Fiscalía de La Paz apunta 40 procesos iniciados por quienes serían cabecillas de una red de extorsión. En 36 no sería parte el Ministerio de Gobierno. Fiscal General no descarta investigar a ministros por red de extorsión.
Rivera y Rodas abrieron 36 juicios sin aval oficial
Un reporte de la Fiscalía de La Paz apunta 40 procesos iniciados por quienes serían cabecillas de una red de extorsión. En 36 no sería parte el Ministerio de Gobierno.
Santa Cruz. Fernando Rivera y Denis Rodas, en audiencia. Foto AFKA.
La Razón / La Paz
Fernando Rivera y Denis Rodas, exapoderados jurídicos del Ministerio de Gobierno y acusados de ser líderes de una red de extorsión, figuran como denunciantes en al menos 36 juicios a nombre de esa cartera de Estado, sin aval oficial ni que los casos sean de competencia de la repartición.
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La lista de procesos en que ambos abogados se apersonaron en algunos casos no especifica el número de los documentos de identificación con que se presentaron y no determina que sea el total de casos en los que realizaron alguna diligencia, debido a que el sistema permite únicamente un reporte de las primeras 20 coincidencias con relación a nombres y apellidos.
Los dos documentos, de 40 juicios, a los que tuvo acceso La Razón, signan 18 procesos en los que Rivera tiene el rol de denunciante y uno en que es “representante de denunciante”. De ellos, 11 fueron a la División de Corrupción Pública, dos a la de Operaciones Especiales, dos a Homicidios, dos a la División Anticorrupción, uno a Personas y otro a Plataforma de Análisis.
Los reportes no dan cuenta de la situación procesal en que se encuentran estos casos ni la fecha en que se presentaron. No obstante, fuentes del Ministerio de Gobierno informaron a este diario que una primera evaluación denota que no son casos en los que intervino esa cartera de Estado.
Del primer documento, de los primeros 19 casos que cursan en la Fiscalía paceña, sólo tres tendrían algún vínculo con el Ministerio de Gobierno, el caratulado como LPZ1102069, contra el senador opositor Róger Pinto; LPZ0908150, un caso contra los autores que versa sobre una denuncia de María René Quiroga (directora de Migración que renunció a su cargo con el argumento de que no aceptaba la represión a los indígenas del TIPNIS, en septiembre de 2011), y la denuncia por desacato que instauró al abogado Jorge Quiroz, quien patrocina a los familiares de los dos fallecidos en el operativo policial del 7 y 8 de mayo de 2010, en Caranavi.
Arbitrariedad. En cuanto a Rodas, se conoció que se apersonó en al menos una veintena de casos, en ocho de ellos como representante de denunciante y en el resto se apersonó como denunciante, aunque también se advierte que juega ambos roles en el caso LPZ1102069, contra el senador Róger Pinto.
En otras causas su nombre aparece junto al de Rivera o en casos derivados a las divisiones Económico-Financiera o Corrupción Pública. También salta una denuncia con asiento en la Fiscalía de Chuquisaca, el caso FIS0902690, por malversación, cohecho pasivo, uso indebido de influencias y otros.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció el fin de semana que se realizará una auditoría a los procesos que impulsaron Rivera y Rodas a nombre de ese despacho. Ayer, en conferencia de prensa, reiteró esa determinación. También develó que se detectó que otras personas actuaron a su nombre y al de otros ministros. En uno de esos casos se envió a la cárcel a una abogada.
“Quien se presente a nuestro nombre debe ser inmediatamente aprehendido para que nos querellemos”, indicó Romero. Se cursó comunicados a instancias judiciales en ese sentido. Al referirse al tema, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, sostuvo que los procesos judiciales que tengan o hayan tenido relación con la red de extorsionadores serán sometidos a una auditoría jurídica. “Ya estamos recibiendo informes, he conformado un equipo en la Fiscalía General para revisar todos estos procesos”, afirmó.
Hay nueve casos ‘clave’
Poder
Como representantes del Ministerio de Gobierno, realizaron diligencias en los casos Terrorismo I y II; Gastos Reservados I y II; Dirk Schmidt; Sanabria; René Navía; Franz Gonzales y Ostreicher.
Fernández y Melgar se suman a las denuncias
Dos nuevas denuncias contra la red de extorsionadores se hicieron públicas ayer, una de ellas fue presentada por los abogados del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y la otra por Jorge Melgar, acusado de terrorismo, alzamiento armado y sedición, entre otros delitos.
El abogado Karlo Brito, que patrocina a Fernández, denunció que funcionarios de la Fiscalía participaron de la red de extorsión, y que Denis Rodas y Fernando Rivera pidieron $us 60 mil para que el caso de su cliente sea enviado a Cobija, Pando. Sin embargo, dijo, no hicieron pago alguno.
Melgar, a través de una nota dirigida al Ministerio de Gobierno y que lleva el sello de recepción del 3 de diciembre, denuncia que Rivera y Rodas le pidieron $us 10 mil para dar curso a la cesación de su detención preventiva en San Pedro. Melgar fue liberado ayer después de cuatro años, un mes y 20 días preso.
En la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno las denuncias recibidas superan las 30. Nueve están documentadas y deben ser evaluadas. “El momento que definamos que tienen sustento, vamos —junto con los denunciantes— a ser parte coadyuvante ante el Ministerio Público”, señaló Miguel Albarracín, responsable de esa instancia. También garantizó que no se asumirá acción contra los denunciantes y que se mantendrá en reserva sus nombres.
Suxo y Romero coordinarán tareas
Los ministros de Transparencia, Nardi Suxo, y de Gobierno, Carlos Romero, coincidieron en anunciar que coordinarán acciones en el marco de la investigación sobre la red de extorsionadores que involucra, entre otros, a exfuncionarios del Ejecutivo.
Suxo pidió a la Fiscalía iniciar procesos a quienes denuncien haber sido víctimas de esa red y entregaron dádivas a cambio de favores judiciales, en tanto que Romero ofreció garantías con tal de descubrir los nexos. En medio de esas posiciones, el ministro Romero, en conferencia de prensa, indicó ayer que no entrará en una polémica mediática “por la complejidad del caso” y para no desviar las investigaciones.
También señaló que de requerir el Ministerio de Transparencia algún informe para dar seguimiento a ese caso, no se pondrá trabas. “Siempre existió disposición para enviar cualquier documentación o información solicitada por Transparencia (…) y lo vamos a seguir haciendo”, aseveró. Suxo accedió a un paréntesis durante una entrevista coordinada anteriormente con este diario y concedida ayer.
“Éste es un tema que lo ha denunciado el Ministro de Gobierno, le brindamos todo nuestro apoyo (…) haremos el seguimiento correspondiente y coadyuvaremos en todo lo que nos soliciten”, sostuvo. Aclaró que no existe la figura de “testigo protegido” y también respondió a Santos Ramírez: “No sólo tendrá 45 minutos (como lo pidió), sino toda su vida para explicar lo que quiera explicar”.
Fiscal no descarta investigar a ministros por red de extorsión
Anuncian que habrá más detenciones por el caso red de extorsión. RESPALDO. El senador oficialista Eugenio Rojas afirma que las indagaciones no se deben quedar en los mandos medios, sino llegar hasta las instancias más altas.
Página Siete / La Paz – 06/12/2012
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, no descartó ayer investigar a ministros y funcionarios gubernamentales que hayan tenido una relación directa o indirecta con la red de extorsión que operaba desde el interior de los ministerios de Gobierno y la Presidencia, según se conoce hasta ahora.
La autoridad anunció que también se convocará a declarar a jueces, fiscales y funcionarios.
Al ser consultado sobre si la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, será convocada a declarar, el fiscal dijo: “Vamos a convocar a todos quienes estén involucrados sean autoridades, jueces, fiscales y otros funcionarios”.
Diversos dirigentes han señalado que la red de corrupción llegaría hasta el nivel de ministros. La oposición ha demandado que sean investigados todos los nexos en ese sentido.
Además, el ex presidente de YPFB y sentenciado por corrupción, Santos Ramírez, acusó a Suxo de tener ligazones con la banda de extorsionadores.
Dos fuentes que pidieron el anonimato señalaron que dos funcionarias del Ministerio de Transparencia tienen nexos con la red y que ambas son cercanas a Fernando Rivera y Boris Villegas, acusados de coordinar las acciones en favor de la red.
Villegas, después de ser apartado del Ministerio de Gobierno unos meses, pasó a trabajar en Transparencia.
El fiscal Guerrero afirmó que las investigaciones sobre la red están en desarrollo y nadie será descartado porque el Ministerio Público actuará en el marco de sus competencias y no permitirá presiones de ningún órgano.
“Están saliendo algunos nombres de fiscales y de algunos jueces, no podemos decir públicamente (sus nombres), pero vamos a seguir con los allanamientos y las aprehensiones”, acotó.
El jefe de la bancada de senadores del MAS, Eugenio Rojas, afirmó que las pesquisas no se pueden quedar en los “mandos medios” y pidió que las indagaciones lleguen a niveles altos.
“¿Acaso la ley dice que los ministros no pueden ser investigados?” cuestionó el legislador.
Hasta la fecha, por este caso, están detenidos los ex funcionarios gubernamentales José Manuel Antezana, Fernando Rivera, Denis Rodas y Ramiro Ordóñez, por la presunta extorsión al empresario estadounidense Jacob Ostreicher.
Este caso fue la punta del ovillo para desbaratar esta red.
Por otro caso de extorsión también fue detenido el ex fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, también vinculado con la banda de extorsionadores.
Hasta ahora, la investigación alcanzó a funcionarios de dos ministerios (Gobierno y Presidencia).
Los abogados abusaban de un poder ‘chuto’
Acusados de la red de corrupción y extorsión. Legalidad. Necesitaban un poder específico para cada caso, pero ellos hacían prevalecer su condición de ser del Gobierno.
EL DÍA, Santa Cruz
Ref. Fotografia: Una víctima. El alcalde Cronenbold denunció que los abogados Rivera y Rodas usaron ese poder chuto.
El presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Marcelo Arrázola, informó que los tres asesores de los ministerios de Gobierno y la Presidencia hicieron prevalecer la condición de representar al Poder Ejecutivo con un poder general para participar como coadyuvantes en varios procesos penales, sin tener una representación legal correcta e idónea.
Los juristas hicieron un seguimiento del actuar de los abogados Fernando Rivera Tardío y Denis Efraín Rodas, del ministerio de Gobierno, y José Manuel Antezana, de la Presidencia, porque tenían un documento notariado firmado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, para participar en todos los procesos penales o representar al Gobierno.
El suprapoder. El poder tenía una carátula tramitada ante la Notaria de Fe Pública María de la Cruz Amparo Molina con asiento en La Paz y estaba firmado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en fecha 3 de febrero del 2012.
Se trataba de un poder "amplio y suficiente que confiere el Ministerio de Gobierno en favor de los abogados Denis Rodas Limachi, jefe de la Unidad de Gestión Jurídica dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno y/o Fernando Rivera Tardío, asesor legal del Ministerio de Gobierno", dice el documento. (ver cuadro)
Un poder específico. "Era tal la sumisión de jueces y fiscales que con ese documento los tres abogados podían hacer y deshacer a nombre del Gobierno en cualquier juicio, cuando en realidad lo que legalmente corresponde es que para cada caso se asigne un determinado poder, porque de lo contrario ocurren excesos como los que se observan.
Expulsión. Arrázola informó que durante dos días el directorio del Colegio de Abogados de Bolivia se reunió en Santa Cruz y entre otra de las resoluciones figura llevar al Comité de Ética a todos los abogados que resultaran implicados en la red para analizar su conducta. Una de las faltas graves es recibir coimas, chantajear o extorsionar y establece hasta la suspensión definitiva del ejercicio legal.
Gobierno no se dio cuenta. El ministro Carlos Romero no fue ubicado ayer; sin embargo, antes dijo que no se dio cuenta del accionar delictivo de estos tres asesores que ya eran funcionarios antes que él ingrese al cargo, en el 2012.
El alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, llegó ayer a la Fiscalía para denunciar a los tres abogados, pues con ese poder se querellaron contra él, lo detuvieron y luego le pidieron 20 mil dólares, pero como no pagó se fue preso a Palmasola el año pasado.
Denuncian cobros en Palmasola
Una tarifa. Esa es la que existe en la cárcel de Palmasola para pasar de un ambiente a otro, denunció ayer la Asociación de Abogados de Santa Cruz en una carta dirigida al ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Traslado. Por pasar de Chonchocorito, donde existen celdas cerradas y aisladas, al llamado pabellón abierto, donde viven en habitaciones con todas las comodidades, la tarifa es de 300 a 400 dólares.
Audiencia. Para pagar al policía escolta un interno debe tener unos 300 bolivianos, situación que provoca retardación de justicia porque no todos tienen recursos.