El director de la Comisión de Recuperación de las Autonomías de la Gobernación de Santa Cruz sostuvo que la planificación del desarrollo económico es resultado de una negociación entre municipios, indígenas y la Gobernación y no una imposición del Estado centralista
Juan Carlos Salinas Cortez
En el programa radial de EL DEBER, ¡Qué semana!, Germán Antelo, director de la Comisión de Recuperación de las Autonomías, de la Gobernación de Santa Cruz, explicó que la ley que da luz verde al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que lleva adelante el Ministerio de Planificación del Desarrollo, para las autonomías regionales significa un retroceso.
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Antelo precisó que la norma que propone el Ejecutivo tiene una visión centralista y que a pesar de los avances en la posibilidad de elegir alcaldes, gobernadores y de contar con una capacidad legislativa a través el Concejo Departamental de las Asambleas Departamentales de país, el Estado quiere imponer sus normas.
“La Constitución y la Ley Marco de Autonomías nos dice que la planificación de nuestro desarrollo se la debe hacer en base de nuestra idiosincrasia. Esta ley lo que pretende es recentralizar las funciones del Estado, junto con el manejo económico de los municipios, gobernaciones, universidades y de los territorios autónomos indígenas”, indicó Antelo.
Que agregó que en la Constitución Política del Estado en su artículo 316 se establece que en la parte económica el Estado debe conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales.
En este aspecto, Antelo hace notar que esa planificación necesita de la participación y la consulta ciudadana, algo que a su criterio no se hizo, pues no se consultó con ningún municipio, universidad, territorio indígena o gobernación del país. O si se hizo fueron con sectores afines al Gobierno.
En cuanto a la incorporación de todas las entidades territoriales autónomas, Antelo observa que tampoco se lo está haciendo y por ello esa ley es inconstitucional.
La Ley Marco de Autonomías señala conducir y regular los procesos de planificación de desarrollo social incorporando las previsiones de las entidades territoriales autónomas, como así también los proyectos de desarrollo deben apoyarse en base a las determinaciones de las regiones autónomas y no mediante una imposición que tiene un plazo de adecuación, observa Antelo.
Sobre el tema, Eva Copa, alcaldesa de El Alto, tras mantener una reunión con Gabriela Mendoza, ministra de Planificación del Desarrollo, indicó que la norma afecta a las autonomías y que espera que el Gobierno se reúna con los municipios para planificar los planes de desarrollo municipal y regional, a tiempo de hacer notar que la falta de socialización causa estos problemas.