Dos funcionarias del ministerio de Transparencia estarían implicadas. El expresidente de YPFB tiene pruebas sobre la participación de la ministra Suxo en la banda de extorsionadores, según dijo.
Vinculan a Transparencia con la red de extorsionadores
Desde esa institución indicaron que no opinarán sobre las denuncias.
Denuncias. Dos funcionarias estarían implicadas. El ex titular de YPFB dijo que tenía pruebas sobre la participación de la ministra Suxo en la banda de extorsionadores.
La ministra Suxo desciende las gradas del Palacio Quemado. Foto ABI.
Página Siete / La Paz, Bolivia
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La red de extorsionadores que está siendo investigada en Santa Cruz, luego de haber sido descubierta la semana pasada, extendió sus tentáculos hasta el Ministerio de Transparencia e incluso hay denuncias de que la titular de ese despacho está involucrada con el grupo.
Consultado sobre este tema, desde esa cartera de Estado indicaron que no emitirán ninguna opinión sobre las denuncias en contra de sus funcionarios.
Una ex alta autoridad gubernamental, entrevistada por Página Siete, afirmó que la red de extorsionadores tiene conexiones con al menos dos funcionarias de esa entidad encargada de la lucha contra la corrupción.
Este dato fue corroborado por otro funcionario actual, quien además dijo que ambas son cercanas a Fernando Rivera, presunto líder de esta asociación, y Boris Villegas, ex director de Régimen Interior, quien también trabajó durante 16 días en el Ministerio de Transparencia.
Ambas fuentes informativas pidieron no revelar sus nombres por temor a represalias.
Desde ese despacho explicaron ayer que Villegas, acusado de ser el coordinador de los operativos en favor de la red de extorsión, ocupaba el cargo de técnico en el Viceministerio de Transparencia y que renunció a esa función el 16 de septiembre de este año porque su perfil no era adecuado para las labores que desempeñaba.
Según los denunciantes, las abogadas habrían mantenido una coordinación permanente en varios casos, como el proceso contra el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y ex líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) Santos Ramírez, detenido en la cárcel de San Pedro.
Además, una de las fuentes consultadas apuntó a la ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, de “proteger” a Villegas -acusado por el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez- y de coordinar los operativos de la red.
“Esto no es nada nuevo, todos sabemos a quién responde Villegas y por qué se fue al Ministerio de Transparencia (después de que salió del Ministerio de Gobierno)”, dijo el funcionario.
La otra fuente lamentó que Suxo, siendo la ministra de Lucha contra la Corrupción, no encabece esta cruzada contra los extorsionadores indagando en su propio ministerio y no pidiendo que se procese a las víctimas de la red de extorsionadores.
El ex viceministro de Régimen Interior y Policía Gustavo Torrico denunció hace unos días en un canal televisivo que la red de corrupción y extorsión descubierta “también penetró a mandos intermedios del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción”.
La ex autoridad también expresó su extrañeza de por qué hasta ahora no existe una imputación contra Boris Villegas y solamente queda la denuncia verbal.
Y desde la cárcel de San Pedro, Santos Ramírez vinculó a la ministra Suxo con la red.
“Usted dijo que luchaba contra la corrupción, ¿y hoy por qué no dice nada? Resulta que ella ha traficado conjuntamente con estos extorsionadores. Villegas ha trabajado en el Ministerio de Gobierno, en YPFB y en Transparencia. Que me den la oportunidad de 45 minutos para desvestir y desenmascarar a la señora ministra de supuesta Lucha Contra la Corrupción”, dijo a la prensa.
9 pruebas vinculan a Villegas, Rivera y Rodas con extorsión
Hay 30 denuncias presentadas a la Unidad de Transparencia
CASO. La Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno exige que presenten denuncias. Reveló que la red actuó en casos privados y en los que el Estado tenía interés.
Página Siete / La Paz – 05/12/2012
Rivera y Rodas, ex asesores del Ministerio de Gobierno. APG.
Al menos nueve denuncias probadas y documentadas de las 30 que fueron recibidas por el Ministerio de Gobierno vinculan a los ex funcionarios de ese despacho Denis Rodas, Fernando Rivera, Boris Villegas y otros funcionarios con la red de extorsión desarticulada recientemente.
“Desde el año pasado había denuncias sobre personas que estarían exaccionando (cobro injusto), invitando inclusive a recibir favores porque tendrían influencias sobre algunos jueces y fiscales. También las escuchamos en tribunales pero sólo eran rumores. Pero de las varias denuncias que están superando los 30 en estos días, tenemos nueve casos que las víctimas han dejado pruebas y documentos”, declaró el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno, Miguel Albarracín.
Explicó que si no eran los tres juntos, era uno o dos de estos funcionarios que aparecían en cada caso y que no podía recabar mayores elementos de prueba porque cuando se les pedía a las víctimas probar su denuncia, éstas “se asustaban al momento y preferían callar, por temor a represalias contra su familia, por miedo a la cárcel o por temor a su propia vida”.
Albarracín no quiso referirse a los otros nombres de involucrados porque aún se está haciendo una evaluación administrativa de las pruebas y llamó a las víctimas a denunciar más casos, bajo el compromiso de proteger y guardar en reserva las pruebas del denunciante.
“Es una obligación del Estado dar protección al testigo o denunciante. Estamos manteniendo en reserva al denunciante. Una vez que se evalúe esa información y encontremos elementos serios, pondremos en conocimiento de las autoridades competentes, como el Ministerio Público, y nosotros mismos actuaremos como coadyuvantes”, aseveró.
El jefe de Transparencia evidenció que estos funcionarios, además de haber intervenido en juicios de interés del Estado, también habían actuado en casos privados con el mismo proceso de extorsión.
Justificó que como funcionarios podían participar en los procesos que le interesaban al Gobierno, pero “la pena fue que estos ejecutores tomaron tanta relevancia en tribunales que han creado temor y miedo, y se han aprovechado de ese temor y de ese miedo para poder usar sus influencias (contra las víctimas)”.
Albarracín dijo que buscará recoger información en todos los departamentos para obtener pruebas contundentes para presentarlas al Ministerio Público.
“Las funciones de esta jefatura están en La Paz y no llegamos a Santa Cruz u otros lugares. Pero no nos cerramos. Vamos a recibir denuncias de todos los ciudadanos, estén en el estado que se encuentren con relación al Gobierno”, concluyó.