El ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió el jueves al Ministerio Público que otorgue garantías jurídicas a las personas que denunciaron ser víctimas en el caso de la red de extorsión y corrupción que operaba desde dos ministerios y la Fiscalía.
Tras rendir un informe en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Romero sostuvo que su despacho conoció la preocupación de algunos denunciantes porque se estaría ampliando a ellos la investigación como una "medida represiva de algunos fiscales".
"Eso nos parece absolutamente inaudito, nosotros pedimos al Fiscal General del Estado a que él pueda tomar las medidas correspondientes para garantizar que las personas que están presentando denuncias por haber sufrido presiones, extorciones y amenazas de malos funcionarios del Ministerio Público sean garantizados", demandó.
Aseguró que el Ministerio de Gobierno garantiza la seguridad de los denunciantes, por lo que el Ministerio Público debe hacer lo mismo respecto a la situación jurídica de esas personas.
Asimismo, Romero expresó su preocupación por la "inadecuada tipificación" del delito por el que fueron acusados los dos principales cabecillas de la red: Fernando Rivero Tardío y Dennis Rodas Limachi.
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"Nosotros hemos observado la tipificación porque se trata de una organización criminal, la hemos presentado así desde un principio es una red, es una estructura no son unos amigos que casualmente se encuentran en un sitio, es una organización criminal y el Ministerio Público debe calificarla como tal", dijo.
Según datos oficiales, la red de corrupción y extorsión que operaba en La Paz y Santa Cruz fue desbaratada tras las declaraciones de Ostricher, empresario estadounidense, que denunció la pérdida de bienes que ascenderían a 15 millones de dólares en cargas de arroz, maquinaria y ganado, monetizados ilegalmente por la Dirección de Bienes Incautados de Montero.
Fuente: ATB.
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