Investigación. Los diputados que buscan conocer detalles sobre el supuesto grupo terrorista están por cumplir su labor. Su informe sólo servirá como apoyo a las pesquisas del fiscal
Pablo Banegas / Diputado, miembro de la comisión especial. Pedido. El parlamentario de Podemos es uno de los que más cuestiona la forma de cómo se indaga el caso
El Deber
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Marco Chuquimia. La Paz
La comisión especial de diputados que investiga la supuesta célula terrorista desbaratada en Santa Cruz está convencida de que logró identificar la estructura de la organización, aunque ésta llega sólo al nivel intermedio y no vincula a los principales financiadores. Por ello, esperan la declaración del testigo clave, apodado ‘el viejo’, para conocer los pormenores del grupo, porque consideran que este personaje fue un hombre de confianza del supuesto líder terrorista Eduardo Rózsa y por tanto cuenta con “valiosa información”.
Sin embargo, el presidente de la comisión de diputados, César Navarro, del MAS, descartó la posibilidad de buscar algún tipo de acuerdo con el ‘soplón’ , como se indica a Ignacio Villa Vargas, ‘el viejo’, porque en su criterio no les corresponde, ya que es la Fiscalía la que encabeza las investigaciones. El fiscal Marcelo Sosa logró un acuerdo con los ex unionistas Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza para que colaboraran en las investigaciones y ellos admitieron la venta de un arma a Rózsa.
Los diputados constataron que quien pagó las facturas de consumo y hospedaje del grupo fue Luis Alejandro Hurtado, señalado como consejero de Cotas, pues estuvo alojado en el hotel Buganvillas junto con el grupo y utilizó su carné de identidad.
De esa misma investigación se constató que el credencial que exhibía Eduardo Rózsa para circular por la Expocruz pertenece a Enrique Vaca Pedraza, que acompañó a Hurtado en ese hotel
Asimismo, establecieron que la suspensión del contrato de seguridad con la empresa Aries se produjo en enero, cuando los presuntos terroristas se ‘cambiaron’ del stand de Fegasacruz al de Cotas.
De igual forma, se conoció que las declaraciones del húngaro Elöt Tóásó y de Villa Vargas, ante la comisión de Diputados, serán tomadas hoy, ya que ayer, a última hora se suspendieron.
La ausencia de la traductora que fue contratada evitó la realización de la audiencia, lo que llevó a modificar la agenda. El vicepresidente de la instancia, Bernardo Montenegro (Podemos), informó de que hoy declarará Villa Vargas, pero lo hará en las instalaciones del edificio ex Banco Minero, donde funcionan las comisiones legislativas; de ese modo despejaron las especulaciones sobre dónde se encuentra el denominado ‘testigo clave’.
Montenegro explicó que luego de la declaración de Villa Vargas se reunirán para fijar la audiencia de Tóásó. ‘El viejo’ tendría una antigüedad de al menos un decenio en las filas de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y que incluso fue parte de gobiernos anteriores.
A su vez, la abogada copatrocinadora de Tóásó, Claudia Abasto, dijo que las autoridades judiciales intentan remitir a su cliente y a Mario Tadic al penal de alta seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz; pero presentó un memorial pidiendo que no se produzca el traslado.
Clavijo está registrado como funcionario del Gobierno
Luis Nolberto Clavijo Castro, señalado por el diputado Bernardo Montenegro como un agente de Inteligencia y que se hospedó en el hotel Las Américas en vísperas del operativo policial que desarticuló en ese lugar un supuesto grupo terrorista, figura como funcionario del Ministerio de Gobierno.
El dato está en el portal de la Contraloría General de la República, en la sección de declaración jurada de bienes que realizan todos los funcionarios públicos en el país.
Allí, según se comprobó, especifica que esta persona ingresó a trabajar el 15 de enero de 2009 y que sus bienes activos son de Bs 1.420.000, mientras que el total de rentas es de Bs 205.000.
El gerente de dicho hotel, Hernán Rosell, confirmó que Clavijo llegó al lugar el indicado día y que no supo en qué momento salió. Estuvo en la pieza 453, en el mismo piso donde estaban los miembros del grupo desarticulado. /GO
«Hay gente que no quiere que se sepa la verdad»
Pablo Banegas / Diputado, miembro de la comisión especial
Gustavo Ondarza
-¿Qué aspectos resalta en el curso de la investigación que hace la comisión especial?
-Hay un elemento que el Gobierno y la región deben reclamar: Hay cinco personas más que formaban parte del grupo desarticulado y que están fuera del país, deben declarar.
Los que están vivos y detenidos no aportan, hasta ahora, todo lo que se espera. En el caso de Tóásó, se le violentaron sus derechos y la declaración se la tomó en otro idioma.
Por eso hay que ver qué dicen esos otros cinco porque se sabrá si hay la teoría del magnicidio en Bolivia, si hubo acciones de terrorismo y/o de tareas de separatismo.
-¿Es cierta la versión de que la Policía sabía de la presencia del grupo irregular desde hace mucho?
-Sí, y está probado, porque cuando interrogaron a Juan Carlos Gueder Bruno le mostraron un informe de Inteligencia del 2 de febrero en el que le indicaban que sabían sobre la venta del arma que hizo a Rózsa.
En base a ese dato surge la interrogante, ¿por qué esperaron tanto tiempo para hacer actuar?, y por lo tanto ¿quién pone en riesgo la seguridad de Presidente?
Esas interrogantes las deben responder el ministro de Gobierno y el Comandante General de la Policía, ya que surge la cuestión de que si no era mejor agarrarlos vivos. Por eso hay que buscar a los otros cinco que están sueltos.
-La culpa para que no se sepa la verdad, ¿es sólo del Gobierno?
-No, y por ello digo que hay que liberar la verdad tanto aquí como allá, porque hay gente que no quiere que se sepa la verdad.
¿A quién le interesa que esto siga? Al Gobierno; porque nos va a tener siete meses en esto y de aquí a un tiempo tirará la pildorita y la prensa nos pondrá los micrófonos para preguntarnos sobre el asunto. Hay puntos que se nos esconden y lo hemos comprobado, como el de los cinco prófugos, por ejemplo.
Y también está el asunto de Luis Hurtado, que ha pagado el hospedaje del grupo, incluso con tarjeta; ¿qué espera Cotas para sacarse el problema y reconocer que él es miembro del directorio, pero que sus acciones no comprometen a la institución? ¿Por qué no dice aquí está su foto, su dirección y pide que lo busquen? Eso es algo que le conviene al Gobierno que tampoco le interesa buscarlo para seguir haciendo el rol del gato y nosotros los ratones corriendo de aquí para allá.
-¿Es posible que se pueda transar la investigación oficial?
-No creo, pese a que se dice que un abogado conocido de Santa Cruz estaba en La Paz la anterior semana tratando de transar pero, ¿los muertos dónde los metemos?, ése es el problema.
No hay que negar que el grupo desarticulado no vino a rezar, pero hay muchas contradicciones, tanto de parte del Gobierno como de gente de aquí y eso hay que aclararlo.
Fiscal dice que grupo de Rózsa usó armas de fuego
Investigación. Marcelo Sosa hizo conocer un informe parcial de balística y de absorción atómica. Según él, los documentos demuestran que en las manos de los muertos encontraron rastros de pólvora
El Deber
C. Peña y Lillo / M. Chuquimia
El fiscal que lleva adelante las investigaciones del supuesto caso de terrorismo en Santa Cruz, Marcelo Sosa, informó ayer de que las pruebas de absorción atómica aplicadas en los cuerpos de Eduardo Rózsa, Magyarosi Árpád y Michael Dwyer, que murieron baleados el jueves 16 de abril en el hotel Las Américas, establecen que los tres tienen rastros de pólvora en sus manos.
De acuerdo con el representante del Ministerio Público, los tres supuestos terroristas de origen extranjero hicieron uso de armas de fuego antes de morir. Sin embargo, la declaración del fiscal contradice la versión de algunos miembros de la comisión especial de diputados que investiga el caso, que señalan que Rósza, de nacionalidad boliviano-húngaro-croata, el irlandés Dwyer y el húngaro-rumano Árpád, fueron ejecutados por efectivos de la fueza pública.
Además del informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Forenses de La Paz, el fiscal señaló que se conoce el detalle técnico de las pruebas de balística que se realizaron en los cuerpos de los abatidos y estima que hoy ambos documentos serán puestos a disposición de las partes involucradas en este caso.
Por su lado, los diputados de la oposición que forman parte de la comisión especial que realiza las pesquisas paralelas al Ministerio Público señalaron que, al hacer una observación en las piezas del hotel Las Américas, donde se produjo la muerte de los tres supuestos terroristas, quedaba claro que no hubo enfrentamiento, sino un ajusticiamiento.
Se espera que una vez conocido en extenso el documento del Instituto de Investigaciones Forenses, los abogados de los acusados de terrorismo puedan precisar los datos que aún no se conocen, como determinar si los rastros de pólvora en las manos de los fallecidos son de antes o después de morir.
A esta nueva contradicción entre un informe y las apreciaciones de los que investigan el caso, se suma el contenido de una declaración que involucra a más gente de Santa Cruz con la supuesta célula terrorista.
Alcides Mendoza, que está con prisión domiciliaria por su supuesta participación en el grupo, negó el contenido de una declaración hecha pública ayer, a través de una red televisiva, y que lleva su nombre y su firma. El sindicado afirmó que él no fue asistido por una abogada de Defensa Pública, como lo señala el acta de declaración del 29 de abril y donde aparecen las rúbricas de él, la fiscal Sandra Kuncar y la abogada Maira Abasto Vega.
La negación de Mendoza, fue, de alguna manera, corroborada por el diputado Peter Maldonado (UN), miembro de la comisión de Diputados. “Mendoza dijo que le hicieron firmar la declaración después de haber sido presionado. Además, afirmó que no tuvo abogada”, agregó Maldonado.
Por su parte el diputado René Martínez, del MAS, lamentó que el implicado en estos hechos hubiera negado lo que él mismo firmó.
Entretanto, ayer en el programa No Mentirás, de PAT, Juan Carlos Gueder Bruno, que fue liberado junto a Mendoza, confirmó haber vendido un arma de fuego a Rózsa, por el que se lo vincula con el supuesto grupo terrorista, develando que entregó el artefacto en el stand de Cotas que se encuentra dentro de la Expocruz.
Apuntó haberse encontrado con él en dos oportunidades: la primera en enero, en el mismo lugar, donde hablaron por espacio de unos 20 minutos. Allí, Rózsa le dijo que estaba organizando un grupo de autodefensa de Santa Cruz y le pidió un arma.
La segunda vez fue el 12 ó 14 de enero cuando le llevó el arma por el que recibió $us 1.000. Contó haber ingresado al lugar mostrando su carné; a partir de ahí no lo volvió a ver.
Gueder reconoció haber apoyado al Comité pro Santa Cruz en su calidad de asesor ad honorem de la Unión Juvenil Cruceñista en la gestión de David Sejas. Éste, que también participaba en el programa televisivo, dijo haber conocido a Rózsa en su calidad de periodista en la sede cívica.
La Brigada presentará una querella
Ante las denuncias de atropellos que hicieron públicas Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, detenidos en Santa Cruz por agentes del Gobierno por sus supuestos vinculos en los actos de presunto terrorismo, el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Óscar Urenda, y la diputada por Podemos Katia Romero, presentarán hoy ante la Fiscalía de nuestra capital una querella criminal por violentar los derechos humanos de los sindicados, que guardan arresto domiciliario en la ciudad.
Urenda destacó la preocupación de los parlamentarios cruceños por los sucesos ocasionados en la investigación del supuesto ‘terrorismo’, atropellando y violando los derechos de las personas con vejámenes y tortura, cuando son trasladados a La Paz.
Por su parte, Romero recordó el compromiso que hizo el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, de investigar con seriedad estas denuncias.
Gueder y Mendoza ratificaron que fueron maltratados cuando eran llevados a la sede de Gobierno. Ambos tienen marcas en sus muñecas producto, según ellos, de la violencia con la que fueron tratados.
Se espera que su abogado, Denver Pedraza, los haga revisar por un médico forense para certificar las denuncias que sus defendidos señalan.
Piden informe de la HRF a la Cancillería
Los vínculos y las fuentes de financiamiento de la Human Rights Foundation (HRF) fueron requeridos por la comisión de diputados a la Cancillería de la República y a las prefecturas de los departamentos donde desarrollaba su labor.
El presidente de la comisión especial de diputados, César Navarro, afirmó que hasta mañana tendrán el informe sobre las actividades de la HRF, a través de los documentos que deben presentar los directivos de esta entidad. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, afirmó la semana pasada que esta entidad operaba en el país de forma ilegal; sin embargo, la fundación afirmó que tiene registro en la Prefectura de Santa Cruz.
Navarro explicó que las fundaciones y organizaciones no gubernamentales deben registrarse en la Cancillería porque son instituciones que tienen su sede fuera del país.
Según la carta de Human Rights Foundation-Bolivia emitida el 4 de mayo, su acción en el país fue reglamentada a través de un documento que les asigna la personería jurídica, expedida por la Prefectura de Santa Cruz mediante Resolución Administrativa 64/08 del 4 de marzo del 2008.