En Bolivia se ha desatado una persecución política, cuya única intención es que el gobierno del Movimiento Al Socialismo tenga bajo su control a todas las instituciones del Estado, sin descartar que ocurra lo mismo con algunas instituciones privadas.
Editorial El Diario
Desde que el presidente Evo Morales Aima asumió el mando de la Nación, el 22 de enero de 2006, el Ejecutivo se empecina en una política de confrontación con todos los sectores sociales del país que no comulgan con la ideología del MAS ni con la forma de gobernar el país. Las confrontaciones se iniciaron con ataques a la Iglesia Católica, luego a los periodistas y a los medios de comunicación ajenos al Gobierno, posteriormente las agresiones fueron dirigidas a los del Poder Judicial, además de otros segmentos sociales que también fueron víctimas de la agresividad gubernamental, entre ellos los comités cívicos y prefectos de la denominada “media luna”. La finalidad de lo mencionado es resquebrajar los cimientos de las instituciones agredidas y sobre todo afectar a las personas que las representan. Pasado un tiempo y cuando los gobernantes se consideraron consolidados en sus respectivos cargos, iniciaron la persecución política, para lo cual acudieron a métodos vedados a fin de perjudicar a sus enemigos. Lo triste es que aquellos que forman parte de los grupos operativos, recurren a ardides y acusaciones que no las pueden sostener, dejando al desnudo los verdaderos objetivos de los gobernantes, que conducen al descabezamiento de las instituciones y para ello intentan defenestrar a sus miembros.
Desde hace unas semanas la población es testigo de la persecución sañuda de los militantes y dirigentes del partido de Gobierno en contra de los que consideran son opositores al Ejecutivo. Es el caso de los dirigentes cívicos, autoridades políticas, empresarios y ciudadanos cruceños identificados con la autonomía departamental de esa región, los mismos que gozan de la simpatía de muchos pobladores. Ese apoyo fue reflejado en consultas populares, en las que su propuesta autonómica se impuso. Tomando en cuenta que la presente gestión es electoralista, el oficialismo masista está seguro de imponerse en las elecciones de diciembre próximo con más del 70 por ciento, pero para ello quiere destruir a sus contrincantes, atacando a los dirigentes de la oposición que hacen sombra a los masistas.
En la estrategia masista con miras a dichas elecciones, el siguiente paso es victimizar al Presidente de la República y su gobierno, para lo cual denuncian la presencia de grupos irregulares que tienen la misión de cometer magnicidio. Pero son acusaciones que no las han podido demostrar totalmente, porque los del Ejecutivo cometen errores que les impiden hacerlo. Esta forma de actuar de muchos masistas está institucionalizando el tráfico político, como en el caso del informe sobre la autorización para el ingreso de 33 camiones con mercadería de contrabando en el Departamento de Pando, donde se libera de culpa al verdadero responsable de ese delito, porque el partido de Gobierno es mayoría en la Cámara de Diputados y en la comisión que investigó esos hechos.
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El colmo de la persecución política es la orden de detención emanada del Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados en contra de la ministra de la Corte Suprema, Rosario Canedo, dicen que por negarse a prestar una declaración ante ese grupo de trabajo que procesa una denuncia que afecta a la misma. Pero se comete un abuso y una aberración jurídica, ya que la Dra. Canedo comunicó al Comité que no podía concurrir a ese tribunal porque fue sometida a una intervención quirúrgica y tiene una baja hasta el 4 de mayo. Esta certificación fue respaldada por un médico forense. Los miembros del comité no tomaron en cuenta ese impedimento y la convocaron para el 30 de abril. Esta actitud implica ir contra el ordenamiento legal del país y es un atentado a los derechos de las personas.
Anoticiada la Dra. Canedo de la orden de detención, decidió asumir su defensa y viajar desde Sucre a La Paz toda la noche del jueves y la madrugada del viernes, a fin de evitar que su domicilio sea asaltado por encapuchados para conducirla a la Sede de Gobierno, como ocurrió en otros operativos realizados en los últimos días. La valiente decisión de la magistrada para demostrar su inocencia ha sorprendido a los masistas, los que no saben cómo salir del problema.
Los diputados del MAS aplazaron el juicio a la Dra. Canedo por falta de denuncia. Esa determinación demuestra que los acusadores miembros del comité actuaron sin apegarse a la ley. Pero los sorprendidos fueron quienes ordenaron su aprehensión, entre los que se encuentran abogados, cuyos errores, según un catedrático de la Facultad de Derecho, no los comete ni un aprendiz. Por este abuso la afectada anunció una querella ante tribunales nacionales e internacionales en contra los diputados del MAS y jueces por violar sus derechos constitucionales. Parece que se quiere hacer lo mismo que contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Edgar Oblitas Fernández, a quien se lo sentenció, y pasados unos años quienes lo sentenciaron tuvieron que enmendar su error anulando esa sentencia ilegal, aunque el injustamente defenestrado ya había fallecido.