierno con el narcotráfico. No se reportó denuncias sobre algún tipo de presión para favorecer o no a los inculpados o partes que conocieron el proceso desde febrero de 2011.
A este juicio se suma el caso de René Navía, un oficial de la Policía implicado en un caso de narcotráfico y lavado de dinero, que también era seguido por Rivera y otros. Gustavo Céspedes (identificado como hombre de confianza de Rivera) habría exigido $us 40 mil para dar curso a su traslado de Chonchocoro a Palmasola.
Además, se apersonaron en el caso del reo Franz Reynaldo Gonzales, alias Vinchita. El acusado del asesinato de Jessika Borda denunció que le exigieron $us 10 mil para trasladarlo del penal de Chonchocoro a Palmasola. El reo apareció muerto en julio de 2012. Por último, se cita el caso de Jacob Ostreicher, que destapó la red de corrupción y extorsión.
Encuentro que llamó la atención
Cena
El exfiscal anticorrupción Harry Suaznábar, el exdirector de Régimen Interior Boris Villegas, el exdirector Jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera y el abogado de esa entidad Dennis Rodas, presuntos integrantes de la red de extorsión, fueron encontrados cenando juntos en un local de Sopocachi, a fines de mayo de 2011. Dijeron que fue un encuentro casual.
Mafias rusa y francesa con vínculos en la red
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, reveló ayer que la red de corrupción y extorsión estaría vinculada a mafias rusas y francesas. “Estamos reforzando la seguridad porque tiene que ver ya con organizaciones internacionales”, dijo.
“Tenemos información sobre la participación de varios fiscales de materia y uno o tres jueces que deben explicar y brindar información, ahí el Ministerio Público determinará si forman parte de la red o en realidad han sido obligados a cambiar fallos en 24 horas”, dijo la autoridad del Gobierno nacional a El Deber Radio.
Pérez señaló: “Estamos peleando con gente vinculada a mafias, ésta es una organización criminal relacionada a casos de corrupción y extorsión, por las denuncias que hay ellos no están cuidando $us 50 mil ni $us 100 mil”.
El viceministro reveló que desde el inicio de la investigación de este caso porta arma de fuego por la aparente peligrosidad de la organización desarticulada el martes. “Por temas de seguridad optamos por resguardarnos”.
Denunció que está siendo objeto de seguimiento. “Una noche, llegando a mi casa, veo a una persona cerca de la puerta de ingreso y al ser descubierta por mi hijo, el individuo lo miró como increpándolo, y a unos 15 metros se pone de cuclillas al lado de una barda; estoy seguro que fue a buscarme”. “Se ha obtenido información importante relacionada a la red desarticulada y la verdad hasta asusta, pero lo vamos a comprobar”.
La pena más dura es 8 años de prisión
En caso de que los acusados en el caso de la red de extorsión fueran declarados culpables en los delitos por los que les acusan, la pena máxima que tendrían sería de ocho años de prisión, según lo estipulado en las normas vigentes.
El Ministerio Público imputó a José Manuel Antezana Pinaya, exempleado del Ministerio de la Presidencia; Gustavo Céspedes Rosales, Hugo Pedraza Suárez y Edward Stefane Bellido por la comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas (1 a 6 años de prisión), favorecimiento al enriquecimiento ilícito (3 a 8 años), beneficio en razón del cargo (1 a 3 años), y uso indebido de influencias (2 a 8 años).
Sanción. La Fiscalía también imputó ayer a Fernando Rivero Tardío y Dennis Rodas Limachi, exempleados legales del Ministerio de Gobierno, por los delitos de uso indebido de influencias (2 a 8 años), beneficio en razón del cargo (1 a 3 años) y contribución y ventajas ilegítimas (1 a 3 años).
A Ramiro Ordóñez López el Ministerio Público lo imputó por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y complicidad en enriquecimiento ilícito. La pena mayor es de ocho años. La legislación vigente establece que la condena por los delitos cometidos no es acumulativa, sino que se debe cumplir la pena mayor.
Revelan nexo de la mafia rusa con extorsionadores
corrupción. El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, denunció que la red de abogados implicados en el caso Jacob Ostreicher aún opera y que sus tentáculos alcanzan a juegos de azar. Anuncia más detenciones
La red de corrupción sigue operando en Bolivia a pesar de las detenciones, declaró el viceministro Pérez y confirma que se vincula con organizaciones criminales de Rusia y Francia, que presionan en altas esferas de la justicia. Dos exfuncionarios del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Dennis Rodas, y uno de Dircabi fueron remitidos esta madrugada por el juez a la cárcel de Palmasola.