Hasta la presidenta de la Cámara de Diputados, la oficialista Rebeca Delgado, considera que hay “altos cargos” de gobierno detrás de la red de corrupción, y que la misma no se agotaría en los mandos medios actualmente defenestrados.
“Esos mandos medios no creemos que hayan actuado solos (…) hay niveles de corrupción muy altos (…) y se tiene que dar con los verdaderos responsables”, dijo Delgado.
Y acotó: “El hecho de que ayer Jacob Ostreicher no haya logrado su libertad, a nosotros nos da la impresión de que esa red de extorsionadores sigue funcionando”.
Lo cierto es que lo descubierto no es una simple “red privada de extorsión”, como pretenden ciertos voceros de gobierno, sino todo un entramado institucional que nos permite hablar de una innovación politológica del MAS: el Estado Extorsionador.
Si en los últimos años se ha puesto de moda entre los analistas políticos hablar de los Estados Fallidos, Estados Canallas o Forajidos y los Estados Parias, el experimento plurinacional habría derivado en una nueva categoría de Estado anómalo.
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Es decir, aquel donde la concentración del poder en el Ejecutivo y su consiguiente injerencia en el sistema judicial permite torcer los fallos de la justicia. Marco en el cual funcionarios venales encontraron la vía para el enriquecimiento rápido, por medio de la extorsión a los procesados.
Esta práctica, nacida del poder discrecional acumulado por el partido hegemónico, no puede atribuirse solamente a los vivillos que la utilizaron para llenarse los bolsillos, sino que debe abrir un cuestionamiento a quienes impulsaron un rediseño institucional que coloca a Bolivia más allá de los márgenes del Estado de Derecho.
Habrá que encontrar a los Padres del Estado Extorsionador…