La defensa de Tóásó espera respuesta sobre la denuncia de torturas. Empleado del Gobierno se alojó en hotel Las Américas. Clavijo estuvo el 15 de abril y desapareció tras el operativo del 16.
Autoexiliados: Alejandro Melgar y Hugo Antonio Achá, señalados como financiadores de Eduardo Rózsa
La Prensa
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Comisión indaga a HRF y citará a Achá y Roxana Gentile a declarar
La defensa de Elöd Tóásó se opone al traslado de su cliente al penal de Chonchocoro. Human Rights Foundation obtuvo su personería jurídica en 2008, según su blog oficial de internet.
La comisión multipartidaria que investiga la presunta célula terrorista puso sus ojos sobre Human Rights Foundation Bolivia (HRF) y convocará a Hugo Antonio Achá Melgar, presidente de esa institución, y a su esposa, la diputada Roxana Gentile, de Unidad Nacional (UN), quienes se encuentran en Estados Unidos.
Mientras tanto, la defensa de Elöd Tóásó espera la respuesta de un organismo nacional de derechos humanos a una demanda presentada hace dos semanas sobre los malos tratos propinados a su cliente durante su aprehensión, el 16 de abril.
El presidente de esa instancia parlamentaria, el oficialista César Navarro, explicó que se solicitó a la Prefectura de Santa Cruz la documentación que avala el funcionamiento en territorio nacional de HRF y la Cancillería para determinar si esa entidad cumple todos los requisitos para operar en Bolivia.
Un diputado opositor confirmó que dentro de este proceso se convocará al presidente de HRF Bolivia, Hugo Antonio Achá Melgar, quien fue mencionado por los ex integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) Alcides Mendoza Mazabi, Juan Carlos Gueder Bruno e Ignacio Villa Vargas como parte del grupo de financiadores del grupo, tanto como a su cónyuge.
La madrugada del 16 de abril, un operativo policial desarrollado en el hotel Las Américas, de Santa Cruz, concluyó con las muertes de Rózsa Flores, el rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Micheal Dwyer, así como con la captura del boliviano-croata Mario Tádic y del rumano-húngaro Elöd Tóásó.
HRF-Bolivia se estableció el 20 de marzo de 2007 en Santa Cruz y obtuvo su personería jurídica un año más tarde, según su blog oficial en internet.
Esa página informa que la fundación “cuenta con la debida personería jurídica, expedida por el gobierno departamental de Santa Cruz mediante Resolución Administrativa 64/08 del 4 de marzo de 2008, en conformidad con la Constitución”, además de normas vigentes.
Achá Melgar, presidente de este organismo, salió del país alrededor del 25 de abril para participar en la graduación de una de sus hijas, y desde entonces no retornó a territorio nacional, en tanto que su esposa, Roxana Gentile, fue a su encuentro, aunque ambos serán convocados por la comisión para que expliquen su participación con respecto al grupo de Rózsa.
El abogado y analista político Achá Melgar se convirtió en el segundo autoexiliado después de Alejandro Melgar Pereyra, árbitro conciliador de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) e integrante del directorio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en representación de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
La tercera persona de los supuestos financiadores, no encontrada por los investigadores, es Luis Alberto Hurtado Vaca, ex gerente técnico de la Oficina Regional de Semillas y miembro del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas).
Hurtado Vaca pagó el consumo de los integrantes extranjeros de la célula irregular en los hoteles Las Américas y Asturias con su nombre completo y la cédula de identidad 2818155.
Esta persona y Enrique Vaca Pedraza, cuyo carnet es el número 2920211, se hospedaron en el departamento 334 del hotel Buganvillas. La credencial de ingreso libre al campo ferial de esta persona fue utilizada por Rózsa para acceder a ese espacio.
El cuarto miembro de este círculo es Lorgio Balcázar, “Yoyo”, igualmente identificado por los declarantes ante la Fiscalía.
El médico Balcázar fue durante unos diez años gerente del Comité pro Santa Cruz y es propietario de una estación radial, y es socio en otras dos.
Torturas al húngaro
Durante el operativo policial, Elöd Tóásó denunció haber sido fuertemente maltratado y torturado por sus captores y mostró los hematomas y heridas que sufrió como consecuencia de la violación a sus derechos fundamentales y aseguró que sobrevivió merced a que cuando los uniformados irrumpieron en su pieza, no se resistió, sino que se tendió en el piso boca abajo y puso las manos sobre la nuca.
Aterrado por la posibilidad de ser asesinado en cualquier momento, Tóásó solicitó, por su seguridad, ser recluido en completo aislamiento, por lo que la juez Betty Yañíquez ordenó que sea internado en el sector La Grulla del penal de San Pedro.
La presencia del embajador concurrente de Hungría, Mátyás Joszá, permitió que su connacional reciba asesoramiento legal privado, pues hasta el momento de la presencia del diplomático, sólo había recibido apoyo del Servicio de Defensa Pública.
El abogado Rigoberto Paredes aceptó el caso y hace dos semanas presentó una demanda ante un organismo nacional de derechos humanos, que la jurista Claudia Abasto, integrante del mismo bufete, no quiso identificar para que no reciba presiones de naturaleza alguna antes de emitir un informe al respecto.
Con base en la respuesta que proporcione esta institución, la defensa se planteará la posibilidad de acudir a organismos internacionales de derechos humanos para que intervengan en este tema.
Abasto sostuvo que “el Embajador húngaro más cercano, que se encuentra en Argentina, está tomando los recaudos del caso, sin embargo, todavía no se han tomado medidas más contundentes. Hemos presentado una denuncia y estamos esperando una respuesta para ver las acciones que vamos a tomar”.
Paredes presentó una solicitud para que su defendido sea trasladado a otro sitio dentro del mismo recinto carcelario, pues se opone a un eventual trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado a unos 25 kilómetros de La Paz, lo que dificultaría las entrevistas que actualmente son frecuentes.
Claudia Abasto refirió que “por estrategia, consideramos que lo más adecuado es tenerlo aquí, porque para nosotros es mucho más fácil comunicarnos ahora. Sin embargo, si lo trasladarían a Chonchocoro, sería muy difícil. Estamos recién armando la estrategia junto con él. Entonces, es muy importante que tengamos esa comunicación”.
A pesar de ello, admitió que “para nosotros es muy difícil comunicarnos con él. Hablamos con el poco español y el poco inglés que él tiene”.
Se espera que el húngaro Tóásó preste declaraciones hoy ante la comisión de Diputados, en tanto que si salud lo permite, el testigo “clave” de la Fiscalía, Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, deberá hacer lo propio.
El abogado de Gueder y Mendoza protesta
La defensa de los ex unionistas Alcides Mendoza y Juan Carlos Gueder reclamó ayer a la Fiscalía resultados de la investigación sobre torturas a sus clientes durante su aprehensión y traslado a La Paz.
Raúl Corro, abogado de los sindicados por terrorismo, declaró que “hace más de una semana, el juez Sexto Cautelar (Álvaro Melgarejo) ha determinado que el fiscal Marcelo Soza debe dar inicio a las investigaciones sobre los abusos hacia los derechos humanos de mis defendidos. Quiero preguntarle cuál ha sido el avance que hay en este tema, no tenemos ningún dato en cuanto a la denuncia”.
Explicó que la protesta se dirige contra el personal que los trasladó por tierra desde la ciudad de Santa Cruz a la sede del Gobierno. “Se han vulnerado los derechos constitucionales de mis clientes al traerlos en las condiciones en las que todos hemos visto: amarrados, con los ojos vendados, maltratados y golpeados”.
Corro se presentó ayer por la mañana en las oficinas del fiscal Soza, no lo encontró y sus asistentes no pudieron darle informes sobre el particular.
Junto con el también abogado de Mendoza y Gueder, Denver Pedraza, analizan qué medidas asumir o qué recursos presentar contra el representante del Ministerio Público sobre afirmaciones que sus representados no formularon en sus declaraciones informativas iniciales.
“El fin de semana hemos estado reunidos para analizar cuáles van a ser las actitudes que va a tomar la defensa. Hemos manifestado en reiteradas oportunidades que mis clientes jamás han dado nombres de cívicos o políticos o gente sobresaliente. El doctor Soza, ahora, se desdice de sus declaraciones”.
“Nada tenemos que ver”
Jerónimo Vaqueiro, gerente general de Tropical Tours, explicó ayer que esa empresa “no conoce ni nada tiene que ver con Luis Alberto Hurtado Vaca”, uno de los presuntos financiadores del grupo irregular liderado por el boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores y que cuatro militares venezolanos se hospedaron en el hotel Las Américas enviados por esa agencia de viajes.
“Hubo una aclaración pública el día domingo, que la hace la Embajada de Venezuela. En primer lugar, Tropical Tours no tiene ninguna relación con terrorismo. Nosotros prestamos servicios de reservaciones de pasajes y de hoteles a todos nuestros clientes, entre los que se encuentra la Embajada de Venezuela, que pidió una reserva para cinco pasajeros. La aclaración de parte de esa Embajada menciona que, evidentemente, nosotros somos proveedores de ellos”.
Los militares hospedados en ese hotel fueron el capitán José Orgaz Mora, el teniente José Garrido Salcedo, los maestros técnicos Alirio Ortega Ríos y Daniel Sánchez Nieves, y el mayor de aviación pastor Durán Tapia.
La empresa turística hizo reservas para el grupo entre los días 13 y 15 de abril, horas antes de que éste fura abatido.
Vaqueiro dijo que “nosotros hemos prestado servicios de reserva para estos cuatro pasajeros, pero sobre el resto de las personas, implicados o alojados en el hotel, tendrían que responder sus ejecutivos, porque nosotros no tenemos ningún tipo de relación con ellos ni con otros”
Consecuentemente, el Gerente aclaró que nunca mantuvo relación comercial o empresarial con Eduardo Rózsa o sus camaradas.
Ramiro Orellana, jefe de la Casa Militar del Palacio, aclaró que ese grupo abandonó ese hotel el 15 de abril antes del mediodía “para cumplir una misión que fue solicitada por el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos”.
La UIF informará hoy
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentará hoy al Ministerio Público los resultados de las pesquisas efectuadas a las cuentas y el movimiento bancario de líderes, políticos y empresariales de la institucionalidad cruceña.
El diputado César Navarro, presidente de la comisión multipartidaria investigadora del caso, explicó que después de contar con esa información y con las declaraciones de Elöd Tóásó y de Ignacio Villa Vargas “El Viejo”, “estaremos en condiciones de obtener las primeras conclusiones de nuestro trabajo” de indagación de los hechos.
Después de haber conseguido un traductor de húngaro, la comisión está preparada para interrogar a Tóásó en el penal de San Pedro y se espera que “El Viejo” se halle en condiciones físicas y mentales para soportar una larga sesión de interrogatorio.
Fiscal enjuicia a Guiteras
El fiscal Marcelo Soza presentó ayer una demanda contra el senador de Poder Democrático y Social (Podemos) “del oriente” Wálter Guiteras.
La denuncia es “por el delito de desacato, es decir, calumnias, injurias y difamación a un funcionario público, teniendo en cuenta de que, según la Constitución que ha sido aprobada en enero, este ciudadano ya no tendría inmunidad parlamentaria”.
Guiteras acusó a Soza de enfrentar ocho demandas por los delitos de intento de violación, estafa, extorsión, incumplimiento de deberes y prevaricato.
“Lamentablemente, dijo que yo tenía un proceso por violación y por estafa, aspecto que niego rotundamente. Yo nunca he vivido en Santa Cruz, mal podría haber cometido entonces ese ilícito. Por consiguiente, el señor Guiteras tendrá que responder ante la justicia por todas las acusaciones que me hace”.
Guiteras dijo que Soza al parecer cometió el delito de violación, el 10 de noviembre de 2005, caso que se investiga en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz.
Además, en el segundo caso, el ciudadano Sandro Luis Vela Zambrana lo denunció por incumplimiento de deberes y extorsión, el 7 de mayo de 2008, en La Paz.
El tercer caso se tramita por el delito de estafa, interpuesto el 12 de febrero de 2007 por el alemán Gunder Heidecke, ante la FELCC de Santa Cruz.
El cuarto caso, por presunto prevaricato, fue presentado por David Durán Tórrez el 26 de enero de 2007, el quinto caso es por cohecho pasivo e incumplimiento de deberes, a denuncia del abogado Rómulo Estívariz, el 27 de marzo de 2007.
El sexto caso se vincula al fiscal Soza con el supuesto delito de falsedad material, proceso presentado el 8 de septiembre de 2005 a denuncia de Amadeo Herrera.
El séptimo caso, por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, fue presentado el 7 de octubre de 2005 por el ciudadano Jaime Carvajal.
El anterior proceso, signado con el número 0707496, por el presunto delito de asociación delictuosa y uso de influencia, fue interpuesto el 31 de agosto de 2007 por el jurista Rómulo Estívariz, siempre según Guiteras.
Soza entregó los peritajes
El fiscal Marcelo Soza informó anoche que la prueba de absorción atómica practicada a las manos de las tres víctimas mortales del operativo policial del 16 de abril reveló que los tres presuntos terroristas Eduardo Rózsa Flores, Micheal Dwyer y Árpád Magyarosi habían disparado armas de fuego.
“Ya se me hizo entrega de los exámenes periciales de balística del IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses). Se refieren a la absorción atómica de las muestras tomadas de los señores Rózsa, Dwyer y Magyarosi. Estas evidencias están a disposición de las partes para que tengan esta información. Señala que sí hay restos de pólvora”.
Un perito en laboratorio criminalístico de la Policía explicó que el examen de absorción atómica solamente establece si una persona disparó o no, pero no determina cuándo lo hizo ni distancias ni ángulos de tiro.
Soza no informó más detalles de otros estudios encargados a personal del IDIF, que depende de la Fiscalía General del Estado.
Pistas
DOS ROBOS habría sufrido la célula de Eduardo Rózsa. El primero fue cuando un grupo de argentinos desapareció con 200.000 dólares, y el segundo, cuando uno de los financiadores se llevó una suma aún no cuantificada al exterior.
EDUARDO RÓZSA exteriorizó su malestar en varias ocasiones, porque, en apariencia, “Los Tíos” no cumplían sus compromisos económicos.
EN UNA OPORTUNIDAD, a los europeos se les comunicó que se les suspendía el servicio de alimentación en el hotel por falta de pago. El problema fue resuelto en una hora y media.
MARIO TÁDIC declaró ante la comisión que llegó a preguntar en determinado momento si Rózsa ya había pagado lo comprometido a uno de los ex unionistas que actualmente cumplen arresto domiciliario en Santa Cruz de la Sierra.
ELÖD TÓÁSÓ declaró ante la Fiscalía que, cuando tenía alguna necesidad, pedía dinero a Rózsa, quien le daba cinco bolivianos para resolver sus demandas.
UN FUNCIONARIO del Ministerio de Gobierno, Luis Nolberto Clavijo Castro, se hospedó entre las 22.00 y las 23.00 del miércoles 15 de abril, en el hotel Las Américas, de Santa Cruz. Se le asignó una pieza en el cuarto piso. Desapareció después del operativo policial.
EL DIPUTADO opositor Carlos Pablo Klinsky anunció que pedirá que esta persona sea convocada a declarar ante la comisión formada por la Cámara Baja para investigar los hechos.
EL CIRCUITO de internet y de vigilancia con cámaras del hotel Las Américas no fue desconectado la madrugada del jueves 16 de abril, sino que se interrumpió el 14 de abril, cuando los cinco extranjeros: Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi, Micheal Dwyer, Mario Tádic y Elöd Tóásó se hospedaron.
EL GERENTE del hotel, Hernán Rossell, dijo a los diputados que sólo había tres maneras de interrumpir el servicio: cortando los cables con un alicate, desde la computadora de Gerencia, lo que no sucedió, y hackear el sistema. El especialista en informática era Tóásó, quien está recluido en San Pedro.
El caso Rózsa tiene al menos 10 anomalías
La violación de los derechos humanos y la discrecionalidad con la que actúa el fiscal Marcelo Sosa son identificados como ejes de las falencias de la investigación iniciada después del 16 de abril.
AUDIENCIA • Alcides Mendoza (adelante) y Juan Carlos Gueder (atrás) tienen arresto domiciliario. Fue el 3 de mayo.
La Razón
Miembros de la comisión multipartidaria de la Cámara de Diputados que investiga el caso de supuesto terrorismo y los abogados de tres implicados, identificaron al menos 10 anomalías en el trabajo de la Fiscalía, encargada de indagar las acciones y vinculaciones del grupo liderado por Eduardo Rózsa.
El abogado de los acusados de proveer armas al supuesto grupo irregular, Dember Pedraza, denunció en diversas ocasiones que sus defendidos, Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, fueron detenidos en Santa Cruz “sin tener una orden de aprehensión”, y trasladados a La Paz sin respetar sus derechos humanos.
Pedraza recordó que sus defendidos llegaron a La Paz “maniatados y con ojos vendados”. El hecho será denunciado y objeto de una querella criminal, coincidieron ayer los diputados Óscar Urenda y Katia Romero.
Mientras tanto el diputado de UN Peter Maldonado reveló que Gueder y Mendoza, con quienes la comisión legislativa se reunió, “fueron obligados por la Fiscalía a firmar sus declaraciones”.
Otra de las anomalías observadas es la imposibilidad de acceder al expediente y al libro de la investigación. Rigoberto Paredes, abogado de Elot Toazo, uno de los miembros del grupo de Rózsa, informó que no pueden acceder a esta documentación.
El legislador Bernardo Montenegro explicó que la investigación está marcada “por la violación de los derechos humanos y discrecionalidad con la que actúa el fiscal Marcelo Sosa”.
La jurisdicción es otra tema cuestionado. Paredes recusó al juez Rolando Sarmiento bajo el argumento de que el proceso “debe ser en Santa Cruz”. El prefecto Rubén Costas y otras cuatro personas mencionadas en el caso registraron en la Policía domicilio y jurisdicción en esa capital.
Por otra parte, dos audiencias de apertura y anticipo de pruebas fueron suspendidas, según fuentes de la propia Fiscalía, por “negligencia” del fiscal Sosa.
Maldonado observó la “discrecionalidad” en el manejo de la reserva y Montenegro, además de recordar que Sosa no participó del operativo que desarticuló al grupo de Rózsa, advirtió que las anomalías “ponen en riesgo el proceso investigativo, como tal”.
Piden registro domiciliario
El prefecto Rubén Costas y otras cuatro personas relacionadas con el supuesto grupo terrorista liderado por Eduardo Rózsa señalaron ayer ante la Policía departamental su registro domiciliario para acreditar jurisdicción en esta capital de ser notificados para declarar.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Miguel Gonzales, explicó que “de todas la autoridades que han sido mencionadas o involucradas, ya solicitaron su registro domiciliario cinco personas, entre ellas el prefecto Rubén Costas”.
Gonzales también informó que continúan remitiendo las citaciones emitidas por la Fiscalía a los involucrados. “De las ocho notificaciones, sólo una recepcionó, otras han presentado excusas o no han sido habidas”.
El general retirado Lucio Áñez, involucrado en el caso, se presentó ayer a la FELCC para confirmar su presencia y prestar declaración. Redacción Sta. Cruz
Los detalles del accionar de la Fiscalía
La defensa de los involucrados y miembros de la comisión de la Cámara de Diputados identificaron las anomalías en las que se habría incurrido.
Notificaciones
Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza fueron detenidos el 28 de abril en un operativo policial en Santa Cruz, acusados de proveer armas al supuesto grupo irregular de Eduardo Rózsa. El abogado de los detenidos, Dember Pedraza, denunció que sus defendidos no fueron notificados, como mandan las normas.
Declaraciones
El diputado Peter Maldonado (UN), de la comisión multipartidaria de la Cámara Baja que investiga el caso de supuesto terrorismo, afirmó que Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza fueron obligados a firmar las declaraciones que hicieron ante el fiscal Marcelo Sosa. El fiscal no se pronunció al respecto.
Derechos humanos
La derechos humanos y del debido proceso de Gueder y Mendoza fueron vulnerados en el momento de su detención, según coinciden miembros de la Comisión de Diputados y la defensa de los acusados. Los dos involucrados fueron detenidos y llevados a La Paz con los ojos vendados y maniatados.
Expediente
Rigoberto Paredes, abogado del integrante del grupo de Rózsa, Elot Toazo, y la defensa legal de Gueder y Mendoza denunciaron que no se les facilitó hasta el momento el cuaderno de investigaciones y el expediente de este caso. Actualmente, el proceso radica en el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal.
Jurisdicción
El abogado de Elot Toazo, Rigoberto Paredes, presentó una recusación contra el juez Rolando Sarmiento con el argumento de que el caso debe radicar en Santa Cruz, por ser el lugar donde acontecieron los hechos. Hasta el momento, el juez no se pronunció al respecto.
Reserva
La reserva de la investigación fue tratada con discrecionalidad. El Fiscal reveló un video, donde supuestamente los principales implicados hablan de magnicidio, y el organigrama de la organización liderada por Rózsa cuando estaba vigente la reserva sobre las indagaciones.
Audiencias
Dos audiencias, de apertura y de anticipo de pruebas, fueron suspendidas dos veces. La primera porque la defensa de Elot Toazo presentó una recusación y la otra porque el fiscal pidió al juez que peritos abran las pruebas; petición que debió hacer con anterioridad, según fuentes fiscales.
Prueba
El diputado Peter Maldonado dijo que el video que presentó el fiscal Marcelo Sosa, como evidencia de un supuesto plan de magnicidio, fue obtenido de forma irregular. “Esta prueba se debe obtener de manera lícita y en la medida del avance de las investigaciones”, señaló el legislador.
Custodia
Tras la audiencia de Gueder y Mendoza, en la que se determinó arresto domiciliario para ambos, la Justicia pidió al Ministerio de Gobierno asignar dos custodios para resguardar su integridad física. Tuvieron que pasar cinco días para que el Ministerio de Gobierno designe a los custodios.
Operativo
En el operativo del 16 de abril en el hotel Las Américas no participó un fiscal. Sosa reconoció que no estuvo en el operativo, según el diputado Bernardo Montenegro. El 16 de abril, el vicepresidente Álvaro García informó que el propio presidente Evo Morales ordenó la acción.
Empleado del Gobierno se alojó en hotel Las Américas
SITUACIÓN • Luis Nolberto Clavijo estuvo el 15 de abril y desapareció tras el operativo del 16.
La Razón. Luis Nolberto Clavijo Castro, funcionario del Ministerio de Gobierno, se alojó en el hotel Las Américas el 15 de abril y, luego del operativo que desarticuló un supuesto grupo de terroristas, desapareció, afirmaron fuentes de la comisión multipartidaria de Diputados que coadyuvan en esta indagación.
Dos fuentes vinculadas al Ministerio de Gobierno confirmaron que Clavijo es funcionario de esta repartición estatal y que, incluso, tiene cargos de alta responsabilidad concernientes al tema de seguridad del Estado.
Una nota de la red PAT mostró a Clavijo bajando de un vehículo policial junto a los acusados de proveer armas al grupo de Rózsa, Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza —hoy con detención domiciliaria en Santa Cruz.
Según su declaración jurada de bienes ante la Contraloría, Clavijo trabaja en el Ministerio de Gobierno y tiene ingresos anuales de 205.000 bolivianos.
Los diputados de la comisión multipartidaria Marisol Abán y Bernardo Montenegro coincidieron en señalar que convocarán a declarar a este funcionario para que aclare el motivo de su presencia en el hotel Las Américas.
Incluso revelaron que Clavijo estaba alojado en una de las habitaciones contiguas a los miembros del supuesto grupo irregular. Esta información fue corroborada por el mismo dueño del hotel, Hernán Rossell.
El Ministerio de Gobierno no se pronunció sobre el particular, pese a que hizo el compromiso.
PRESENCIA
Vecino • Clavijo se hospedó en la habitación 453 —al lado del cuarto 454 de Mario Tadik Astorga— el día 15 de abril. Luego del operativo desapareció sin dejar rastro.
Sospechoso • Para los diputados Marisol Abán y Bernardo Montenegro, la presencia de este funcionario del Ministerio de Gobierno, que llegó con mochila, es “muy sintomática”.