La justicia boliviana ha quedado en entredicho desde que se destapó la red de extorsionadores en los ministerios de Gobierno y de la Presidencia y que aún se encuentra en investigación. La titular de la cartera habló con EL DEBER sobre este momento delicado para el Gobierno.
La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, confesó que las reformas no sirvieron de mucho
El Deber, La Paz
La justicia en Bolivia desnudó su peor rostro en las últimas semanas. La ministra Cecilia Ayllón puso en la balanza el tema. ¿Cómo está la justicia en Bolivia en este momento?
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Como ha estado siempre, como ha estado hace 178 años, una justicia que a lo largo de las cuatro importantes reformas que ha habido en Bolivia se ha mantenido exactamente igual. Estamos hablando de casos de corrupción, de retardación de justicia, de un 20% de detenidos con condena y un 80% de detenidos preventivos, de una fotografía que va repitiéndose a lo largo de los años.
Lo que ha cambiado es la actitud de nuestro Gobierno, que ha tenido la posibilidad de denunciar este hecho, y que se dispone una investigación (sobre la red de extorsión y corrupción).
Vemos que se están invirtiendo los valores, porque hace años era muy vivo aquel que estaba metido en casos de corrupción, ahora quien está metido en casos de corrupción se va directo a la cárcel.
El Gobierno ya está casi siete años y también ha hecho una reforma con la elección de altos magistrados de la justicia. ¿Fracasó esa reforma?
No, porque ya no estamos hablando de reformas, las reformas terminaron. Ahora estamos con un sistema de justicia plural que recién empieza a implementarse con la elección de las altas autoridades. Estamos continuando con esa gran construcción de la justicia en Bolivia, que pasa por una producción normativa de todo lo que fue la estructura del anterior sistema de justicia. Estamos hablando de un proyecto que tiende a cambiar la formación y capacitación de los jueces, de los abogados, porque las universidades hasta ahora están formando abogados formalistas y ritualistas que no se ocupan de ver el caso concreto, sino van viendo la parte formal, es así que el pueblo boliviano ha sido testigo de que últimamente lo único que se ve de la justicia son las medidas cautelares. Es a partir de la nueva Constitución que hemos empezado a construir un nuevo país. Ahora estamos rediseñando lo que es la justicia en Bolivia.
El ministro de Gobierno asegura que las influencias de esta red de extorsión se mantienen intactas. ¿Cómo garantizar que se llegue al fondo de este caso si son los mismos jueces y fiscales los que van a investigar a sus compañeros?
Lo que se tiene que hacer es confiar en la investigación que ha iniciado el primer fiscal del Estado plurinacional. No se vio nunca que un fiscal decida directamente conformar una comisión de fiscales que no sean fiscales del Distrito donde ahora está el problema, sino de otros distritos.
¿Qué es lo que pasa con los jueces? ¿Van a tapar los casos, que es lo que usted está diciendo?
Habría que ver y hacer un seguimiento. Es nuestro Gobierno el que va a estar pendiente de todo lo que se haga en el marco de la ley.
¿Cómo vería la conformación de una comisión parlamentaria o una comisión de la verdad?
Creo que debemos cumplir roles, el Ministerio Público tiene el rol que la Constitución le ha asignado. Para poder investigar, hacer un seguimiento de denuncias por hechos de corrupción y delitos. Será este el que tenga que hacer esta investigación.
Se está investigando a los niveles medios, pero a la luz de las denuncias que apuntan a los ministerios de Gobierno, de Transparencia y de la Presidencia, ¿se podría ampliar la investigación a ellos?
La que tiene que investigar es la Fiscalía General del Estado.
¿Incluso a los ministros de Estado?
A todos porque todos estamos sometidos a la ley. Estamos hablando de hechos delictivos, que ahora denuncian determinada extorsión para determinados favores, pero eso no implica que los hechos no hubieran existido, entonces seguramente será el propio Ministerio Público quien mantenga las investigaciones de esos casos.
¿Qué ha fallado para que esta red hubiera estado incrustada en el Gobierno y que solo ahora se la descubra?
No soy quién para calificar qué ha fallado o no ha fallado. Es el juez que está investido del poder que le da el Estado el que tiene que ejercer, no necesita que se le firme un documento o que se le garantice.
Y los ciudadanos, ¿cómo pueden confiar en la justicia después de estos hechos?
El descrédito es de hace tiempo. Desde hace décadas, la gente no cree en la justicia, hay total desconfianza y ese sentimiento ha sido escuchado por la Asamblea Constituyente.
PERFIL
Cecilia Ayllón Quinteros / Abogada
CARGO: mINISTRA DE jUSTICIA
EDAD: 53
Nació en: Cercado (Oruro)
Su trayectoria
Licenciada en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón. Tiene posgrados en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal Económico, además de tres maestrías. Fue juez, docente universitaria y de maestría en Ciencias Penales y Criminología Forense. Fue presidenta de la Asociación de Magistrados de Cochabamba. Fue diputada y presidenta de la comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara Baja durante las gestiones 2010-2011 y 2011-2012. Luego juró como ministra