Bolivia. Desde distintos frentes surgieron cuestionamientos sobre por qué el gobierno de Evo Morales tardó tanto en detectar y desbaratar una red encabezada por dos abogados que trabajaban en el Ministerio de Gobierno que extorsionaron, manipularon y dilataron distintos procesos judiciales hace mucho tiempo.
Imputado desnuda extorsiones y presiones a jueces y fiscales: El detenido Gustavo Céspedes, en su declaración ampliatoria, confirma que los abogados extorsionaron a la familia del alemán Dirk Schmidt y a la del teniente Navía
OSTREICHER. La hija de un exministro denunció extorsión. La colombiana, socia de Jacob Ostreicher, dijo que le pidieron $us 30.000. Hay más casos. Le reclaman a la ministra Suxo.
Rivera presionaba jueces y cambiaba fiscales
Uno de los imputados amplió su declaración informativa. Revelación. El abogado de Jacob Ostreicher, Jerjes Justiniano, lo denunció públicamente y existen al menos 4 jueces que fueron presionados.
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Ref. Fotografia: Audiencia. Los imputados Fernando Rivera y Denis Rodas buscaron los mecanismo judiciales para suspender la audiencia pero el juez no valoro sus fundamentos.
Una serie de recursos dilatorios y probatorios marcaron la segunda jornada de la audiencia cautelar contra los imputados Fernando Rivera Tardío, Denis Rodas Limachi y Ramiro Pedro Ordóñez López, sindicados por la Fiscalía de integrar una red de corrupción y extorsión que se manejaba desde la oficina de asesoría legal del Ministerio de Gobierno.
En dicha audiencia se consideró una serie de revelaciones que fueron trianguladas por el abogado del estadounidense Jacob Ostreicher, Jerjes Justiniano Atalá, en sentido que más de cuatro jueces del Poder Judicial fueron presionados por la supuesta red de extorsionadores, siendo de conocimiento del presidente del Tribunal Departamental, Ariel Rocha. El aludido en su declaración del 28 de noviembre de 2012, según contó Justiniano, reconoció que en reuniones interinstitucionales los jueces le manifestaron que eran visitados por el doctor Fernando Rivera, pero no revelaron detalles. Yo estimo que eran presionados por este abogado tomando en cuenta la magnitud que había tomado el caso.
"Hasta el propio presidente del tribunal departamental ha recibido las quejas de parte de algunos jueces. Su actitud era de intimidar, amedrentar vía teléfono y si no hacían lo que pedía los amenazaba con denunciarlo y meterlos preso", dijo Justiniano en audiencia pública. Entre los magistrados presionados aparecen el exjuez y ahora vocal Zenón Rodríguez, Fernando Orellana, Eneas Gentile y Wilson Arévalo, aunque este último negó ayer afuera de la Fiscalía haber recibido algún tipo de presión. El caso más concreto de corrupción del que la Fiscalía sustenta su imputación es la presión que ejercieron contra el juez Zenón Rodríguez, quien fue obligado en menos de 5 días a revocar una medida bajo la amenaza de ocupar el lugar de Jacob Ostreicher si lo dejaba en libertad. En este caso particular, fue denunciado por el exfiscal de distrito, Isabelino Gómez, quien al cerciorarse de que Rodríguez cambió su determinación judicial retiró el proceso en su contra, según declaró Gustavo Céspedes en su declaración ampliatoria, quien también hizo notar que en una ocasión dejó sin efecto el cambio de un fiscal antidroga que le rogó que no sea removido de su cargo. (ver entrevista con imputado).
Caso Jacob Ostreicher. El caso saltó a la luz pública cuando los abogados del judío norteamericano mostraron mediante el banco Mercantil Santa Cruz una copia de un depósito bancario por un valor de 9.900 dólares que le fue enviado mediante giro al exempleado del Ministerio de la Presidencia, José Manuel Antezana Pinaya, por un trabajador de un ingenio arrocero. En la ocasión tres extrabajadores de Dircabi ahora prófugos pidieron que este dinero que pertenecía a la monetización del arroz incautado a Ostreicher sea depositado a la cuenta de Pinaya destapando la supuesta red de corrupción. El escándalo sacudió las altas esferas de Gobierno que se vio obligado a despedir y procesar a cada uno de los imputados.
Inicialmente, el pasado jueves, dos de cuatro imputados, el exdirector general de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia, José Manuel Antezana Pinaya, y el exasistente fiscal, Gustavo Dagner Céspedes Rosales, fueron enviados a la cárcel de Palmasola. Mientras, los exfuncionarios de Dircabi, Erland Bellido Bellido y Hugo Franklin Pedraza Suárez se favorecieron con la aplicación de medidas sustitutivas a su detención. En audiencia cautelar celebrada ayer, los imputados Rivera, Tardío y Rodas Limachi buscaron una serie de argumentos jurídicos para suspender su audiencia cautelar a extremos de recusar al juez Juan José Subieta que no dio curso a la solicitud de los demandados.
Hasta el cierre de esta edición, los imputados por los delitos de uso indebido de influencias, complicidad en enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, incumplimiento de deberes: Denis Rodas Limachi, Fernando Rivera Tardío y Ramiro Ordóñez López continuaban en audiencia cautelar a la espera de la determinación del juez José Subieta.
Caso Jacob Ostreicher
7.640 toneladas de arroz no fueron vendidas
La directora de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) Iveth Álvarez aclaró que existen en depósito 7.640 toneladas de arroz que no fueron comercializadas y que se encuentran en los ingenios arroceros La Asunta, San Jorge, Hermanos Tico y Rojas, ubicados en propiedades de Ascensión de Guarayos.
Según la representante departamental de Dircabi, el arroz ilegalmente vendido sobrepasa los 5.613 toneladas que fueron extraídas de ingenios arroceros ubicados en la zona norte de la ciudad. El arroz existente registrado por Dircabi fue dejado en calidad de depositario a 10 extrabajadores de Coliagro en esa localidad. El Ministro de Gobierno, al conocer de los hechos de supuesta corrupción dentro del caso Jacob Ostreicher, ordenó una auditoría ante la desaparición de más de 13 mil toneladas de arroz de propiedad del norteamericano. El informe preliminar arrojó que al norteamericano se le incautaron 7 propiedades (San Pablo en el Beni, Los Tucanes 1,2,3, Los Cusis, San Bartolo y El Cruce 1 y 2) las mismas que se llegan a cuantificar con una superficie de 15 mil hectáreas de las cuales 5 mil han sido cultivables.
Álvarez reveló que durante su gestión se tuvo que frenar un remate de 273 cabezas de ganado ordenada por el anterior exdirector que ya habían sido comercializadas a terceras personas y cuyo dinero había sido depositado a cuentas fiscales. Con relación a la salida del anterior director, Moisés Aguilera López, indicó que su antecesor no entregó ningún documento inventariado, lo que dificultó el registro, no solo de los bienes de Jacob Ostreicher, sino de otros casos. Dircabi se ha convertido en parte querellante contra los siete imputados.
Declaración
‘Rivera decía que tenía influencia con el Gobierno’
Declaración ampliatoria de Gustavo Dagner Céspedes Rosales, uno de los implicados en la supuesta red de corrupción y extorsión denunciada por el Ministerio de Gobierno.
Diga el declarante cuál es el motivo y la razón para solicitar su declaración informativa policial ampliatoria en el presente proceso que se le investiga, que se le sigue a su persona. El motivo de mi declaración es para aclarar ciertas circunstancias que se dieron con relación a la extorsión realizada al Jacob Ostreicher, refiriéndome cuando al ciudadano antes mencionado le otorgaron la cesación a la detención preventiva y fue revocada por el juez Zenón Rodríguez. Resulta que el juez me comentó que la fiscal antidrogas, Yaneth Velarde, asignada a este caso, lo había denunciado amenazándole con hacerlo detener utilizando la influencia del fiscal de Distrito, Isabelino Gómez. Le dijo Zenón cómo vas a desvirtuar el numeral 1 del artículo 233 de la ley 1970… quien se va a hacer cargo por la devolución que tiene Ostreicher de más de 27 millones de dólares en bienes porque la Fiscalía no va a pagar dicho monto.
Asimismo Zenón Rodríguez me mencionó que el doctor Fernando Rivera le ordenó que revoque el fallo. Él me comentó esto con mucho miedo y me dijo: Gustavo, tuve que revocarlo nomás de oficio porque lo tenían con la soga al cuello. Me dijo que fue por presión de Isabelino Gómez, ya que tanto la fiscal Velarde como el fiscal Roberto Achá y Javier Cordero gozaban de la protección y confianza de Gómez. Después este año, en el aeropuerto Viru Viru, una de esas veces cuando el doctor Rivera vino a Santa Cruz y pidió vía telefónica al doctor Isabelino Gómez indicándole que se rechace la denuncia en contra el juez Zenón y el fiscal Cordero lo rechazó. Rivera llamaba hasta a Fernando Orellana para que rechace cualquier cesación, igual hacía lo mismo con el juez Wilson Arévalo y por último con la juez Eneas Gentile.
A esta juez no la llamó sino que la denunció y dio una conferencia por el caso de la ex Reina de la Piña porque la juez anuló obrados investigativos del caso y la recusó adjuntando la querella y la denunció que no estaba facultada para llevar el caso porque estaba denunciada.
El doctor Fernando Rivera específicamente me dejó en el caso Jacob y otros casos para que presente en Palacio de Justicia y me delegaba esas funciones sin ser yo funcionario, indicando que me presente específicamente en el caso Navia, Jacob Ostreicher y Dirk Schmidt y los cargos de recibo se los faxeaba en un punto Entel al Ministerio de Gobierno.
Lo que me extraña es que en su declaración el doctor Fernando Rivera manifiesta que no tiene ninguna relación directa y que solo me ha visto en los estrados judiciales cuando ha ido en ocasiones a mi casa. Mientras que el señor Denis Rodas ha ido más o menos cinco veces, se echó en mi sofá, usó mi computadora para hacer sus memoriales.
Quiero aclarar que el exfiscal de Distrito, Isabelino Gómez, tenía una afinidad estrecha con Denis Rodas y Fernando Rivera ya que él hacía todo lo que le pedían, inclusive se reunían en el despacho del fiscal de distrito. Y eso a mí me consta porque yo los trasladaba en mi vehículo hasta la Fiscalía. Rivera me decía que tenía harta influencia en el Gobierno porque él estaba en el poder, prueba de ello es que en una de las audiencias de solicitudes de cesación a la detención preventiva en el caso Navia, me entero que el fiscal José Parra había sido cambiado de unidad ya que él estaba en la unidad. Estábamos en el pasillo del juzgado décimo cautelar en el piso 6 del Palacio de Justicia con Denis Rodas y el doctor Rivera y ahí me comenta el que al fiscal Parra lo habían cambiado a otra unidad sacándolo de la Felcn y en eso llega el fiscal Parra y le pide al doctor Rivera que por favor no lo cambie, eso fue a medio año… entonces ahí le responde al fiscal Parra: "dejame que esto yo lo arreglo ahorita" y lo llamó para frenar su cambio.
Diga si dentro estas gestiones del ciudadano Jacob Ostreicher para obtener la cesación a la detención ha tenido conocimiento que el imputado le habrían exigido dinero y quiénes serían los gestores. No he sabido quién le pidió, pero me da qué pensar la actitud que tomaron los fiscales y el fiscal de distrito por la presión que ejercieron contra el juez Zenón Rodríguez para que revoque el fallo a favor de Jacob Ostreicher porque este después de conversar conmigo me comentó que él no recibía ningún dinero para otorgar la libertad del norteamericano y que su resolución estaba bien fundamentada y al término de la audiencia los fiscales se fueron tranquilos y no apelaron, pero manifestaron que lo harían por escrito. En esa ocasión el juez me indicó que al gringo lo estaban extorsionando para su libertad pero no me dijo el monto ni quién, y a mí me llama la atención porque no me dieron ni un peso.
Por la relación que tenía con los abogados del Ministerio de Gobierno escuchó de ellos que habría una exigencia a los abogados defensores del imputado norteamericano, la intención de exigirle dinero para que este recobre su libertad. Sí, escuché decir al señor Denis Rodas que alguien le ofreció a él cien mil dólares por la libertad del gringo… escuché que esto era para no oponerse a la cesación de la detención y esto lo dijo en presencia de uno de sus edecanes y en mi presencia… esto fue a principios de año.
En otros casos de mayor relevancia ha escuchado que haya habido ofertas económicas o que se hayan extorsionado a las partes. En una ocasión escuché que le hicieron una oferta al doctor Denis Rodas de un monto de setenta mil por el traslado del detenido Navia del penal de La Paz a Santa Cruz y no supe si fue verdad o no se concretó.
Imputado 1
• Fernando Rivera Tardío nació en La Paz y se graduó como abogado el 9 de junio de 2006.
• El 3 de noviembre de 2009 fue designado a ocupar el cargo de director técnico de extranjería y pasaporte de la dirección general de Migración del Ministerio de Gobierno.
• El 3 de agosto de 2010 mediante resolución ministerial 117/2010 en gestión del exministro Sacha Llorentty, es designado como director general de asuntos jurídicos.
• El14 septiembre fue transferido como asesor legal del Ministerio de Gobierno en la gestión del Carlos Romero Bonifaz y el 27 de noviembre de 2012 es destituido del cargo por supuesta corrupción.
Imputado 2
• Denis Efraín Rodas Limachi de profesión abogado ingresó en la gestión del exministro de Gobierno Alfredo Octavio Rada Véliz.
• En fecha 7 de julio de 2008 fue designado como coordinador jurídico del Ministerio de Gobierno.
• El 10 de agosto de 2010 fue nombrado jefe de Unidad de Gestión Jurídica dependiente de la unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Gobierno durante la gestión de Sacha Llorentty.
• En la gestión del ministro Carlos Romero Bonifaz se desempeñó como jefe de unidad de gestión jurídica, pero cuando se enteró que estaba por ser despedido se adelanta y presenta su renuncia el 25 de octubre la cual fue aceptada.
Se multiplican las denuncias contra la banda desbaratada
OSTREICHER. La hija de un exministro denunció extorsión. La colombiana, socia de Jacob Ostreicher, dijo que le pidieron $us 30.000. Hay más casos. Le reclaman a la ministra Suxo.
Caso. La hija del extinto ministro de Gobierno, Guillermo Fortún, denunció que pagó $us 20.000 para que liberen a su padre
El Deber, La Paz
Desde distintos frentes surgieron cuestionamientos sobre por qué el Ejecutivo tardó tanto en detectar y desbaratar una red encabezada por dos abogados que trabajaban en el Ministerio de Gobierno que extorsionaron, manipularon y dilataron distintos procesos judiciales hace mucho tiempo.
Ximena, la hija del fallecido Guillermo Fortún, quien pasó sus últimos días de vida en el penal paceño de San Pedro, acusado por recibir dinero de gastos reservados durante la gestión presidencial de Hugo Banzer, denunció que pagó al menos $us 20.000 a la red de extorsionadores encabezada por los juristas Fernando Rivera y Dennis Rodas, y aunque le pidieron más dinero en otros momentos, nunca cumplieron con el compromiso de sacarlo de prisión.
La tarde del viernes, la hija de Fortún dejó una carta al ministro de Gobierno, Carlos Romero, con la denuncia. Ella dijo a EL DEBER que nunca antes hizo la denuncia “porque nos llamaban y nos tenían amenazados. Incluso alguna vez me dijeron que me meterían en el proceso. Por eso, en la carta a Romero también le anuncié que iniciaré un juicio contra Rivera, Rodas y otros por homicidio doloso, ellos sabían que mi padre estaba enfermo y ni así pudo salir”, aseveró.
También presentó ayer denuncias ante la Fiscalía y el ministro Romero la esposa de Marcelo Urbach, un empresario cruceño detenido en la cárcel de San Pedro desde hace casi dos años, quien pasó de ser acusador a acusado en un proceso en el que demostró que el gerente de su empresa y el hijo de ese funcionario se apropiaron de más de $us 36.000 de su cuenta bancaria.
Pese a que el Gobierno ratificó a través de informes que ocurrió así, la entidad bancaria donde se realizaron los retiros se querelló contra él. Por ello fue detenido, trasladado a la prisión paceña, donde se encontró, según la denuncia, con esta red “en la que además hay jueces, fiscales y otras exautoridades que han dilatado el proceso y lo han extorsionado”, dijo Ángela de Urbach.
La colombiana Claudia Rodríguez, socia del empresario estadounidense Jacob Ostreicher, denunció el jueves a través de su abogado Fabio Jofré que también fue extorsionada por los dos juristas que le habrían pedido $us 30.000 para que no sea trasladada de la cárcel cruceña de Palmasola a la prisión de Miraflores, en La Paz.
El jurista aseguró que su clienta no pagó el monto y reportó el intento de extorsión a las autoridades pertinentes, pero que estas no hicieron nada al respecto.
El viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, en entrevista con El Deber Radio, dijo que existen alrededor de 11 denuncias en contra de esta banda. Destacó entre esos casos uno relacionado con empresarios brasileños que están presos en la cárcel de Chonchocoro de La Paz y que habrían perdido madera y dinero a manos de los extorsionadores.
La bancada opositora de Convergencia recordó esta semana que el senador Róger Pinto presentó el 15 de abril de 2011 un audio en el que se escuchaban las voces del abogado Dennis Rodas y “posiblemente” de Fernando Rivera, en las que junto a un fiscal y a una abogada que posteriormente le iniciaron procesos penales “tramaban de manera descarada la conducción judicial de los casos terrorismo y Porvenir, así como la forma de controlar la Corte Suprema de Justicia”, se lee en un comunicado.
“Hay una complicidad entre los que acusan y los que investigan, (en el audio) se establece cómo se pueden elaborar pruebas para acusar a personas”, señaló entonces el asambleísta, que según el diputado Mauricio Muñoz, también de Convergencia, “presentó posteriormente la denuncia al presidente Evo Morales, se la dejó en secretaría de su despacho y no se hizo nada, nunca se procesó el caso hasta hoy”.
El diputado del MAS Héctor Arce salió en defensa del Gobierno ante los cuestionamientos. “Este tipo de organizaciones criminales se forman con absoluta reserva y a veces es difícil, muy complejo, detectarlas. Yo creo que la responsabilidad más importante de un Gobierno es la de cumplir efectivamente en este y en otros casos como en el caso de Santos Ramírez o René Sanabria”.
Complementó que “no se le puede pedir a una persona que adivine, uno no sabe finalmente con quién trabaja, por ejemplo el ministro Sacha Llorenti no tenía idea de que una autoridad, además de la trayectoria del general Sanabria (exjefe de la fuerza antidrogas), podía estar involucrado (en narcotráfico y ahora está sentenciado y encarcelado en EEUU por ese delito), como finalmente apareció”.
Las víctimas acuden a la Fiscalía
Las víctimas de la red de extorsión y corrupción empiezan a formalizar sus denuncias ante las autoridades a la espera de que se investiguen los casos.
María Esther Gorena, esposa del excoronel René Navía, detenido junto al exteniente Julio Navía por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, se presentó la mañana de ayer ante la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público y presentó la denuncia contra los exasesores del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera y Dennis Rodas. Según Gorena, el ahora investigado Gustavo Céspedes (acusado de ser parte de la red) le pidió $us 40.000 para trasladar al exteniente de la cárcel de Chonchocoro a Palmasola.
La denunciante pidió por escrito que se convoque al vocal Zenón Rodríguez y a los fiscales que vieron el caso Navía como testigos de las irregularidades que se cometieron.
La mujer ratificó que Rivera y Rodas utilizaron de forma arbitraria un auto Honda Civic de propiedad de los Navía.
Por su lado, Karina Flores, esposa del alemán Dirk Schmidt, detenido por supuesto alzamiento armado y sedición, dijo que también prepara la documentación necesaria para denunciar formalmente a Rivera y a Rodas por haber presionado para que la justicia revierta la libertad condicional que le habían dado a su esposo.
Apuntan a ministra Nardy Suxo
El asambleísta opositor Mauricio Muñoz lamentó que la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, no hubiese informado de esta red de extorsión y abierto alguna investigación al respecto. Ella se animó a decir que en el Gobierno había bajado en gran medida la corrupción, lo cual comprobamos que es una mentira", dijo.
Coincidió, en parte, con esa versión el diputado oficialista Edwin Tupa. “Nuestra ministra de Transparencia con seguridad se va a pronunciar, y vemos que el sistema de control no ha funcionado en el Ministerio de Gobierno ni en el de la Presidencia. Hay que apretar clavijas en esto y pedimos que la compañera Suxo lo haga. Pareciera que el personal de Transparencia en los ministerios no ha funcionado. Es lamentable, pero uno de los principios que se manejarán ahora es que los ministros deben purgar a todo su personal.
Por su parte, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, informó de que para filtrar a los funcionarios corruptos lo que se ha recomendado dentro del Gobierno es que las autoridades que están a cargo de los ministerios tengan siempre los informes de Transparencia. “Existe un sistema, pero tenemos que controlarlo mejor, reforzarlo”, admitió Dávila.
Acotó que Suxo planteó el desarrollo de una base de datos a la que puedan acceder todos los ministerios, con información y antecedentes para hacer un seguimiento de los trabajadores y evitar que un funcionario corrupto vaya de un ministerio a otro sin ser detectado.
Cabe recordar que el presidente Evo Morales ya adelantó que se está pensando utilizar agentes encubiertos para combatir a los corruptos.
Imputado desnuda extorsiones y presiones a jueces y fiscales
Investigación. El detenido Gustavo Céspedes, en su declaración ampliatoria, confirma que los abogados extorsionaron a la familia del alemán Dirk Schmidt y a la del teniente Navía.
EL DEBER
Las revelaciones no acaban. El imputado Gustavo Dagner Céspedes Rosales, en su declaración ampliatoria ante una comisión de fiscales, desnudó los actos de extorsión a personas procesadas por delitos penales para evitar que salgan de la cárcel y sacar ventajas económicas de ellas. También reveló nombres de jueces que fueron presionados y amenazados con procesos y cárcel por los operadores de la Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas Limachi.
Céspedes, que se hacía pasar por funcionario del Ministerio de Gobierno, citó al vocal Zenón Rodríguez cuando ejercía como juez, así como a los jueces Fernando Orellana, Wilson Arévalo e incluso a Eneas Gentile de recibir instructivas de los asesores del Ministerio de Gobierno para cambiar fallos. También citó a fiscales, entre ellos a José Parra, de haber sido cambiado de Sustancias Controladas, pero al final se quedó en esa repartición tras recibir el favor de los abogados Rivera y Rodas. “Escuché decir a Rodas que alguien le ofreció $us 100.000 por la libertad del gringo Jacob Ostreicher”, dijo. Asimismo, señaló al exfiscal Isabelino Gómez de actuar directamente con Rivera y Rodas para cambiar a fiscales y presionar a jueces para dirigir los fallos.
Céspedes confirmó que los exasesores extorsionaron a la familia del alemán Dirk Schmidt, detenido en la cárcel para no mantenerlo preso y a la familia del teniente René Navía de pedirle $us 60.000 para no llevarlo a Chonchocoro de La Paz. La Fiscalía está recibiendo denuncias contra Rivera y Rodas.
Aplazan toma de declaración
El exfiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez se presentó ayer ante el Ministerio Público para declarar, pero, por segunda vez, se suspendió el acto debido a la ausencia de fiscales, por lo que fue notificado para este lunes, aunque adelantó que pedirá la suspensión del mismo porque ese día debe asistir a una citación para responder por otro proceso disciplinario en Sucre.
Gómez dijo que en Sucre debe estar el lunes a las 8:30, por lo tanto le será imposible estar en la cita a las 11:00 en la Fiscalía de Distrito, pero que está dispuesto a responder a cualquier citación.
El exfiscal de Distrito de Santa Cruz ha sido sindicado de mantener estrecha relación con Fernando Rivera, que está siendo acusado de liderar una red de extorsionadores.
El pasado miércoles ya había sido notificado por primera vez, pero en calidad de testigo. Gómez asistió el jueves a la Fiscalía donde no le tomaron declaraciones ante la ausencia de fiscales, ya que estaban en otra audiencia del caso. Ahora está citado como investigado, ya no como testigo. /CD
Boris Villegas y otros tres juristas son investigados
Investigación. Los dos principales exasesores del Ministerio de Gobierno fueron enviados a la cárcel. Un exfuncionario de Dircabi recibió medidas sustitutivas. Fue una extensa cautelar.
Exfuncionario. Boris Villegas en Chaparina, donde se reprimió a los indígenas.
El exdirector jurídico del viceministerio de Régimen Interior Boris Villegas es investigado por ser parte de la red de abogados extorsionadores, según el titular de ese viceministerio, Jorge Pérez Valenzuela. La autoridad incluso dijo que este intentó vincularlo con narcotraficantes.
El viceministro señaló también que, además de Fernando Rivera y Dennis Rodas, hay otros tres abogados que trabajan en el Ministerio y que también son indagados. Confirmó que Villegas sería otro nexo de esta red. “Así es, él era mi director general. Tenía un vínculo directo con estos señores (Rivera y Rodas). Operaban en temas de bingo; él era la persona que se vinculaba con los equipos de la Policía para operar en estos procesos penales. Armaron una tramoya, me quisieron desprestigar”, señaló.
Aseguró que Villegas hizo correr la voz de que Ostreicher era narcotraficante. “El abogado del estadounidense era Jerjes (Justiniano) y ellos aseguraban que él a su vez era mi socio. Dijeron entonces que este viceministro protegía a los narcos, y así se lo mostraron al presidente, al vicepresidente. Hicieron incluso un organigrama para justificar que yo formaba parte de un consorcio que defendía a narcos. Me ubicaron junto a Justiniano, que estaba dentro del caso de Maximiliano Dorado (narcotraficante brasileño), Claudia Rodríguez (presunta narcotraficante) y el socio de ellos es Ostreicher”, dijo.
Por otra parte, Pérez informó de que otros tres juristas que trabajan en el Ministerio de Gobierno, también están en indagación. “Se trata de un equipo de cinco abogados, pero estas dos personas (Rivera y Rodas) aparecen como los cabecillas. Sobre los otros tres abogados, estamos trabajando, esta es una investigación que está en curso. Hay también fiscales y jueces”, especificó la autoridad que reside en Santa Cruz /(MT) La Paz
Ministerio anticorrupción niega relación con la red
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, aseguró que tras salir del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas “pasó por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y que en este momento está de director en el Ministerio de Transparencia”.
Sin embargo, un comunicado que emitió ayer el Ministerio de Transparencia dice: “El Ministerio… expresa su firme rechazo ante las imprudentes aseveraciones públicas emitidas… Estas opiniones en su franca demostración de oportunismo se han dado a la tarea de relacionar, maliciosamente y de manera tendenciosa, a esta cartera de Estado con los denunciados”.
El documento señala también que “a la fecha, ningún funcionario a los que se menciona trabaja en el Ministerio…no se protegió y no se protegerá a ninguna persona”. Más temprano, desde ese ministerio, confirmaron a este medio que Villegas trabajó durante 16 días en esa repartición, pero en septiembre.